El fiscal Carlos Sale, a cargo de la Fiscalía de Instrucción Conclusional de Homicidios, solicitó la elevación a juicio de la causa por el crimen del párroco Oscar Antonio Juárez, que tiene como imputado a Jorge Leonardo Herrera, de 32 años, por el delito de homicidio agravado con alevosía, ensañamiento y criminis causae.
El 14 de julio de 2020, entre las 22.40 y 23.30, Juárez se encontraba en el interior de su dormitorio de la residencia parroquial de la Iglesia de San Martín de Porres (en la intersección de calles San Martín y Castro Barros), cuando fue asesinado por Herrera.
El homicida, empuñando un arma blanca y con la intención de matar al sacerdote para ocultar el desapoderamiento de la suma de dinero que portaba la víctima y lograr su impunidad (atento a que Juárez lo conocía), valiéndose que el sacerdote se encontraba de espaldas, le causó catorce heridas punzocortantes en diferentes partes del cuerpo, prolongando deliberadamente los padecimientos de la víctima.
Según la teoría del caso expuesta por el fiscal Sale, el religioso fue asesinado "a través de un proceso de apuñalamiento en la espalda, luego un proceso asfíctico incompleto (colocando cintas de embalaje en la boca) para luego terminar con las últimas puñaladas que truncaron su vida. Todos estos actos que exteriorizan sadismo y brutalidad (heridas punzocortantes descriptas en Informe Autópsico)".
Las cámaras
En el marco de la pesquisa, en el exterior de la Iglesia se recolectaron grabaciones de cámaras de seguridad cercanas. De acuerdo al informe técnico confeccionado por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Fiscal, la persona que se observa en esas imágenes posee las características del imputado. "El vehículo Peugeot blanco de techo oscuro coincide en esas características con todos los fotogramas de las distintas cámaras en cada uno de los horarios”, remarca ese informe.
Huellas
Según consta en el requerimiento de elevación a juicio, resultó de especial relevancia el análisis efectuado a una de las huellas que se ubican en el asiento de la silla que se encontraba en habitación contigua al dormitorio donde se encontraba la víctima.
Al analizar las impresiones de las zapatillas secuestradas y las del calzado ubicadas en el lugar del hecho, surgió la correspondencia entre las mismas.
El robo
De los testimonios recabados a lo largo de la investigación penal preparatoria se desprende que "estamos en presencia de personas (miembros de una misma familia: madre e hijo) con residencia en referido domicilio, que contaban con la confianza de la víctima, compartiendo muchos momentos juntos y manteniendo contacto con cierta regularidad (ello concretamente la madre, dada su condición de secretaria de la Iglesia)".
Testigos relataron un episodio que para el caso resulta relevante, ya que confirma que el imputado tenía conocimiento de que la víctima contaba con una considerable cantidad de dinero en efectivo. Según esos testimonios, esa suma estaba guardada en la casa de la secretaria de la parroquia, madre del presunto homicida. El efectivo había desaparecido de esa propiedad en marzo, antes del inicio de la cuarentena.
Informes de ADN
De los resultados del informe sobre los exámenes de ADN practicados en Buenos Aires a diferentes elementos de prueba surge que había material biológico del cura en las zapatillas y un pantalón del acusado, en su automóvil y en la funda de un cuchillo.
"... resultando ser, de esta manera, que el imputado se encontraba en el lugar del hecho, pisó la sangre con las zapatillas y al manipular el arma blanca tuvo sangre de la víctima que se trasladó hacia el cabo (zona de agarre) y de su mano hacia la funda y los jeans que llevaba al momento de ejecutar el brutal crimen en contra del sacerdote", sostiene Sale.
"A la luz de la regla de la sana crítica, no cabe ninguna duda de que el imputado es presunto autor del hecho investigado que se le atribuye, habiéndose obtenido los medios probatorios que posibilitan formular este requerimiento", concluye el fiscal.