Un pedido de audiencia oral y pública dirigido a la comisión de Juicio Político de la Legislatura para contestar siete pedidos de destitución desató una controversia de altísimo voltaje. Ayer alimentó esa hoguera Enrique Pedicone, el juez de impugnación que ha de responder las acusaciones y denunciante de Daniel Leiva, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. “Entiendo que el vicegobernador Osvaldo Jaldo (presidente del Poder Legislativo) se resista a hacer audiencias públicas en línea con la fiscala Mariana Rivadeneira. Jaldo estaría preso si hubiese investigaciones serias y transparencia en Tucumán”, expresó Pedicone en un texto que envió a LA GACETA.

El juez razonó que aún era posible que la oralidad y la publicidad se impusiesen en la provincia. “Le recomiendo que remodele el penal de Villa Urquiza con un sector VIP: no vaya a ser que en un futuro cercano este sea su destino. Está empecinado en salvar a Leiva a cualquier precio porque sabe que su caída es también la suya”, advirtió Pedicone. Y añadió que en Tucumán nadie quería perderse las audiencias transmitidas por la prensa según el artículo 117 del nuevo Código Procesal Penal: “a todos les interesa ver los nexos de unión entre la política y la mafia”.

El magistrado evaluó que “por primera vez” Jaldo estaba amenazado. “No parece que el ministro público fiscal Edmundo Jiménez, el ‘matacausas’, pueda ayudarlo”, afirmó en referencia a la negativa tajante de Jaldo respecto de la audiencia oral y pública requerida por Pedicone el viernes a Juicio Político. “Si quiere audiencias, las tendría que hacer con los familiares de las víctimas. Esos familiares hoy están sufriendo. Y de las excarcelaciones que él concedió impunemente a delincuentes, asesinos, golpeadores y violadores, el magistrado todavía no ha dado explicaciones”, había dicho Jaldo. El vicegobernador había añadido que el juez pretendía la transgresión del artículo 27 de la Ley 8.734, que dispone que la respuesta a los planteos de destitución trasladados debe darse en soporte papel.

“La comisión de Juicio Político viene obrando ajustadamente a la Constitución provincial, a las leyes vigentes y al Reglamento de la Cámara. Y los integrantes de la comisión de nuestra bancada tienen el 100% del apoyo del bloque oficialista respecto de la tarea que están desarrollando”, había comentado Jaldo. El sábado, este diario dio cuenta de las críticas de los jefes de bloque de la Legislatura hacia el accionar del comité encabezado por el legislador justicialista Zacarías Khoder, que por un lado optó por rechazar y archivar los seis pedidos de destitución de Leiva, y, por el otro, dar curso a los siete existentes contra Pedicone. “Personalmente, opino que la decisión no ha caído bien en el seno de la comunidad”, había apuntado Roque Álvarez, titular de la bancada oficialista.

El domingo Jaldo había recordado que la integración de la comisión de Juicio Político había sido producto de una decisión unánime del Poder Legislativo (hay 9 legisladores afines al Gobierno; un alperovichista; un alfarista y un miembro de Fuerza Republicana). “Respetamos totalmente las opiniones que, en el ámbito de la democracia, expresan los diferentes bloques. En lo que no coincidimos es en el ‘arrugamiento’”, había dicho Jaldo.

“Otra ‘patoteada’”

Este lunes por la mañana, Arnaldo Ahumada, uno de los abogados de Pedicone, había calificado la reacción contraria a la audiencia pública del vicegobernador “como otra de sus ‘patoteadas’”. “Pedicone no le pide a la comisión de Juicio Político que viole la ley, sino que la aplique de acuerdo con los tratados internacionales. Nuestra posición es coherente con la que sostenemos en la causa penal ‘Leiva’, y estamos de acuerdo en que participen las supuestas víctimas y todos los interesados. Jaldo ignora que el artículo 24 de la Constitución que dice defender otorga el carácter de leyes aplicables y operativas a los pactos que avalan nuestro pedido”, había dicho.

Más tarde, Pedicone recordó que la Legislatura a cargo de Jaldo en agosto había sacado responsabilidades a los fiscales y derechos a las víctimas. “Usted está ahora repentinamente preocupado por las víctimas de los delitos y de los presos que son liberados por afuera de ley que los hay, por supuesto que los hay, gracias a los jueces afines al poder. Esto suele suceder en enero cuando Tucumán está de vacaciones”, aseguró. Y añadió: “¿le doy una pista? Siga la causa ‘Pérez Soto, Gabriel Hernán s/ Homicidio. Víctima Ávila, María Cristina. Expediente 21.972/2018-I4”.

El juez de Impugnación (con licencia hasta el miércoles) expresó que ojalá que Jiménez (con licencia) u otro fiscal dispongan una investigación de oficio en el caso mencionado. “Una cosa más: en lugar de liberar los presos (de ‘Pérez Soto’), dispuse que vuelvan a la cárcel. Señor vicegobernador: no hable de más. No tengo ninguna intención de volver a la política, pero le advierto que doy mi vida por ser y seguir siendo juez”, prometió Pedicone.