Aunque la comisión de Juicio Político de la Legislatura admitió los audios que la Justicia había excluido en la causa penal del vocal Daniel Leiva, Enrique Pedicone, juez del Tribunal de Impugnación de la capital, no quedó conforme con las pruebas autorizadas en uno de los siete procedimientos de destitución que afronta. Sus abogados Arnaldo Ahumada y Fernanda Battig volvieron ayer al Poder Legislativo para reiterar el pedido de citación como testigos de tres funcionarios públicos judiciales. Se trata de Gabriela Blanco, secretaria de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán; de Andrés Garmendia, relator del vocal Leiva, y de Fernando Valladares, el fedatario que manuscribió un acta vinculada a los supuestos hechos ilícitos que denunció Pedicone y, luego, se desmintió a sí mismo.
“Solicitamos que con la mayor brevedad provean la prueba testimonial ofrecida, que es imprescindible para la averiguación de la verdad”, expresaron Battig y Ahumada a la comisión que preside el legislador justicialista Zacarías Khoder. Repitieron así la solicitud que ya habían formulado a finales del mes pasado, cuando contestaron la acusación articulada por el abogado Alfredo Falú. Este adjudicó una variedad de malas praxis a Pedicone, desde que “actuó sin competencia” en la miniferia de agosto hasta que hizo “grabaciones ocultas ilícitas”. “He pedido el juicio político de Pedicone no porque tenga intenciones de defender al vocal Leiva ni a nadie en el Ministerio Público Fiscal, sino porque entiendo que el juez de Impugnación es perjudicial para el Poder Judicial y la seguridad de Tucumán”, había dicho Falú.
El juez defendió su proceder y afirmó que había sido “víctima de los delitos de Leiva”. Como se sabe, el 1 de septiembre, Pedicone denunció que el vocal de la Corte le había pedido que “manejara las intensidades” de una causa penal por supuestos abuso sexual y actos de corrupción contra el legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana). Para sustentar sus manifestaciones, presentó un acta firmada por Valladares que consigna que aquel escuchó por el altavoz cómo Leiva proponía a Pedicone que se reunieran en el bar Ohana y cómo aquel, tras el café, se comprometió a exponer las presiones que había recibido cuando se desprendiera del caso “Bussi”. Según Pedicone, eso ocurrió con la implementación del nuevo Código Procesal Penal, el 1 de septiembre.
A posteriori de esta denuncia explosiva, Valladares se presentó “espontáneamente” ante la fiscala Mariana Rivadeneira y dijo que escribió lo que escribió “por temor reverencial” hacia Pedicone. Consultado al respecto, el juez explicó que, porque temía por el acta y la firmeza del fedatario, grabó a este dos veces mientras ratificaba lo que había escrito en el instrumento público.
En cuanto a Blanco y a Garmendia, Pedicone pretende que declaren acerca de su inhabilitación en la feria que frustró el control de un operativo anti-covid-19 practicado por el fiscal Carlos Picón, lo que dio lugar a que Leiva, y sus pares Eleonora Rodríguez Campos y Antonio Daniel Estofán lo sancionaran -con la disidencia de los vocales Claudia Sbdar y Daniel Posse- mediante una acordada que aún no está firme.