La Corte Suprema de Justicia de Tucumán aplicó el 19 de octubre sanciones al ex juez Roberto Guyot y a cuatro funcionarios de su equipo por su actuación respecto del homicidio del preso Fernando Medina acaecido el 22 de noviembre de 2017. “No tenemos dudas de la pasividad de Guyot”, manifestaron los vocales Claudia Sbdar (presidenta), Antonio Daniel Estofán, Daniel Leiva, Daniel Posse (en disidencia parcial) y Eleonora Rodríguez Campos. La Corte incluso observó que la actitud de Guyot, quien fue destituido por otros sucesos el mes pasado, podía acarrear responsabilidad internacional al Estado argentino.
El alto tribunal también encontró motivos para sancionar a los funcionarios María Nazaret Rodríguez Ponce de León, Rafael Molina, Germán Ricardo Aiquel y Fernando Valladares (ver consideraciones respecto de este último por aparte).
En su voto, el vocal Posse manifestó que había que rechazar un planteo de nulidad por violación del principio “non bis in idem” que había formulado Guyot, quien fue beneficiado en su momento por la resolución de la comisión de Juicio Político de la Legislatura que rechazó un pedido de destitución fundado en el homicidio de Medina. Posse agregó que adhería a las sanciones de multa del 10% de las remuneraciones aplicada a Guyot, y de apercibimiento impuestas a Valladares y a Aiquel, pero disentía respecto de Rodríguez Ponce de León y de Molina. Según su criterio, estos no merecían castigo alguno por el escándalo de Medina.