Estos son algunos de los problemas con los que se encontraron los investigadores y la Justicia para esclarecer el crimen de la empresaria. Son los mismos obstáculos que se presentan en la investigación de todos los casos y que se mantienen desde hace más de una década.

1.- Las cámaras, un calvario

Ana Dominé fue asesinada de un disparo en la cabeza el sábado 12 en la avenida Alem y Crisóstomo Álvarez. Los delincuentes la atacaron en una zona transitada y, en la fuga, utilizaron calles que están bien iluminadas y que también tienen mucho movimiento.

Se estima, que pasaron por el campo de acción de más de una docena de cámaras de seguridad del Estado. Pero no pudieron analizar ninguna imagen, ya sea porque no estaban funcionando, no estaban operativas por otras cuestiones (tapadas por las ramas de los árboles o apuntaban para cualquier lado) o porque registraron cuadros con una nitidez tan baja que no se pudo observar nada.

Los investigadores de la Policía deben recurrir a las cámaras de particulares. Pero tampoco es una tarea sencilla. Primero, se debió establecer el supuesto recorrido que hacen los delincuentes y después, cuadra por cuadra, analizar qué vivienda cuenta con este sistema. Luego, amablemente, deben presentarse ante sus propietarios para explicarles quiénes son y qué es lo que están buscando. La mayoría colabora con los pesquisas, pero no todos. Y ahí comienza otro trabajo.

Después de identificar a los propietarios, los investigadores deben pedirle al fiscal que le solicite a un juez un allanamiento en la vivienda que tiene como único fin extraer el dispositivo de la vivienda para que sea analizado. Este trabajo puede durar hasta 48 horas.

El legislador Gerónimo Vargas Aignasse anunció en el programa “Panorama Tucumano” que la Nación enviará a la provincia $400 millones para la compra de equipamiento. Según dijo, con esos fondos, se comprarán unas 500 cámaras de seguridad de alta tecnología para colocarlas en el Gran San Miguel de Tucumán.

2.- Análisis artesanal

Personal de la división Homicidios, al mando de los comisarios Jorge Dib, Diego Bernachi y Juana Estequiño, consiguieron las imágenes de 31 cámaras de seguridad que podrían aportar datos clave en la investigación. Pero como la Policía no cuenta con la tecnología necesaria para analizarlas, todo se hace de manera artesanal.

¿Y cómo es ese sistema? Se convoca a personal de otras áreas para que colaboren en el análisis de las imágenes, mientras otro grupo continúa con la tarea de campo. Los efectivos se sientan frente a monitores y analizan las escenas que tomaron las cámaras. En el caso Dominé en particular, se observaron segundo a segundo más de 95 horas de imágenes y, muchas de ellas, cuadro por cuadro, por lo que la tarea se hizo interminable. Pero los problemas no terminaron allí.

Los especialistas pueden conseguir un dato, pero no cuentan con las herramientas tecnológicas suficientes para el mejoramiento de la imagen. Esa tarea, a veces, se puede desarrollar en el Equipo Científico de Investigación Fiscal del Ministerio Público Fiscal. Si el problema no se resuelve allí, la prueba es enviada a Salta, Chaco o Buenos Aires para ver si se ellos pueden resolver el problema con software mucho más modernos de los que existen en la provincia.

3.- Las redes, un problema

El domingo 13 por las redes sociales comenzaron a divulgarse imágenes y datos de quiénes podrían ser los autores del crimen de Dominé. También se difundió información sobre algunos testigos que después no quisieron declarar por temor a sufrir represalias.

El fiscal Carlos Sale, que lleva adelante la pesquisa, tuvo que ingeniárselas para utilizar esa información como indicio y no como prueba para evitar futuros planteos de nulidades.

“Esa información la estábamos manejando, pero tuvimos que salir a buscar otro tipo de prueba porque ya estaban contaminadas”, explicó Dib, jefe de la ex Brigada de Investigaciones. “También hubo problemas con algunos testigos que dijeron que estaban dispuestos a hablar, pero después no quisieron hacerlo porque tenían temor de que su identidad se diera a conocer”, agregó.

Dib señaló que es lógico que la sociedad, ante este tipo de casos exija una rápida respuesta por parte de la Policía, pero  esta no es una buena manera de colaborar. “La ayuda que se necesita es que vuelquen la información a la Policía para que investigue. Los tucumanos deben confiar en la fuerza que investiga todo de manera reservada y profesional”, concluyó.

4.- Taxis ilegales

Los pesquisas, desde un primer momento, sospecharon que un taxi estaba involucrado en el caso. Cuando lograron identificar la licencia, el Sutrapa le informó quién era su titular. Se presentaron en la casa de la propietaria, pero la mujer les dijo que la había vendido a fines de 2017 a otro hombre del que sólo identificó el nombre. Los investigadores lograron ubicarlo y fueron a entrevistarlo. Él les dijo que al taxi se lo alquilaba a Raúl Antonio Greco, uno de los imputados del caso.

El subsecretario de Tránsito de la capita,l Enrique Romero, dijo que todo está mal con esta situación. “Hay licencias que no pueden ser transferidas y por eso no se informa el cambio de titularidad. Además, en nuestra ciudad no está reglamentado el alquiler de taxis y corre por cuenta de los propietarios porque la ordenanza no dice nada al respecto. Esta situación nos está generando muchísimos problemas porque varios delincuentes recurren a esta vía para conseguir vehículos con los que salen a delinquir”, explicó.

El Sutrapa se creó luego de la desaparición y el crimen de Paulina Lebbos. La idea era que todos los propietarios y los choferes estén debidamente identificados para que puedan ser ubicados rápidamente si cometían algún delito. Para lograr ingresar al sistema, también deberían presentar un certificado de buena conducta expedido por la Policía.

En este caso, el “dueño” de la licencia informó quién era el arrendatario y que tenía instalado un sistema de seguimiento de GPS. Por eso lo pudieron detener rápidamente y ubicarlo en la zona donde ocurrió el crimen.

5.- ¿Y el proyectil?

El proyectil de la bala que habría disparado Cristian “Pety” Godoy ingresó por el pómulo derecho de Dominó y salió por el parietal izquierdo. Luego rozó el apoya cabezas del asiento que ocupaba su hijo Lucas Quesada y por último salió para la ventanilla trasera izquierda. El plomo nunca pudo ser encontrado por los peritos. La fuerza no cuenta con un buscador o un detector de metales, instrumentos que se utilizan para encontrar este tipo de material en la escena del crimen. El Ministerio Público Fiscal acaba de adquirir uno, pero ni aun así se pudo encontrar el plomo. En otras provincias y países utilizan escáneres especiales para ubicar los proyectiles en las escenas de los crímenes.

6.- Los celulares “hablan”...

En la jerga de los investigadores hay un viejo refrán que se instaló con la masificación de su uso: “los celulares hablan”. Pero el problema es que en Tucumán no hay muchas opciones para escucharlos. La fuerza de la provincia no cuenta con la tecnología para realizar las escuchas directas -se llama así las conversaciones en vivo de los sospechosos- con autorización judicial, por supuesto.

Existe la opción de recurrir a la Nación para que se graben las conversaciones en vivo a través de un pedido que realice un magistrado y que esté debidamente justificado. Ese material se entrega con al menos unas 12 horas de demora y un efectivo debe analizarlo. Además, se le debe sumar el tiempo que se necesita de extracción de datos que sean útiles para el desarrollo de la investigación.

El MPF sí cuenta con el sistema para analizar los mensajes y audios que se envían desde los teléfonos utilizados. También pueden establecer las llamadas que se hicieron entre varias personas. Pero la gran cantidad de pericias que llevan adelante impide un resultado veloz. Los delincuentes saben de esta situación y cada vez son más precavidos. En la causa Dominé sólo se encuentra un celular para ser peritado, y es el que entregó Braian “El Hijo de Zenón” Leguizamón a la Justicia.

7.- Testigos sin protección

La cuñada que se contactó con la sobrina de la víctima para aportar datos clave de la pesquisa, no declaró porque tuvo miedo de sufrir represalias por parte de los integrantes de la banda. En nuestra provincia existe una norma que protege a los testigos. La ley establece cómo se puede ayudar al que se atreve a romper el silencio, pero su aplicación está lejos de ser una realidad. Le secretaria de Derechos Humanos Érica Brunotto, ante la falta de un plan de acción, es la que interviene personalmente para solucionar los problemas que se presentan. En este caso, a la mujer se le ofreció ayuda, pero terminó desapareciendo.

8.- Espera por un ADN

En el lugar donde se produjo el homicidio de la empresaria, los peritos encontraron restos de vidrios con supuestas manchas de sangre. Los restos biológicos podrían pertenecer, según la teoría del fiscal Sale, a “Pety” Godoy o a Federico “El Loco Fede” Sánchez, quienes fueron los que se acercaron a la camioneta para cometer el robo. Los investigadores creen que uno de ellos se lastimó al romper la ventanilla o al ingresar sus brazos para arrebatarle el bolso donde Dominé llevaba el dinero.

Los peritos del Ecif están analizando si se trata de sangre humana y, si es así, se ordenará realizar una pericia de ADN. Pero ese estudio, indefectiblemente debe desarrollarse en otra provincia: Salta, Chaco o Buenos Aires, porque en Tucumán no se realizan estas pruebas para causas penales.

Cabe recordar que la fiscala Adriana Giannoni tuvo que esperar 30 días para constatar que la sangre encontrada en un pantalón, el cuchillo y las zapatillas de Jorge Herrera eran la del padre Oscar Juárez.