El objeto de la política es el poder. Y, con él, mejorar las condiciones de vida de la población. Lo que es igual a decir que todo grupo político quiere el bien común, pero necesita de una herramienta para lograrlo. El poder, entonces, es sustantivo y a la vez verbo: la política es lograr “poder para poder” hacer. De allí que resultaría hipócrita reclamarles a los políticos que no busquen poder: esa es su razón de ser. Dicho de otro modo, para buscar fines altruistas sin perseguir poder hay otras vías, como las ONG. De igual manera, una vez que un grupo político consigue poder de manera legítima (eso ocurre en democracia; y para que haya democracia debe haber políticos) hay que exigirle que use ese poder en beneficio de la comunidad.
De la primera fase de esta operación, la política buscando poder, en Tucumán hay mucho. De la segunda, que consiste en usar ese poder para el bienestar general, no se consigue. Y entonces el poder deviene hipócrita. No quiere “poder para poder”, sino “poder por el poder” mismo. La política, luego, se desnaturaliza. Su “fin” jamás se cumple porque quienes la ejercen se quedaron en el “medio”. De esa tragedia social está hecho el oprobioso presente tucumano. De una política que no discute “para qué” usar el poder sino “quiénes” poseen el poder.
Rumbo
El ministro de la Defensa, Washington Navarro Dávila, formuló una denuncia de gravedad inconmensurable. En su polémica con la presidenta de la Corte, Claudia Sbdar, respecto de si han sido contestados o no 11 pedidos informes, él dijo que las causas penales que involucran a niñas, niños y adolescentes como víctimas se encuentran arrumbadas en bolsas en el fuero Conclusional. No son expedientes tirados: son las historias de seres humanos que han sido abusados, explotados y sometidos a violencias varias, que claman justicia.
La Justicia tornada injusta ya es suficiente oprobio. Pero hay más. Porque Navarro Dávila pregunta por qué no se ha declarado prioritario el tratamiento de esas causas arrumbadas y embolsadas. Y por qué la cúpula de un poder lleno de privilegios (sueldos de seis cifras, sin impuesto a las ganancias ni declaración jurada de bienes a la AFIP; con jubilaciones al 82% móvil y sin el tope de la Ley de Solidaridad Provisional) no se ha ocupado de establecer que los tucumanos pobres que acudan a los defensores oficiales no tendrán que pagar nada.
Dijo por escrito el ministro público, varias veces, que en lugar de respuestas recibió vaguedades. Pese a que también preguntó por qué se compró, sin licitación, el terreno para el Centro Judicial del Este. Y por qué se aceptó, con “final de obra”, un edificio al que le faltan baños. Y si están en plazo fijo los excedentes presupuestarios de la Junta Electoral Provincial...
Después de una guerra de notas por sí y por no, ayer hubo un encuentro entre los vocales de la Corte y el ministro. No fue público. Ni por escrito.
Flotación
Tampoco fue pública la reunión de Corte del miércoles, después de varias de que el pleno no estuviera a pleno. Si las paredes oyesen dirían que, frente a la embestida del Ministerio de la Defensa, alguien recriminó que no hubiera manifestaciones de solidaridad entre los pares. A lo que alguien más habría respondido que la falta de apoyos es pura reciprocidad, porque a otros, en lugar de manifestarles avales, los están tirando a la parrilla de la opinión pública.
Si los pocillos de café tuvieran memoria, narrarían que alguien repudió que se pidan cosas en nombre del poder político. Y que alguien le respondió que sólo el favor del poder político podía explicar que estuviera sentado ocupando una poltrona del superior tribunal de Justicia.
Si el cielorraso tuviera registro, relataría que alguien se mantuvo en silencio. Pero que el contraste con su boca cerrada fueron sus ojos desorbitadamente abiertos cuando alguien planteó que a los reclamos de Navarro Dávila había que contestarlos en una audiencia pública, cosa que casi infarta a los que estaban de uno y otro lado de la gritería.
Más allá de los reproches y los enojos hiperventilados, todo cuanto preguntó el ministro público, ¿va a ser respondido tan públicamente como han sido formulados los interrogantes, o no? El Colegio de Abogados, certeramente, acaba de rechazar que Navarro Dávila descalificara a Sbdar. Ella dijo el domingo en LA GACETA que todo lo consultado por el jefe de los defensores ha sido respondido, de modo que el planteo de él era “infundado y de ininteligible finalidad”. Él destrató a la vocal y consideró que esas aserciones eran propias de alguien con desequilibrio emocional. Ahora bien, tras el correcto cuestionamiento hacia los indebidos términos de Navarro Dávila, ¿no hay reclamo respecto de todo lo que el ministro indaga? ¿Las causas que tienen a menores de edad como víctimas ya están ordenadas y tramitándose?
Las notas remitidas por el ministro componen un cuestionario acerca de qué hace la Corte con el poder. Pero hasta aquí todo parece girar respecto de quién tiene el poder en la Justicia.
La querella entre el Ministerio de la Defensa y la Presidencia de la Corte es sintomática de una patología institucional ya diagnosticada: la falta de una política judicial en esta provincia. Ya se recordaron aquí las “Lecciones preliminares de filosofía”, que reúnen las clases del teólogo y sacerdote español Manuel García Morente dictadas en 1938 en Tucumán, en las cuales el erudito repara en el rescate de Aristóteles hacia las formas: “la forma de algo es lo que a ese ‘algo’ le da un sentido; y ese sentido es la finalidad”. En esta lógica, si la Justicia tucumana no tiene una política que le dé una finalidad, entonces su forma poco importa. Y seguirá desgarrándose en internas, comenzando por su cabeza, porque está condenado a ser un poder amorfo. Si el Poder Judicial no posee un sentido, tampoco su forma tiene por qué tener uno.
Coordenadas
La crónica pérdida del sentido de los Tribunales ha hecho que se olviden, inclusive, las formas más emblemáticas. La balanza que porta la tradicional efigie de la dama vendada indica equilibrio. De modo que contrapesar se encuentra en el origen mismo de la naturaleza judicial. Esta semana, sin embargo, la Corte tucumana fue noticia federal por todo lo contrario.
El martes pasado, el consejo consultivo creado por el presidente Alberto Fernández para analizar la reforma judicial recomendó bajar la mayoría necesaria en el Senado para designar al procurador general de la Nación. La presidenta del alto tribunal tucumano conforma esa comisión de notables, que emitió el dictamen en una cerradísima votación: 6 a 5, para que ya no hagan falta los dos tercios de la Cámara Alta, que preside Cristina Fernández, para designar al jefe de los fiscales federales. Sbdar votó con la mayoría que recomendó este cambio.
El oficialismo nacional, ciertamente, no reúne esa proporción especial: tiene 42 de los 74 senadores, lo cual le da quórum propio, pero no la mayoría agravada.
La reforma recomendada no es un mero cambio en las reglas de juego, sino una modificación en la forma de vida de los argentinos: impacta en la república y en la democracia. En la exigencia de los dos tercios para nombrar al jefe de quienes investigarán delitos federales no hay una cifra antojadiza, sino la condición de que sólo se puede acceder a ese cargo por el consenso de la mayoría y de las minorías. El procurador general debe serlo “de la Nación”, no del gobierno de turno, cualquiera sea su signo.
En ese contexto, los argentinos votaron que el macrismo ya no debía gobernar, pero en el recambio en las urnas no le dieron dos tercios del Senado al peronismo. La voluntad popular fue que iban a tener que acordar las decisiones trascendentes. Ahora, el consejo consultivo no recomienda un atajo, sino que sugiere que lo decidido por el pueblo poco interesa. Porque, otra vez, no importa el “poder para poder” sino el “poder por el poder” mismo. Nadie tiene la obligación de querer la democracia, pero por lo menos debieran tenerle algún respeto...
Como no hay de ese respeto desde los Tribunales, el poder político (en horrorosa, pero coherente reciprocidad) tampoco lo profesa por la Justicia ni sus miembros. Siguiendo esa pervertida lógica del exceso: si es lícito que en la Nación Fernández y Fernández (o viceversa) pongan a quien quieran al frente del Ministerio Público Fiscal (y si no tienen los votos, ya habrá un grupo de personalidades que sugerirá cambiar la ley para que mañana sí les alcance), ¿por qué no va a decidir el peronismo tucumano sacar a quien quiera de la Justicia provincial, si tiene de sobra los números para hacerlo?
El miércoles (qué otro día, si no), como reveló ayer LA GACETA, la comisión de Juicio Político de la Legislatura inauguró el paredón para el fusilamiento institucional del juez Enrique Pedicone. Al magistrado (quien denunció al vocal de la Corte Daniel Leiva por presunto tráfico de influencias, coacción y violación de los deberes de funcionario público) le formularon los cargos de los siete pedidos de destitución que le plantearon; y que fueron admitidos el 5 de octubre, día en que fueron archivados los seis planteos de remoción contra el vocal del alto tribunal. Es decir, habrá siete fusiles políticos apuntando contra el camarista penal. Los legisladores oficialistas no se preocuparon en atender pruebas ni en unificar acusaciones (varias son repetidas), sino en esclarecer la pedagogía del poder político: si los que gobiernan no controlan a la Justicia, esperan idéntico trato de parte de los prósperos miembros de los Tribunales.
La institucionalidad, entonces, va a la deriva. Y mientras va sin rumbo, en la cubierta se debate qué música debe tocar la banda que anima la fiesta. El pueblo va en los camarotes inferiores, que siempre están debajo de la línea de flotación. Desde ahí no participan de las discusiones de la superficie (que nunca se interesan por ellos), pero esa posición es ideal para darse cuenta de que el iceberg esconde, sumergido, mucho más que lo que asoma.