Alberto Binder (Buenos Aires, 1958) tiene como norma de vida el involucrarse en los conflictos con la ilusión de provocar cambios. Lo hizo en Tucumán para asesorar la elaboración del nuevo Código Procesal Penal que entró en vigor por completo el 1 de septiembre: este penalista gurú fue en gran medida el impulsor de esa transformación y el que, como técnico externo, ayudó a darle forma junto a su equipo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). Pero a esa oportunidad para aumentar la credibilidad del Poder Judicial le cayó encima la denuncia que el juez Enrique Pedicone interpuso contra el vocal Daniel Leiva. Binder, que sigue muy de cerca el tema, considera que “la basura ha quedado a la vista”. “En el caso de Leiva se juega el futuro de la Justicia: nadie puede hacerse el tonto”, comenta por teléfono.

-Luchaste mucho para transparentar las investigaciones penales, pero el tratamiento de la denuncia de Pedicone indica que eso no sucederá, al menos en las causas centrales para el poder.

-La reacción judicial que hubo ante esta denuncia demuestra que el camino es correcto. El modo oscuro y laberíntico de funcionamiento de la Justicia penal ayuda a la generación de jueces que normalizan el secreto, la ilegalidad y las influencia del poder. Esa degradación es el resultado de muchas décadas de un modelo institucional avalado por una forma de enseñanza del Derecho y de organización de la abogacía. Hay que cambiar las reglas de juego para que ellas vayan formando un nuevo tipo de práctica judicial. Me alegra que Tucumán haya emprendido ese camino.

-Pero la publicidad y la celeridad todavía parecen muy lejanas.

-Lo que ocurre es que de inmediato las nuevas reglas de juego chocan con la vieja cultura. Nunca se ha visto eso de un modo tan transparente como en Tucumán. Mientras un sistema trata de hacer las cosas a la luz del día, el otro quiere mantener las sombras. Y a partir de este caso de Leiva se está jugando cómo se va a configurar la Justicia penal del futuro en Tucumán: nadie puede hacerse el tonto. Yo no entiendo a quienes dicen que este es un problema de dos funcionarios. Lo que empezó es una disputa muy profunda acerca de dos formas de ejercicio de la Justicia penal. Hay que aprovechar eso, y advertir a todos los que quieren que en Tucumán y en el país las cosas funcionen de un modo diferente que el futuro empezó el día que Pedicone hizo la denuncia, y que en esa pelea no existen los lugares intermedios: o se está con las viejas prácticas o con el esfuerzo de cambiarlas. Por esa razón con (el fallecido juez) Mario Juliano, a quien aprovecho para hacer un homenaje porque se preocupaba por la institucionalidad de Tucumán cuando no tenía ninguna necesidad, desde el principio nos dimos cuenta de que este caso no es uno más de los que conocemos sobre influencias en la Justicia, aunque esta vez hay más pruebas, sino el inicio de una disputa donde lo viejo y fracasado se empeña por destruir la transparencia de lo nuevo.

-¿Qué expectativas pueden tener los ciudadanos comunes frente a esta reforma ahogada el mismo día de su inauguración?

-La ciudadanía es víctima de la ineficacia permanente de los organismos de persecución del delito, y, al mismo tiempo, es espectadora de un ataque terrible, grotesco y patético dentro del foro. Quiero hablarles a los abogados de Tucumán: tenemos un problema con el ejercicio de la profesión, y me refiero a los que trabajan en la Justicia, a los que enseñan en las universidades y a los que litigan. Hay que recuperar una manera digna de ejercer la abogacía. Las facultades de Derecho se la pasan hablando de la ética y la extensión universitaria, pero, finalmente, se callan cuando está planteada en blanco y negro la pelea sobre si la Justicia va a ser utilizada y manipulada por las dirigencias políticas, o si la Justicia va a ser un muro de contención para las mafias de la órbita privada y de la órbita estatal con vínculos muy profundos entre ellas. Nadie puede mirar hacia otro lado. ¿Qué vamos a hacer los abogados? ¿Y la Asociación de Magistrados? ¿Los fiscales continuarán escondiendo la causa? ¿La Corte mantendrá su silencio aterrador y atronador?

-¿Por qué es aterrador y atronador?

-Había signos de que los vocales de la Corte querían cumplir un liderazgo de renovación del sistema judicial y puede ser que algunos de sus miembros de verdad lo deseen, pero como cuerpo se mantienen callados. Los colegios de abogados tampoco terminan de reaccionar cuando se están jugando cosas tan importantes. A la Facultad de Derecho (de la Universidad Nacional de Tucumán) la he visto envuelta en una discusión curialesca y burocrática sobre si presta o no su sala. El Consejo Asesor de la Magistratura trata de formar gente para un sistema que admite situaciones completamente vejatorias. Mi pregunta es: ¿no reaccionan los abogados tucumanos? ¿Están dadas las condiciones para ejercer de manera digna la profesión? Francesco Carrara decía que los abogados libres eran una herramienta al servicio de los derechos de los ciudadanos y de la ciudadanía. Es inadmisible esta administración de justicia que construyen los abogados, que ya venía cuestionada desde antes con la controversia que hubo por el nombramiento de familiares.

-¿Por dónde se empieza a modificar esto?

-El caso de Leiva expresa la pelea sobre el rumbo de la Justicia penal y me consta que hay muchos tucumanos que no quieren más este Poder Judicial oscuro, que responde a los favores personales, las influencias y el lobby. Lo que hay que hacer es tomar una posición ya. Es necesario decir de qué lado se está porque no decirlo es una forma de volver a esconder la basura bajo la alfombra y el caso este demostró que abajo de la alfombra ya hay demasiada basura: la degradación está expuesta. Ahora hay que hacer algo para acabar con eso.

-Te reuniste con Leiva y con el jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez, por la reforma. ¿Cómo interpretás que ellos hayan consentido la instalación de las pesquisas transparentes y ahora den señales de lo contrario?

-No hay que caer en la confusión de creer que las cosas ocurren por ciertos personajes y no que esos personajes son el resultado de prácticas ilegales. El actual jefe del Ministerio Público Fiscal se incorporó al final al trabajo de la reforma, pero su institución tiene niveles de ineficacia muy grandes: los fiscales arruinaron sus herramientas al burocratizarlas y ponerlas al servicio de complicidades para no enfrentar la criminalidad que hay en Tucumán, en particular en lo que tiene que ver con la corrupción y los delitos económicos. Si no se modifica el modo de nombramiento de los funcionarios, porque allí es donde empiezan a tejerse estas alianzas, cambiarán los nombres, pero los reemplazos tendrán la misma categoría. Mientras tanto en el Poder Judicial de Tucumán todo el mundo tiene miedo porque especula con que, si no, no lo van a nombrar en el próximo cargo y los judiciales casi sin excepción siempre están pensando en el siguiente lugar que ocuparán.

-¿Son o no válidos los audios de Pedicone?

-Hay que tener en cuenta esto: la legalidad de las grabaciones que hace el Estado requiere de un tipo de normas que en general los fiscales cumplen bastante poco y que no se aplican a un particular. Pedicone grabó a Leiva como víctima de un circuito de presión: los audios tienen toda validez formal porque los hizo él. Es lo mismo que decir que si mañana me llama un extorsionador yo no lo puedo grabar. A nadie se le ocurre decir que no y esto ha sido admitido en todos los tribunales del mundo. Después hay que ver si la grabación es fidedigna, y si las voces pertenecen o no a las partes. Existe suficiente pericia en el campo forense para determinar estas cuestiones, pero una exclusión inicial de la prueba carece de sentido por dónde se la mire. Uno lee lo que escribió la fiscala (Mariana Rivadeneira), y hasta da un poco de vergüenza porque es de una retórica vacía y confusa para tratar de decir algo que le habrán ordenado. Me parece insostenible jurídicamente y lamentable. Lo mismo que la interpretación sobre dónde debe ser tramitado esto. Se agarran de pequeñas palabritas para mandarlo al esquema viejo y fracasado sin medir que, por ejemplo, si dentro de 15 años aparecen hechos ilícitos cometidos antes del 1 de septiembre de 2020 habrá que reabrir lo que ha sido clausurado… Es insensato.

-La lógica y los antecedentes ya no importan...

-Son todas cosas contrarias al sentido común que demuestran que no hay ningún tipo de vergüenza a la hora de usar el “leguleyismo” más banal y más burdo para intentar que esto pase pronto a los fines de que la sociedad, que enfrenta mil problemas y que sufre otras injusticias, se olvide del tema. Por eso digo que hay una responsabilidad primaria de la abogacía tucumana, que no va a salir indemne de este caso. Es hora de exigir cambios muy profundos. Yo no me vuelvo pesimista por el caso de Leiva: me alegra que en Tucumán las cosas se hayan puesto en blanco sobre negro. Aquí no hay lugar para el pesimismo, que se vuelve la justificación de la doctrina acomodaticia para quienes sacan beneficio de la corrupción de las instituciones. Aquí hay que dar una pelea que está a la vista: se descorrió la alfombra, quedó la basura y ahora, señores abogados, hay que limpiarla.

-Otra vez, ¿cómo se hace?

-Con cosas muy concretas. Me alegra que esta organización tucumana (Cedjus) y “Lalo” (Ramón Eduardo) Ruiz Pesce, que es un gran luchador, hayan salido a dar una pelea y ojalá no suelten el hueso. No entiendo cómo la Asociación de Magistrados cuando comienza una política de represalias con el mensaje de “guarda aquel juez al que se le ocurra hacer lo mismo que Pedicone porque la va a pasar mal” no se pone en pie de guerra, como cuando les quieren tocar un poquito del sueldo privilegiado que tienen. La independencia judicial es la razón de ser de sus grandes sueldos y privilegios: no pueden volverse prudentes. El juez no deja de ser un abogado y los colegios tienen que ejercer el control sobre la ética de todos. ¿No puede la Facultad de Derecho ponerse en un estado deliberativo? No es una provincia sumisa. Debe haber un sector capaz de enfrentar lo que pasa. Bueno, actúen. Cada uno debe elegir de qué lado quiere estar.

-En medio de esto, una horda ejecutó al principal sospechoso de un crimen aberrante. ¿Tiene conexión lo de Leiva y lo Pedicone con esa venganza?

-Hay un vínculo directo. El programa político vigente prohíbe que la ciudadanía se autotutele. Si nosotros dejamos que la autotutela de los intereses se generalice, lo que vamos a conseguir es que se imponga el más fuerte. Es un mal negocio. Si queremos que haya paz y no autotutela, el Estado tiene la obligación de proveer la tutela judicial efectiva. No puedo decir a los ciudadanos que no están autorizados a defenderse por sí mismos porque para eso están los Tribunales y, luego, produzco una enorme defraudación social. La gran crítica al Ministerio Público Fiscal es que no protege a las víctimas. La reacción que hubo en Tucumán debe leerse de este modo: la Justicia penal está jugando con fuego. Y lo que se va a quemar es la convivencia pacífica.

-La gente hace tu diagnóstico en privado, pero se calla en público. Mientras que los políticos en privado manipulan y corrompen, y en privado salen con el deber ser y culpan de los males, especialmente de la inseguridad, a la Justicia que no funciona.

-La técnica es tener a los jueces y a los abogados aterrorizados, y comprados con los privilegios y la zanahoria permanente de un ascenso, que es fruto de una arbitrariedad, por eso hay que volver transparente el esquema de concursos. El gran mérito del diario LA GACETA es que pone las cosas en blanco y negro ante la sociedad a la que sirve. Los cambios tardarán cinco, 10 o 20 años más, pero hoy se impone hacer esta pregunta: ¿quién puede creer que refugiándose en su propio ejercicio va a preservar su dignidad? Es preferible levantar la voz a quedarse callado. Todos debemos recordar que si dejamos al Estado en manos de las mafias, estamos perdidos. Por eso hay que recuperar el Estado y empezar por Tucumán, donde nació el proyecto de país.

Un promotor del cambio judicial

Alberto Binder es doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal. Tiene un enorme prestigio y trayectoria como asesor de reformas del Poder Judicial en la Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala y República Dominicana. Ha publicado numerosos libros, entre los que sobresalen “De las repúblicas aéreas al Estado de derecho: ideas para un debate sobre la reforma judicial en América Latina”; “Justicia penal y Estado de derecho”; “Iniciación al proceso penal acusatorio”; “Policías y ladrones: una guía para discutir el problema de la seguridad” y “Derecho procesal penal. Tomos I y II”. Es cofundador y presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).