El esfuerzo que están realizando distintas reparticiones del Estado para proteger los recursos naturales es insuficiente. Además de la falta de recursos deben lidiar en otro frente que es mucho más difícil: la cuestión cultural. En Tucumán ya es una costumbre encontrar tramperos atrapando aves que están protegidas. La pesca furtiva se naturalizó en los ríos y lagos de la provincia. La tala indiscriminada de árboles en el pedemonte para leña o para preparar tierras para cultivar. Cada usurpación, especialmente en El Cadillal, implica el corte de ejemplares protegidos porque están en medio de una reserva. Y en esta lista falta otra actividad ilícita que no paró de crecer en los últimos años: la extracción ilegal de áridos.
Todo esto se produjo por la falta de políticas para preservar el medio ambiente. Mientras en todo el país la cuestión ambiental se ha transformado en tema de agenda para los gobiernos, sin importar el color político que tengan, Tucumán lleva décadas de desidia. La Dirección de Flora y Fauna, que se encarga de los controles, cuenta con menos de 10 inspectores para atender toda la provincia. Tampoco tiene el presupuesto necesario. Tucumán, durante años, fue ejemplo en la reproducción de peces en sus estaciones de piscicultura. Pero desde hace tres años no se realiza esta tarea.
Durante el gobierno de Ramón Ortega se le dio poder a la Policía para que se encargara de preservar el medio ambiente. Pero le sumó otra tarea: prevenir el delito en las zonas rurales, que en la actualidad son áreas de riesgo. Han pasado más de 20 años de la sanción de esa norma, pero la Dirección de Delitos Rurales y Ambientales no fue ampliada. Tiene poco más de 100 hombres y menos de 10 vehículos todo terreno para realizar su trabajo. No cuenta, por un ejemplo, con una embarcación para controlar la pesca furtiva en ríos y lagos. Como puede, en los últimos tres meses secuestró más un kilómetro de trasmallos, unas 30 redes, destruyeron una veintena de trampas de pájaros y secuestraron varios camiones cargados de leña. Por la falta de recursos, lamentablemente, se actuó después de haberse producido el daño.
Las llamas de los incendios que se desataron en los cerros no sólo castigaron al ecosistema, sino que dejaron al descubierto que la provincia no está preparada para afrontar estos desastres. Particulares que acercaron sus aviones para atacar por aire el fuego y, por tierra, bomberos y policías aportaron lo suyo con pocos recursos.
Según el director de la Reserva de Horco Molle, en los 90 Argentina estaba identificado como el tercer país que más animales traficaba de forma internacional. “Después de un estudio que se publicó en 1989, que fue muy duro con el país, comenzaron a hacerse una serie de controles y de regulaciones, con lo que empezó a disminuir esta actividad hacia el exterior, pero continuó en el mercado local”. En Flora y Fauna apelan a la conciencia de la gente para no comprar animales silvestres, y para denunciar estos hechos. Incluso se habilitó la llamada “denuncia rápida”.
Pero indudablemente es necesario que el Estado revise las políticas para preservar los recursos naturales. Acaso se debería endurecer la legislación –actualmente se trata todo como infracciones-; el Ejecutivo tendría que aportar los recursos necesarios para poder actuar y la Justicia, perseguir penalmente a los responsables.