Cómo era la estructura
Según la investigación de Giannoni, se trata de una asociación ilícita que durante al menos entre los años 2010 y 2015 cometió irregularidades en el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). Para la fiscala, José Lucas Barrionuevo, que ostentaba el cargo de Coordinador de los Programas Federales del organismo se podría haber beneficiado otorgándose licitación de obras tanto de mejoramiento como de construcciones de viviendas. Para ello creó la empresa Marán que estaba a nombre de sus sobrinos Sebastián Alejandro Nieva y Darío Martín Nieva. “La firma en cuestión, de acuerdo a la pesquisa, recibía información interna sobre precios, fechas y cuestiones relativas a las contrataciones públicas, de modo tal que fuera adjudicataria de obras por parte del mencionado organismo interesándose con ello en miras de un beneficio patrimonial”, se puede leer en el pedido de requerimiento a elevación a juicio. La investigadora también imputó al arquitecto Jorge Horacio Tapia: lo acusó de ser la persona que a través de las fiscalizaciones que realizó lograba que se efectúe “el pago indebido de montos de dinero superiores a los correspondientes a partir de sobre-certificaciones suscriptas a favor de Morán”. En la causa, Néstor Miguel Jiménez Augier no aparece como miembro de la organización, pero sí fue acusado de enriquecimiento ilícito. Se sospecha que podría haber recibido algún tipo de beneficio de la organización investigada. En tanto que, por haber fallecido, no se avanzó en la investigación en contra de Gustavo Durán, ex interventor del Ipvdu.
Algunos montos de la defraudación
Giannoni, en el pedido de elevación a juicio, no pudo establecer los montos totales de la defraudación, pero sí puso un ejemplo. En el extenso pedido de 55 hojas destacó que “por esta maniobra, la disposición patrimonial perjudicial para el erario público provincial sufrió un perjuicio estimado del 26,619% de trabajos faltantes a partir de auditoría realizada por comisión del Ipvdu y obras inexistentes que surgen del informe del Cuerpo de Ingenieros de la Policía de Tucumán, todo ello sólo en el caso del Barrio San Carlos Oeste II”. En realidad, ese es uno de los más de 10 trabajos que realizó la empresa, por lo que el perjuicio al erario sería mucho mayor. Según la pesquisa, Tapia ordenó el pago de más de $10 millones porque según certificó la obra había finalizado en un 99%, cuando en realidad sólo se había concluido la tercera parte. Es importante aclarar que los valores que se manejan son de 2017.
Las obras señaladas
En el expediente figura cuáles habrían sido las obras que realizó la empresa Marán. De acuerdo al informe al que tuvo acceso LA GACETA, fueron mejoramiento de 397 viviendas de los barrios San Genaro I, Néstor Kirchner 1, San Carlos Oeste II y San Pablo, aunque no fue materia de investigación si era necesario realizar estos trabajos. La empresa Marán también construyó 438 viviendas en los barrios Techo Digno, Manantial Sur, Sargento Lai, San Ignacio de Loyola III, Mejor Vivir II y Villa Marisa.Además, perforaciones de pozos para agua en los barrios Virgen del Huerto y en Villa Carmela. Los hombres de la empresa trabajaron en Yerba Buena, Las Talitas, capital y Concepción, entre otras localidades.
Los patrimonios cuestionados
Los investigadores analizaron las cuentas de los dos ex funcionarios. En el caso de Jiménez Augier establecieron que entre 2008 y 2015, en concepto de sueldos, logró ingresos por casi $1,8 millones, pero sólo habría utilizado $373.157. “Existen discordancias patrimoniales verificadas ante el consumo no justificado destinado a los gastos de subsistencia del acusado y su grupo y la suma de U$S 459.700 más $100.000 encontrados en una caja de seguridad de un banco”, explicó la fiscal en el planteo que realizó.“Se le imputa a Barrionuevo no haber justificado la procedencia del incremento patrimonial apreciable suyo y de su grupo familiar, ocurrido con posterioridad a la asunción de su cargo público”, señaló Giannoni. Según la investigación que desarrolló la fiscala, entre 2010 y 2015 sólo en salarios percibió $1,6 millones y consumió $166.159. No pudo justificar el origen de los fondos con los que construyó una casa en el country Los Olivos, que fue tasada en más de $10 millones. Según los informes contables, su patrimonio en esos cinco años se incrementó en aproximadamente un 1.025%.
Cuatro testimonios clave
En la causa aparecen cuatro testimonios clave. Los más importantes, sin lugar a dudas, fueron los de los hermanos Nieva. Por separado, le confirmaron a Giannoni que ellos eran unos meros prestanombres de su tío Barrionuevo, quien había negado tener cualquier vínculo con ellos. También comentaron, entre otras cosas, cómo era el sistema que utilizaban para la adjudicación de las obras y cuál era el mecanismo del pago por los trabajos que realizaban.Los Nieva se acogieron a la figura del testigo arrepentido. De esta manera, se transformaron en una especie de colaboradores de la fiscala aportando datos importantes con el fin de recibir una condena menor si fueran hallados culpables de los delitos de que se los acusa.Por otra parte, Jiménez Augier explicó en Tribunales que el dinero encontrado en la caja de seguridad era de su amigo Álvaro Araya, que había ganado una fortuna en un juego de azar nacional. Sin embargo, el reconocido técnico de básquet negó que ese dinero haya sido suyo, pero sí reconoció que el acusado le había pedido que dijera eso para evitar que en un juicio por divorcio, su ex se quedara con parte de los ahorros de toda su vida. El escribano Ernesto Padilla ratificó los dichos del entrenador. Por el despacho de la fiscala también se presentó la ex esposa de Jiménez Augier. “No conocía nada de esto. Me causó asombro lo de la caja de seguridad”, declaró Teresa Patricia Ávalos.
El largo camino de la pesquisa
El caso salió a la luz por una investigación periodística realizada por Francisco Chico para “Panorama Tucumano”, el programa de LA GACETA que se emitió por primera vez en julio de 2017 y por el cual ganó un premio de Fopea en ese año. La senadora nacional Silvia Elías de Pérez aportó más pruebas a la causa, que cayó en manos de Giannoni. La fiscala, a lo largo de la investigación, se topó con numerosos problemas. Entre ellos, la demora o falta de respuestas por parte de organismos provinciales y nacionales de los pedidos de informes que realizaba. Los mayores inconvenientes se le presentaron cuando requería información patrimonial de los imputados. En varias oportunidades tuvo que amenazar con llevarlos por la fuerza pública a Tribunales para que argumentaran el porqué del retraso.
Cómo se vislumbra el final
Giannoni pidió la elevación a juicio del caso el 26 de agosto y al quedar cerrada la investigación evitó que el expediente quedara en manos de una fiscalía conclusional. El caso será resuelto por el viejo código procesal penal. Actualmente está en poder del fiscal Daniel Marranzino quien debe girarla al juez conclusional Francisco Pisa. El deberá resolver si acepta o no que la causa vaya a juicio. Los defensores de los acusados, por el momento, no informaron si apelarán el requerimiento solicitado por Giannoni. No se descarta que Pisa busque una solución alternativa, como por ejemplo, un juicio abreviado, ya que la idea de la Corte Suprema de Justicia es que se cierren la mayor cantidad de causas antes de 2023, fecha límite de conclusión de causas. Pero para que ello ocurra, los imputados deben declararse culpables para poder aceptar una pena más leve.