La investigación contra el empresario Jorge Rigourd y los ejecutivos de la compañía financiera Cofin SA empezó a finales de 2014. Entre los primeros denunciantes estuvo el abogado Alfredo Falú. La causa fue controlada por el ex fiscal Guillermo Herrera hasta que, en medio de una serie de acusaciones de violación de derechos humanos fundamentales así como de una auditoría abierta por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, el ministro público fiscal Edmundo Jiménez dispuso su reemplazo por la fiscala Mariana Rivadeneira .
Los primeros días de la pesquisa conmocionaron a la provincia. Herrera llevó adelante allanamientos en la zona financiera de la capital y en una urbanización cerrada, y hasta anunció que Rigourd estaba prófugo. Cuando este se presentó a declarar, el ex fiscal lo exhibió esposado ante la prensa.
El proceso dio un vuelco a comienzos de 2015, cuando el Colegio de Abogados de la Capital entonces presidido por Francisco García Posse lo mencionó como uno de los ejemplos del “patrón extorsivo que existiría en la Justicia penal” junto a los casos “Teves”, “Albarracín”, “Valdez” y “Jorrat”.
“Este consistiría en la tramitación de denuncias relativas a conflictos entre particulares de evidente naturaleza civil; la hiperactividad de la fiscalía orientada a la adopción de medidas de coerción sobre el denunciado, y el cese abrupto del interés del Ministerio Público Fiscal una vez que los particulares llegaban a un acuerdo patrimonial”, describió García Posse en una denuncia penal que no fue esclarecida.
En su momento los auditores de la Corte detectaron irregularidades. Por ejemplo, en la causa “Rigourd” advirtieron que Herrera había abierto 276 cajas de seguridad y entregado dinero sin tomar los recaudos del caso.
Finalmente Herrera renunció para acogerse a la jubilación con el beneficio del 82% móvil. En marzo de 2019, la jueza Carolina Ballesteros consideró que el ex fiscal debía enfrentar un juicio oral y público por la supuesta extorsión perpetrada contra Jorge Cosentino durante el allanamiento de Cofin SA, a quien habría exigido la entrega de $ 90.000 (U$S 10.600 de ese momento) a cambio de no llevarlo detenido.