Diez dirigentes de Juntos por el Cambio solicitaron a la Legislatura que expulse al vocal Daniel Leiva de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. El escrito presentado ayer lleva la firma de la senadora Silvia Elías de Pérez; de los diputados José Cano y Lidia Ascárate; del intendente de Yerba Buena, Mariano Campero; de los legisladores José María Canelada y José Ricardo Ascárate; del concejal e interventor de la Unión Cívica Radical, José Francisco Argañaraz; del funcionario municipal Javier Jantus; del dirigente Mariano Malmierca y de la ex edila Sandra Manzone. Según los denunciantes, Leiva debe ser destituido por actos de parcialidad manifiesta; intervención activa o encubierta de actividades de política de partidos, y falta de independencia.
Los integrantes de Juntos por Cambio reprodujeron las noticias de la denuncia que presentó Enrique Pedicone, juez de Impugnación de la capital, contra Leiva, a quien atribuyó la supuesta comisión de los delitos de tráfico de influencias, coacción y violación de los deberes de funcionarios públicos. “La prensa hace referencia a grabaciones que quedaron a disposición del público el 6 de septiembre pasado. Los audios difundidos son dos: una conversación telefónica en la que Leiva solicita a Pedicone reunirse, y coordinan lugar y hora, y el siguiente audio es sobre la conversación que mantienen en el bar convenido”, relataron.
Los dirigentes afirmaron que en los audios reconocían la voz de ambos jueces y transcribieron la conversación completa del intercambio en la cafetería donde Leiva pediría a Pedicone que “maneje las intensidades” de la causa por supuesto abuso sexual e irregularidades con cuentas bancarias contra el legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana).
“Los hechos (del 28 de julio) hasta aquí indicados no son los únicos adjudicados al vocal Leiva pasibles de cuestionamiento. Pesa sobre él una denuncia penal anterior por haber violado la cuarentena para participar de un asado en mayo”, recordaron. Y añadieron que esta comida fue un mitin político, no una actividad institucional, porque en ella intervinieron el gobernador Juan Manzur; el vicegobernador Osvaldo Jaldo; la diputada justicialista Gladys Medina; los intendentes oficialistas Darío Monteros, Carlos Najar, Javier Noguera y Aldo Salomón, y los ministros Miguel Acevedo, Gabriel Yedlin y Rossana Chahla.
“Con los hechos descriptos queda de manifiesto que Leiva no estaría llevando adecuadamente las funciones que le corresponden por ley”, observaron Elías de Pérez, Cano, Ascárate, Campero, Canelada, José Ascárate, Jantus, Argañaraz, Malmierca y Manzone. Y observaron que Leiva había transgredido normas y principios constitucionales básicos: “un vocal de la Corte que actúa como mensajero del Gobierno de turno está interviniendo activamente en política y poniendo fin a la buena conducta que su cargo, máxime del superior tribunal de justicia, le exige. Por ello es posible iniciar el proceso de juicio político para apartarlo de la función”.
“Las claras referencias en el audio (grabado por Pedicone) de Leiva, de que había estado hablando (del tema) con Juan y de que él todavía se incluía en el espacio oficialista, más la participación en el acto político, dan cuenta de una actividad incompatible con la del vocal de la Corte. No se puede pasar por alto que llegó allí tras ser fiscal de Estado y que estaba formalmente afiliado al Partido Justicialista. Leiva se retiró, pero sigue siendo custodio de sus intereses y no ofrece garantías de imparcialidad”, expresaron los miembros de Juntos por el Cambio.
Los planteos en contra
Vocal de la Corte Suprema: Leiva enfrenta tres pedidos de juicio político: uno presentado por el abogado Nicolás Mirande y el ingeniero Fernando Sergio Vera del Barco (ambos del Pro); otro de la gremialista Alejandra Martínez y el abogado Gustavo Morales, y un tercero de 10 dirigentes de Juntos por el Cambio.
Juez del Tribunal de Impugnación: Enrique Pedicone enfrenta dos pedidos de destitución: el primero lleva la firma de la víctima Lucas Emmanuel Mayer y de su padre, el abogado y ex juez Carlos Mayer, mientras que el segundo es impulsado por el ex legislador y letrado Juan Eduardo Rojas en representación de los familiares de las víctimas Giselle Tatiana Barrionuevo Núñez y José María Concha.