A diferencia de 10 de los 12 miembros de la comisión de Juicio Político de la Legislatura, Mario Casali (Fuerza Republicana) consideró que correspondía el apartamiento de sus pares peronistas Zacarías Khoder, Norma Mariela Reyes Elías y Adriana Najar de los siete procedimientos de destitución que enfrenta el juez Enrique Pedicone. Casali fue la única voz disidente en la decisión que rechazó las recusaciones “por prejuzgamiento” y sospecha de imparcialidad que articuló el magistrado. La desestimación prosperó con los votos de Khoder, Reyes Elías y otros seis justicialistas (Renée Ramírez, Enrique Bethencourt, Graciela Gutiérrez, Sergio Mansilla, Gonzalo Monteros y Carlos Gómez); del alperovichista Julio Silman, y del alfarista Raúl Pellegrini (Najar estuvo ausente). Todos ellos expresaron que la causal invocada para los apartamientos no estaba prevista en la ley vigente.
Arnaldo Ahumada y Fernanda Battig, abogados del denunciante del vocal Daniel Leiva, arguyeron que Khoder (titular de la comisión), Najar y Reyes Elías, en tanto miembros de otras comisiones, habían avalado el pedido de un listado de causas donde, según el integrante de la Corte, Pedicone había liberado presos con preventiva contra el orden jurídico. Ahumada y Battig dijeron que el propio Leiva proporcionó el listado solicitado a la presidenta del alto tribunal, Claudia Sbdar, y que la Legislatura lo publicó en una solicitada de LA GACETA.
“El caso que nos ocupa viene teniendo en vilo a la sociedad tucumana toda y ha repercutido en el ámbito nacional. Por ende, se trata de un tema sumamente sensible, que justifica que no pese sobre ningún miembro de la comisión de Juicio Político un manto de sospecha”, expresó Casali en su voto en minoría. Y añadió: “los integrantes del comité deben ser independientes respecto de las partes; respecto de sí mismos, de sus pasiones y afectos, y de toda forma de poder que signifique una conminación externa a su propio juicio”. El bussista manifestó que debían interpretarse favorablemente las medidas que tiendan a garantir los derechos del acusado y alejar toda sospecha de imparcialidad en los encargados de tramitar los procedimientos.
Tras citar los tratados internacionales vigentes en la Argentina, el legislador dijo que “imparcial” eran aquel que carecía de prejuicios respecto de las personas o materias sometidas a su campo de decisión. “Por todo ello y habida cuenta de que mis pares recusados rubricaron la nota presentada por Amado a la presidenta de la Corte, estimo pertinente que se excusen de seguir interviniendo respecto de los procedimientos de destitución de Pedicone, o, en su defecto, que se haga lugar a la recusación efectuada por su defensa dejando a salvo el buen nombre y el honor de los legisladores Khoder, Reyes Elías y Najar”, concluyó Casali.