Seis meses pasaron desde que se desencadenó la pandemia por la enfermedad covid-19 y la emergencia sanitaria subrayó en los municipios tucumanos los problemas que ya inquietaban a los vecinos y autoridades. Con el paso de los meses, se acentuaron tres de las cuestiones que ya venían desvelando a los jefes municipales: el aumento de la pobreza; la sequía en las finanzas estatales y el crecimiento de la inseguridad.

La situación de las ciudades y, como consecuencia, sus “agendas” tienen matices y distintas prioridades. En las hojas de la de San Miguel de Tucumán y en las de los distritos que la rodean el tema excluyente por estos días es la pandemia y cómo afrontar el aumento sustancial de contagios. Las poblaciones del área metropolitana están padeciendo la circulación y el intercambio permanente de vecinos. El 80% de las personas que se contagiaron desde marzo a la fecha viven en el Gran San Miguel y en sus alrededores.

En las últimas semanas hubo algunos entredichos entre jefes municipales y funcionarios de la capital, por la gestión de la pandemia. Algunos de ellos, como el bandeño Darío Monteros o el talitense Carlos Najar, habían coincidido en cuestionar la falta de controles y de medidas en la Capital. Fuera de micrófono, otros intendentes también apuntaron al intendente Germán Alfaro y consideraron que no quería quedar “pegado” al coronavirus y que por eso acataba a rajatabla las determinaciones del Comité Operativo de Emergencia (COE), sin tomar determinaciones más duras como hicieron sus colegas. Como contrapartida, funcionarios alfaristas habían respondido las críticas y afirmado que la capital no podía restringir más porque tiene características particulares al ser el centro de las actividades administrativas y económicas de la provincia. Apuntaron a que hay otras urbes que no cuentan con la infraestructura como para atender la demanda de los habitantes y que atender a esas necesidades es una sobreexigencia para la de San Miguel. Más allá de la polémica, los intendentes saben que lo peor está por venir y esperan poder atender la situación con la asistencia especial de la Provincia.

En un segundo plano, aunque latente y también anotadas como prioritarias, aparecen las problemáticas que alcanzan a todos los otros distritos: la delicada situación social y la falta de seguridad.

Quienes están a cargo de las administraciones más alejadas de la plaza Independencia vienen advirtiendo sobre el aumento alarmante de la pobreza. Sostienen que si bien la asistencia provincial y nacional fueron amortiguadores clave en la primera etapa de aislamiento, ya no dan abasto. Los comedores y merenderos proliferan en los barrios por la demanda de comida. Los intendentes están en la primera línea a la hora de recibir los reclamos de la calle y tratan de paliar los pedidos repartiendo mercadería o ayudando a pagar servicios.

La desocupación y el empleo en negro registran índices altos en Tucumán desde hace años y esa tendencia parece afianzarse dramáticamente.Tanto las previsiones de los organismos internacionales como de los nacionales presagian más pobreza y una mayor caída de la economía.

La Provincia y los municipios reconocen que la distribución del dinero nacional y provincial (mediante las leyes de coparticipación) no es justa y que el sistema está desactualizado, pero la mayoría prefiere mantener las reglas como están. Los que accedieron al Pacto Social no quieren moverse de allí porque ceder el manejo de sus recursos a la Provincia -por estos meses escasísimos- está garantizando el pago de los salarios de los empleados públicos. La cantidad de empleos en el Estado hace que este ítem sea medular para mantener la llamada paz social.

Los que no están dentro de ese acuerdo financiero, hacen malabares.

Una gran porción de los 17 intendentes no está en condiciones de reclamar una nueva Ley de Coparticipación provincial, porque modificar los números significaría mover los porcentajes y nadie está dispuesto a perder ni un centavo. Los reclamos suelen provenir de la oposición, que pretende adquirir más autonomía.

A los números en rojo se suma que las obras públicas, que emplean cuantiosa mano de obra, llegan con cuentagotas para los municipios. Salvo pocas excepciones, son pequeñas y los procesos administrativos para gestionarlas marchan lento.

La cuestión de los recursos toca otro de los dramas en la provincia. La necesidad de implementar operativos durante la pandemia evidenció aún más la escasez de policías y de vehículos. La inseguridad parece imposible de mantener a raya, sobre todo en urbes donde hay poquísimos agentes. La Provincia culpa a la ex gestión macrista nacional; los ex funcionarios macristas al kirchnerismo y así en un círculo que no permite identificar con claridad a los responsables. Algunas intendencias pudieron complementar las tareas preventivas con cuerpos de vigías o agentes municipales. También hay comisarías que se arreglaron después de décadas, pero no alcanza.

Lo que vendrá en la provincia después de la pandemia no es una incógnita. La crisis económica, social y de seguridad ya son palpables en los distintos municipios.La situación empobrece y desvela a los vecinos y se impone en la agenda de los intendentes.