La ola de usurpaciones en Tafí del Valle afecta tanto a tierras públicas como privadas y ha reanimado añejos cuestionamientos de las comunidades indígenas por la posesión del territorio. Con foco en el área de La Quebradita, los conflictos recientes aún están lejos de desenredarse. En los próximos días, el Juzgado de Paz debe resolver al menos dos amparos a la simple tenencia que presentaron particulares y el Estado provincial para obtener la restitución de los predios que habrían sido ocupado antes de la semana pasada.

El viernes al mediodía, la Dirección General de Catastro elevó un informe detallado a la Fiscalía de Estado por la toma de dos inmuebles de dominio público. Unas horas después, esa oficina interpuso la medida judicial, pero sólo por uno de los predios. “No podemos presentar el amparo a la simple tenencia en ambos casos porque constatamos que ya hay una ocupación consolidada de la Comunidad Diaguita en uno de ellos. Instalaron una casa hace meses, así que deberemos ir por el desalojo, que es un proceso más complejo” explicó a LA GACETA Federico Nazur, titular de los abogados del Poder Ejecutivo provincial.

Dentro de los próximos días, debería producirse la primera audiencia entre las partes por la acción rápida. “Somos los representantes en juicio del Estado. Vamos a escuchar las pretensiones y manifestaciones de la comunidad originaria, que es un sujeto que ha merecido protección legal. Vamos a actuar con prudencia, pero defendiendo los derechos del Estado”, remarcó el funcionario de Juan Manzur. El amparo que presentaron -especificó- ante el Juzgado de Paz tafinisto fue de forma virtual por medio del Sistema de Administración de Expedientes (SAE). Una vez resuelta, la medida puede ser revisada por el Juzgado de Documentos y Locaciones.

“Es muy probable que organicemos operativos de mayores alcances en todo el valle. Hemos realizado varios en distintos sitios de Tucumán, en especial turísticos, junto a Turismo, Flora y Fauna, Catastro y Seguridad”, dijo Nazur sobre la prevención de nuevas tomas. “La Municipalidad puede acudir a las fuerzas de seguridad si constata que hay terrenos de dominio público bajo ocupación. En esos procedimientos funciona la autotutela”, añadió.

Las tierras fiscales afectadas, cuyos registros pertenecen al Superior Gobierno de la Provincia, están localizadas en una calle cercana al río Blanquito. El acceso es por la avenida Gobernador Campero desde la ruta 307, en el loteo de La Quebradita.

En esa área de la ciudad, la familia de Ana María Terán posee un terreno que atraviesa una situación conflictiva similar. Según sus denuncias, miembros de la Comunidad Diaguita han instalado allí casillas y emblemas distintivos de forma ilegal. “Aún no tenemos novedades, ni policiales ni del Juzgado de Paz. Estamos esperando las respuestas y el llamado de los testigos que nombramos”, actualizó ayer la copropietaria del campo heredado de Guillermo Chenaut. La jueza Susana Antonia Fuentes Lajud debe resolver el amparo a la simple tenencia que presentaron la semana pasada, especificó.

Más allá de los planteos de la familia Terán y la Fiscalía de Estado, en el Centro Judicial de Monteros (comprende a Tafí del Valle) aún no recibieron denuncias formales para intervenir. Así lo confirmó ayer a este diario el fiscal regional Mario Fernández a partir de la información que le brindó la Unidad de Decisión Temprana (UDT). Por su parte, el juez Mario Velázquez (fuera de turno) dijo que aún no fue convocado a ninguna audiencia relacionada a usurpaciones de propiedad.

“La gente aguanta”

La ciudad que dirige el intendente justicialista Francisco Caliva (en licencia) vive momentos de tensión justo cuando se reanudó la actividad turística en Tucumán. Funcionarios de su gestión acusan que existen “malas intenciones políticas” detrás de las tomas recientes. La presidenta del Concejo Deliberante tafinisto y jefa municipal interina, Sonia Saavedra (también justicialista, pero opositora a Caliva) aseveró que hay un problema habitacional serio que merece respuestas rápidas.

Ese es el principal argumento que esgrimen ante la situación controversial los miembros de la Comunidad Diaguita del Valle de Tafí. “La necesidad es muy grande. Somos los verdaderos dueños de la tierra y queremos vivir de forma digna. Hay personas que conviven de a cinco en una habitación”, se quejó ayer el cacique Santos Pastrana. Y agregó: “la gente está haciendo el aguante en los terrenos hasta que aparezca alguien del Gobierno a presentar soluciones. Buscamos reunirnos con gente del Concejo y la Municipalidad, además de la Fiscalía de Estado. Si no hay arreglos, este verano puede ser un desastre”.

El referente indígena volvió a negar que promoviera usurpaciones generalizadas en el valle. Si bien reconoció que buscaban atender una “situación especial” en una tierra fiscal, declaró que “quizás mucha gente de la Comunidad entendió otra cosa por su gran necesidad” respecto a la serie de tomas denunciadas.

Como parte del reclamo de lo que denominan sus derechos ancestrales, la población originaria presentará esta semana un proyecto de ley de vivienda comunitaria. “Será muy importante para que el Gobierno entregue tierras relevadas que nos pertenecen así podemos construir un gran barrio”, examinó Pastrana. Dijo que cuenta con el apoyo del legislador oficialista Jorge Yapura Astorga.

EL CONFLICTO DE 2018, UN ANTECEDENTE

La Justicia restituyó el campo de Jerónimo Critto un año después

Hace exactamente dos años, Tafí del Valle también era noticia por conflictos con la propiedad. Una disputa entre la Comunidad Diaguita y Jerónimo Critto, dueño de una estancia en Los Cuartos, había derivado en la usurpación del terreno y en latigazos en su contra.

Por aquel entonces, el empresario contó que las ocupaciones en el campo de 900 hectáreas se habían iniciado en 2015. A pesar de contar con un amparo a la simple tenencia favorable, el conflicto escaló hasta la trifulca de diciembre de 2018. “Tuve que luchar con el fiscal de instrucción y hacer recusaciones. 

Recién en diciembre de 2019 la Justicia restituyó el inmueble como corresponde”, repasó ayer a LA GACETA Martín Lucio Terán, abogado de Critto. Desde entonces, han mantenido negociaciones “aún no cerradas” con la Comunidad que lidera Santos Pastrana. “Su modus operandi es tomar tierras. Falla la seguridad jurídica y existe un Estado paralelo en Tafí”, acusó el letrado.

OTRA VISIÓN

“Los históricos terratenientes son los usurpadores”

Jonathan Rueda es cacique de la Comunidad Indígena de La Angostura, una de las seis que forman la Nación Diaguita en el Valle de Tafí. 

“Estamos en lucha por la restitución de nuestras tierras originarias. Los históricos terratenientes de apellidos reconocidos son los más grandes usurpadores del valle”, inculpó el referente, que también promueve una ley de propiedad comunitaria. 

“Hay complicidad del Estado con esas grandes familias. Por eso no hay usurpaciones: hay uso y posesión por derechos ancestrales”, insistió sobre los recientes conflictos. “Deben respetarse las leyes que nos protegen”, requirió Rueda.