A cuatro años de la denuncia que dio inicio al expediente, el fiscal penal Claudio Bonari resolvió darle curso a la investigación que involucra al hoy legislador oficialista Zacarías Khoder por una serie de supuestas irregularidades registradas en 2015, cuando cerraba su última gestión como intendente de Banda del Río Salí.
El representante del Ministerio Público Fiscal, si bien descartó parte de los hechos acusados por el abogado Oscar López, consideró que existen indicios suficientes para requerir al juez que corresponda la apertura de una investigación jurisdiccional en contra de Khoder -quien por su cargo cuenta con fueros constitucionales-, en el marco de un proceso que menciona además a familiares del dirigente peronista y a personas de su confianza que formaron parte su gestión.
Una imprenta. Una empresa proveedora de materiales de construcción. El servicio fúnebre que brindaba el municipio. El sistema de las fotomultas. La recolección de residuos.
El fiscal Bonari puso la lupa en los lazos de parentesco y en la contratación de empresas posiblemente vinculadas al personal de la Intendencia en la previa a la campaña de 2015.
Y consideró que es necesario profundizar en ciertos aspectos de la denuncia de López para determinar su hubo o no irregularidades de orden penal en el manejo de fondos públicos por parte del ex jefe municipal.
La presentación inicial
El abogado López, autor de diversas denuncias de estas características, se presentó en los tribunales penales en 2016 y formalizó su acusación en contra del bandeño Khoder y de personas de su entorno, al considerar que el ex intendente había utilizado recursos públicos de manera indebida durante la campaña electoral del año anterior.
En principio, el letrado aseveró que se registraban dos anomalías. Por un lado, la extracción de fondos públicos y el uso irregular de esos fondos. Por otro, consignó una serie de supuestos vínculos entre Khoder y personas de su entorno con empresas prestatarias de servicios contratadas por la Municipalidad de Banda del Río Salí. ¿Qué opinión tuvo el fiscal ante cada hecho?
Extracción de fondos
Según López, poco después de los comicios provinciales de 2015 se habían extraído de la cuenta municipal casi $ 3 millones. Sin embargo, según los informes recabados por el Ministerio Público Fiscal, el 10 de septiembre de ese año "se realizaron tres débitos en la cuenta corriente N° 2.../5, por la suma total de $2.956.660, los que fueron acreditados en la cuenta corriente N° 2.../0". "Es decir, en principio se trataría de una transferencia de fondos de una cuenta bancaria a otra, ambas del municipio", aclaró Bonari en el dictamen.
Además, expresó el criterio de que la extracción de dinero "no configura delito penal alguno", sin perjuicio de formar parte de alguna maniobra. "Al no indicar el denunciante cuál habría sido el supuesto destino ilegitimo de los presuntos fondos extraídos, no se advierte la posible comisión de delito alguno de competencia ordinaria", remarcó el representante del Ministerio Público Fiscal. E instó al juez de Instrucción desestimar este ítem de la presentación de López.
La contratación de una imprenta
El fiscal examinó la denuncia de López con relación a la presunta administración fraudulenta mediante el libramiento de 25 cheques oficiales por casi $ 500.000 en favor de una imprenta para "el pago de la campaña propagandística y proselitista que llevaban adelante Zacarías Khoder, candidato a legislador, y Camila Khoder, ex legisladora y candidata a intendente". Según la pesquisa, la firma contratada para la impresión de afiches estaría a nombre de un empleado de la Municipalidad de esa gestión.
"La verificación de los datos antes mencionados tornan razonable y necesaria una profundización en la investigación de estos hechos con el fin de corroborar si efectivamente se libraron los mencionados cheques y, en su caso, en qué concepto, en virtud de la presunta comisión del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública municipal", sostuvo Bonari, al justificar en este punto el pedido para avanzar con la causa.
Compras a una ferretería
Según la denuncia, entre junio y octubre de 2015 fueron librados 36 cheques en favor de una ferretería, por un total de $638.000. En este caso, López planteó que el "modus operandi delictivo se realizaba a través de la venta de materiales de construcción". El abogado aseveró que el dueño de la empresa era pareja de una mujer quien, a su vez, era pariente de Khoder, además de ocupar un cargo clave en el ámbito del municipio. Así, según la operatoria planteada, parientes del intendente contrataban y autorizaban las contrataciones, mientras la ferretería en cuestión proveía los materiales.
"No surge, prima facie, que haya habido una disposición patrimonial indebida por parte de la administración municipal, pues no se indica que se hayan abonado sobreprecios y/o que los presuntos materiales adquiridos no hayan sido efectivamente entregados", consideró Bonari.
De todos modos, advirtió que "las circunstancias detalladas sí podrían configurar el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública".
"El supuesto entramado de vínculos familiares que habrían existido entre las partes involucradas genera una obvia sospecha de parcialidad en la contratación", agregó el fiscal, al solicitar la apertura de la investigación en este punto.
Servicio fúnebre: "al servicio de la gente"
La denuncia sostiene que la Municipalidad bandeña contrataba "dos colectivos para el transporte de deudos". Además, sostiene que los rodados llevaban la leyenda: "al servicio de la gente", y que por la forma en que estaban pintados, se los "identificaba a los Khoder".
López sostuvo que la empresa prestataria era propiedad de una "sobrina del intendente", pariente además de otros funcionarios municipales. "Sólo entre el 7 de julio de 2015 y el 28 de agosto de ese año (...), emitió 20 facturas por supuestos transportes realizados, por la suma de $ 126.000", detalla, siempre consignando valores de hace cinco años.
"El denunciante no cuestiona, al menos directamente, el precio del servicio ni que el mismo no haya sido prestado conforme lo facturado, sino que nuevamente lo que se pone en tela de juicio es que la presunta proveedora tendría lazos familiares con los denunciados, lo que conlleva como lógica consecuencia la presunta comisión del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública", analizó Bonari, al requerir también sobre este aspecto la posibilidad de profundizar la investigación.
Las fotomultas: ¿empresa "pantalla"?
En el marco de este expediente, el fiscal analizó también la contratación de una empresa dedicada a la "constatación, por medios electrónicos -sobre todo, cámaras-, de las infracciones de tránsito que acontecen en el ejido municipal, y a su posterior cobro".
López sostuvo que se trata de una "empresa pantalla", y que en realidad pertenecía al propio Khoder. Además, relató una presunta maniobra irregular en la liquidación efectuada por la Municipalidad, en septiembre de 2015, en favor de esa firma.
En ese aspecto, Bonari no halló indicios de una infracción al Código Penal. "La supuesta desprolijidad contable señalada no constituye per se un delito (...). Si la suma abonada es correcta, es posible inferir con facilidad que la administración municipal podía acceder a la liquidación de lo recaudado por otros medios, diversos del informe bancario, no por ello necesariamente ilícitos", consideró el fiscal.
No obstante, aclaró Bonari, se planteaba una situación diferente ante la posibilidad de que la firma fuera "una pantalla", sobre todo tras los informes de AFIP. "En base a las pruebas colectadas, este Ministerio Público Fiscal no pudo corroborar la existencia de dicha empresa", indicó. Y agregó que, según las pruebas aportadas por López, "las facturas contendrían un domicilio impreciso (sin indicar la ciudad del domicilio social) y carecerían de teléfono y dirección de
correo electrónico, datos relevantes si se trata de una empresa de cobros de multas",
Estas cuestiones, añadió el fiscal, "plantean la necesidad de disponer otras medidas investigativas tendientes a corroborar" la situación, por lo que pidió la apertura de una investigación jurisdiccional al respecto.
La recolección de residuos, también bajo la lupa
El Ministerio Público Fiscal también puso la lupa sobre la adjudicación directa del servicio de recolección de residuos en el distrito bandeño durante la gestión de Khoder.
Según López, esta firma tenía "similar domicilio" al de una sociedad integrada por la esposa de un funcionario de la Intendencia, quien a la vez era familiar directo del jefe municipal. Advirtió que estas empresas contaban con "el mismo socio" -quien según la denuncia también sería funcionario de la Intendencia-, y que ambas eran "utilizadas para la comisión de delitos contra la administración pública".
"En base a lo expuesto, con los elementos obrantes en autos, por ahora, no es posible descartar la configuración de un injusto penal, por lo que se solicita la investigación jurisdiccional con el fin de profundizar la investigación en orden a la presunta comisión del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública", requirió Bonari al juez.
Ayudas para inundados
El representante del Ministerio Público Fiscal no hizo lugar a la denuncia en cuanto al presunto uso irregular de fondos girados por la Provincia para asistir a inundados del distrito bandeño en 2015, algo que sostenía Khoder.
"Según el Informe remitido por la Tesorería General de la Provincia, de fecha 11/12/2017, la suma de $ 13,2 millones fueron fondos girados por la Provincia a la Municipalidad Banda del Río Salí en el marco de la Ley n° 8773/2015, correspondiente al concepto de Asistencia Financiera a Municipios y Comunas", detalló Bonari.
Destacó que, sobre la base de los datos obtenidos, se supo que esos recursos podían ser destinados "al pago de las planillas salariales, costos del servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos generados por cada municipio y todo otro gasto que haga al normal funcionamiento" del Ejecutivo local.
"El destino de los fondos no era necesariamente solventar
inundados y evacuados, por lo que la afirmación realizada por el denunciante al decir que al no haberse producido inundaciones el dinero se habría utilizado en la campaña electoral 2015 carece de sustento", definió Bonari.
Lo que se investigará
Debido a que el intendente Khoder cuenta con fueros constitucionales, Bonari deberá aguardar la definición del juez de Instrucción que corresponda para poder avanzar con la obtención de pruebas, entre las que figuran pedidos de informes a la Municipalidad de Banda del Río Salí (hoy en manos del también peronista Darío Monteros, rival territorial de los Khoder), a AFIP y al banco.
El representante del Ministerio Público señaló a: Zacarías Khoder; a Hortensia Cecilia Toledo; a Arnaldo Toledo; a Alejandro Khoder; a Luis Drovetta; a Marco Antonio Cañoto; a Jose Augusto Lescano Torres; y a Sonia Tripi.
Según el requerimiento de instrucción, se investigará: "la presunta utilización de fondos públicos en el financiamiento de la publicidad gráfica de la campaña política realizada previa a las elecciones 2015"; la supuesta contratación de la empresa de ferretería "que sería propiedad de quien tendría lazos familiares cercanos con funcionarios del municipio en el año 2015"; la presunta "contratación del Servicio de Transporte de Deudos, cuya propietaria tendría lazos familiares cercanos con funcionarios del municipio en el año 2015"; y la firma de fotomultas, "a fin de verificar si la misma es de propiedad del justiciable Zacarías Khoder". Por último, se analizará el caso de la empresa de servicio de recolección de residuos, "cuyo socio-gerente tendría vínculo comercial con familiares directos de funcionarios del municipio en el año 2015", determina el informe oficial.
LAGACETA.com consultó sobre la situación al legislador Khoder, quien expresó que no había sido notificado sobre este avance en el proceso judicial. De todas maneras, rechazó todas las imputaciones y sostuvo que cada una de las contrataciones efectuadas en su gestión están bien justificadas.