El subsecretario de Tránsito municipal, Enrique Romero, apuntó a que el Gobierno nacional es responsable de la crisis del transporte público en las provincias. “Si el plan del presidente Fernández, que no sé si es Cristina o Alberto, consistía en cultivar quebrantos y cosechar miseria, son magníficos, lo están logrando”, enrrostró Romero.

“La resolución de la crisis del transporte público no pasa por copiar el Plan Saeta, de Salta, que está haciendo agua, sino en promover una mejor distribución de los subsidios nacionales, para que el 53% vaya al AMBA y el 47% ($8.600 millones) al Interior del país, subsanando la inequidad y falta de criterio del Ministerio de Transporte de la Nación”, consideró el funcionario.

“Si se adopta el modelo salteño a la provincia debemos considerar que en el Gran San Miguel de Tucumán circulan 800 colectivos que recorren 6.500 kilómetros por mes cada uno, o sea un total de 5.200.000 kilómetros. El Gobierno debería pagar a $ 25 el kilómetro recorrido del Plan Saeta $130 millones por mes; si fuese a $ 45 (como piden las firmas), $234 millones; y si fuera a $145 (el valor real) el aporte debería ser de $754 millones. Los 800 colectivos del Gran San Miguel de Tucumán consumen 3.120.000 de litros de gasoil por mes (130 litros por día) por un monto de $200 millones, que representa el 35% del costo operativo de una empresa. El salario de un chofer es de $85.000 con todos los ítems, lo que equivale a $ 238 millones mensuales: un 60% del costo operativo, sumados estos dos ítems son $438 millones”, analizó.

Romero explicó que hay empresas que no tienen fondos para comprar gasoil por día, por lo que si no se resuelve la situación quebrarán empresas a fin de año. “Por eso hay que reconvertir el sistema de combustión a GNC lo que generaría un ahorro del 38 %, o sea $76.079.800 por mes menos en combustibles. La crisis se resuelve equilibrando los subsidios para que el Interior reciba $8.600 millones. Ahora, de cada $ 10 en subsidios nacionales, $9 van para el AMBA y sólo $1 para el interior. También se debe generar un Plan Estratégico para los próximos 30 años, promoviendo: 10 años de incentivos fiscales; que las cargas impositivas al GNC para los ómnibus no superen el 20% de las correspondientes al gasoil; crear un fondo fiduciario por 10 años para financiar las reconversiones del transporte de pasajeros; exigir a los empresarios la presentación de una propuesta de reconversión completa de su flota en 3 años, y adoptar la tarjeta SUBE”, finalizó.