Un sondeo efectuado por Reale Dallatorre Consultores (RDT) y encargado por LA GACETA reveló que el 80,3% de los tucumanos consideran la inseguridad como el tema de mayor preocupación en la actualidad, incluso por encima de la pandemia de coronavirus covid-19 y de la crisis económica generalizada. Los cotidianos hechos delictivos que se registran en distintos puntos de la provincia, de los cuales se considera que sólo una pequeña porción toma estado público, generan un evidente impacto en el estado de ánimo de la comunidad, que además de la preocupación por el robo de sus bienes manifiesta temor por la violencia con la que se perpetran muchos de los atracos en la vía pública, en ocasiones a la luz del día y en las zonas más transitadas de la Capital.

El caso de las dos mujeres que sufrieron sendos motoarrebatos poco antes del mediodía del sábado, en pleno Barrio Norte, no generó sorpresa entre lectores y foristas; muchos recordaron hechos similares en esa zona. Sí causó indignación la brutalidad con la cual actuaron los delincuentes en ambos atracos (uno cometido en Santiago del Estero y avenida Avellaneda, y el otro sobre Monteagudo al 400). Las cámaras de seguridad revelaron que las víctimas fueron literalmente arrastradas por los ladrones. En la Justicia penal advirtieron que las consecuencias podrían haber sido trágicas. En principio, los imputados por estas causas quedaron detenidos durante 30 días bajo el régimen de prisión preventiva. En la anterior composición de la Legislatura, al sancionar el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT), el oficialismo anunció que la meta era lograr que los imputados por causas penales reciban una sentencia –absolutoria o condenatoria- en juicios celebrados sin dilaciones. De todos modos, la actual integración parlamentaria continúa buscando herramientas normativas destinadas a colaborar en la lucha contra estos y otros delitos considerados “menores” por el monto de las penas previstas.

En la próxima sesión, la Cámara tucumana analizará una serie de proyectos enmarcados bajo el rótulo de la “inseguridad”. Uno de ellos apunta específicamente contra el alto nivel de reincidencia en procesos sin condena entre “mecheras”, “pungas” y acosadores. También se debatirá sobre la implementación de las pistolas eléctricas tipo Taser en Tucumán, con el fin de promover su utilización entre las fuerzas de seguridad del Estado. Está dicho que la Legislatura es una “caja de resonancia” de los temas que preocupan a la sociedad. Sin embargo, los antecedentes recientes demuestran que una importante cantidad de normas aprobadas con el objetivo de mejorar esta situación finalmente no son aplicadas, ya sea parcialmente o de manera íntegra. Entre ellas, al menos tres proyectos elaborados específicamente para frenar los arrebatos (el último de ellos, incluso, restringía la circulación de dos personas en una sola moto). A todo eso se suman iniciativas municipales, como la del “chaleco reflectivo” que promovía la Municipalidad de la Capital.

El debate como método para buscar soluciones a conflictos es la vía adecuada y más saludable para una gestión de gobierno, sobre todo en un tema tan complejo como la inseguridad. La experiencia advierte sin embargo que las acciones, cuando quedan reducidas a un texto -más allá de que tenga fuerza de ley-, no son suficientes para enfrentar la crisis por los delitos violentos en espacios públicos de Tucumán.