La Corte Suprema de Justicia de Tucumán puso en marcha la ampliación de la investigación interna que abrió tras el femicidio de la profesora Paola Tacacho y que hasta el presente tiene como protagonista al juez Juan Francisco Pisa, quien acumula siete pedidos de destitución en la comisión de Juicio Político de la Legislatura. El alto tribunal explicitó la necesidad de completar el rompecabezas del trámite dado a las 13 denuncias penales de Tacacho contra su victimario, Mauricio Parada Parejas, con la información disponible en el Ministerio Público Fiscal.
Con esa finalidad, los vocales Claudia Sbdar (presidenta), Antonio Daniel Estofán y Daniel Posse requirieron al jefe subrogante de los fiscales Alejandro Noguera (reemplaza a Edmundo Jiménez) “que, por intermedio de quien corresponda, se sirva informar y, en su caso, remitir copias” de las actuaciones relativas a las acusaciones de Tacacho.
Los vocales Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos suscribieron juntos un voto con un pedido expresado en términos diferentes. La minoría consideró que la solicitud debía estar dirigida no sólo al Ministerio Público Fiscal, sino también al Ministerio Pupilar y de la Defensa que encabeza Washington Navarro Dávila respecto de los datos que este pudiese aportar. Y, en vez de requerir las copias de los expedientes, Leiva y Rodríguez Campos circunscribieron la petición a “los informes correspondientes” que los ministerios públicos hubieren realizado en sus respectivos ámbitos.
Otra diferencia entre los votos de la mayoría y de la minoría es el tratamiento del resultado de la fiscalización que practicó el Cuerpo de Auditores de la Corte por orden de Sbdar. Mientras que la presidenta, Estofán y Posse dispusieron que los hallazgos de los auditores “sean adjuntados a la Acordada 1.138/20 como parte integrante de esta”, Leiva y Rodríguez Campos entendieron que sólo “correspondía adjuntar el resultado de la auditoría al pedido de informe” (dirigido a Noguera y a Navarro Dávila).
Si bien la Corte no ventila las conclusiones de las auditorías que encarga -esto es así desde la creación del Cuerpo de Auditores hace ya una década-, la posición de la mayoría en principio implica la publicidad de la fiscalización referida a Tacacho puesto que las acordadas son de consulta libre desde 2011 en la web del Poder Judicial de Tucumán (justucuman.gov.ar).
Campo limitado
La Acordada 1.138 data del 11 de noviembre. Nueve días antes, Sbdar había instruido la búsqueda de la información relativa a los procesos de la ciudadana salteña Tacacho, quien falleció el 30 de octubre tras ser apuñalada en el Barrio Norte de esta capital. A continuación, el femicida Parada Parejas se quitó la vida.
Los auditores actuaron con rapidez, pero en un radio de acción limitado puesto que la investigación de las acusaciones así como el deber de proteger a la víctima son competencia del Ministerio Público Fiscal. Allí tendrían las respuestas que faltan para entender por qué no avanzaban las denuncias contra Parada Parejas. Según trascendió, en los registros de los Tribunales constaría una decisión del juez Marcelo Mendilaharzu que debe ser complementada con la petición que funciona como antecedente. Al parecer, varios fiscales intervinieron con distinto criterio e iniciativa ante los hechos que exponía Tacacho.
En la fundamentación de su voto, Leiva y Rodríguez Campos fueron muy cautos: utilizaron el potencial para referirse a la participación de las fiscalías. “Surge del primer informe del Cuerpo de Auditores y del elaborado por el Archivo Judicial la existencia de actuaciones que estarían en la órbita del Ministerio Público Fiscal”, consignaron Leiva y Rodríguez Campos, quien intervino en la Acordada 1.138/20 aunque suele excusarse en los asuntos que incumben al organismo de Jiménez puesto que es su sobrina, además de hermana de la coordinadora general del Ministerio Público Fiscal, Eloísa Rodríguez Campos. Este apartamiento sucedió incluso durante la subrogancia de Noguera.
La información en poder del Ministerio Público Fiscal es clave para que la Corte resuelva si abre sumarios con fines disciplinarios y contra quién, y para que queden expuestas las responsabilidades atinentes a la respuesta que el sistema judicial brindó a Tacacho, quien al menos una vez también acudió a la Justicia civil. La situación es muy delicada debido al repudio que desató la viralización de la sentencia de Pisa que en junio de 2017 sobreseyó a Parada Parejas, pese a que el fiscal Diego López Ávila había solicitado su juzgamiento por el hostigamiento al que aquel sometía a Tacacho y la violación de una medida cautelar de restricción de acercamiento. En el fallo, Pisa acogió la posición del defensor Juan Andrés Robles, quien sostuvo que no había pruebas suficientes para enjuiciar a su cliente. “No es posible acreditar que Parada Parejas sea el autor del delito que le atribuyen (desobediencia judicial)”, dijo el juez.
El 4 de noviembre este diario reveló que Pisa había presentado la renuncia condicionada al otorgamiento de la jubilación con el antiguo beneficio del 82% móvil. La dimisión ingresó al Poder Ejecutivo el 15 de octubre, es decir, en el medio del procesamiento de la denuncia que el juez Enrique Pedicone interpuso contra el vocal Leiva, una de las causas penales más sensibles para la institucionalidad (ver por separado las manifestaciones de la diputada Beatriz Ávila). La aceptación de la renuncia condicionada por parte del gobernador Juan Manzur no sólo implicaría la cancelación de los siete pedidos de destitución articulados en la Legislatura, sino también el acceso de Pisa a un haber previsional mensual cercano a los $ 300.000.
Auditores
Los funcionarios Tasquer y Ladetto investigaron los casos en dos días
El jefe de los auditores penales, Luis Lezana Flores, dispuso que los funcionarios Mariana Tasquer y Agustín Ladetto “diesen urgente cumplimiento” a la orden de la presidenta Claudia Sbdar de reconstruir el itinerario de las denuncias de Paola Tacacho contra su femicida, Mauricio Parada Parejas. Dos días después, el 4 de noviembre, los auditores presentaron su informe.