Es sinónimo de delito apoderarse de un bien o derecho ajeno, generalmente por medios violentos, así como arrogarse la dignidad, empleo u oficio de otro, y usarlos como si fueran propios. Con alguna frecuencia el verbo usurpar cobra protagonismo social en el suelo tucumano. Las tierras fiscales y también los terrenos privados han ejercido una fuerte atracción en los amantes de lo ajeno. En el primer caso, el argumento más elemental para apropiarse de ellos es que si son fiscales, pertenecen al Estado, por lo tanto, son de todos, o sea que “no perjudico a nadie, solo tomo lo que me corresponde”. En el segundo caso, si los inmuebles están desocupados y si el usurpador carece de lugar donde vivir, “tiene derecho” a tomar posesión de lo ajeno. Quienes habitualmente apelan a este recurso son personas sin recursos, que viven en la miseria.

La primavera pareciera haber despertado los deseos usurpadores de algunos comprovincianos. Repasemos algunos títulos de LA GACETA en lo que va de septiembre: 06/09: “Recuperaron tierras fiscales usurpadas en El Cadillal. Anunciaron que seguirán con los operativos… El Ministerio de Seguridad en conjunto con el Ente Tucumán Turismo, Fiscalía de Estado, y las direcciones de Catastro y de Flora y Fauna de la provincia realizaron ayer un primer procedimiento para recuperar terrenos fiscales que fueron usurpados en diferentes lugares de esa zona”.

07/09: “Toma de terrenos: denuncian que fueron usurpadas 240 hectáreas en Tapia. Los propietarios acudieron a la Policía y a la Justicia hace 60 días y todavía no hay respuestas”. 08/09: “Denunciaron la apropiación de terrenos del ferrocarril Belgrano… Vecinos de Lomas de Tafí denunciaron ayer en la comisaría de esa ciudad que un grupo de desconocidos intentaba establecerse sobre terrenos cercanos al Pozo de Vargas. Se trata de alrededor de 60 familias que se habían constituido en el lugar, con la presunta intención de usurpar”. 08/09: “Aumentará la custodia de la Policía Federal en Pozo de Vargas por temor a las usurpaciones. El fiscal federal Pablo Camuña pidió resguardar la zona pendiente de investigación judicial por fosas comunes”.

08/09: “Quemaron cubiertas frente a tribunales para reclamar por la usurpación de 240 hectáreas en Tapia… Los manifestantes indicaron que hasta el momento no tuvieron ninguna respuesta ni de la Policía ni de la Justicia”. 09/09: “Ocupan terrenos fiscales para después venderlos en loteos. La Provincia tiene 150 juicios iniciados por usurpación en El Cadillal”.

19/09: “Usurpaciones: torturas y amenazas por un terreno en El Cadillal. Un hombre denunció haber sido golpeado y amedrentado por un vecino que habría enviado a un grupo de personas ‘pesadas’. Detalles estremecedores”.

El despojo de inmuebles fiscales y privados es cada vez más común y en algunos lugares, como la zona de El Cadillal, estos episodios delictivos se registran desde hace tiempo y con cierta frecuencia. Ya en 2002, el entonces fiscal de Estado les había pedido a delegados comunales que denunciaran ocupaciones y había solicitado al Ministerio de Gobierno que accionara legalmente contra la comisionada de El Cadillal porque durante su gestión se habían registrado irregularidades graves en la tenencia de lotes.

Este nueva ola del robo de propiedades pone de relieve una vez más la impericia de Estado para hacer cumplir la ley; la Policía y la Justicia deberían actuar con mayor celeridad. Se suele decir que muchas acciones son estimuladas por sectores políticos, ávidos de votos, y en ese caso, se debería investigar.

La autoridad suele reaccionar una vez que se ha producido el delito. Trabajar en la prevención, diseñando estrategias comunes entre los municipios, sería fundamental para evitar estos hechos que desnudan, por otra parte, un serio problema social, que urge atender.