“Esto es como una mancha de aceite en el agua. Si no se la frena a tiempo, se irá extendiendo con el correr de los días”, señaló Pablo Iramain, representante en nuestra provincia del Comité de Seguridad de la Sociedad Rural de Tucumán al hablar sobre el incremento de las usurpaciones en la provincia que no sólo afecta al sector productivo, sino al mismo Gobierno, ya que hay gente que también se está apoderando de tierras fiscales.
Los casos son cada vez más comunes. El último de los hechos se registró el lunes por la tarde. Un grupo de por lo menos 60 familias se presentó en un predio de Pozo de Vargas para instalarse allí. La presencia de esas personas generó un revuelo que movilizó a la Policía y a la Justicia Federal. Esa zona estaba protegida por que allí se encontrarían fosas comunes que son pruebas en los juicios por delitos de Lesa Humanidad. Pero ese caso de Villa Muñecas se repitió en Villa 9 de Julio, Alderetes, Santa Ana, Tafí Viejo y en los principales centros turísticos de la provincia.
“En la pandemia se incrementaron las usurpaciones. Estamos trabajando para poner freno a esta situación. El gobernador (Juan) Manzur nos pidió que pusiéramos mucho recelo en esta tarea”, dijo Alejandro Navarro, titular de la Dirección General de Catastro. “Es un tema en el que se está trabajando y tiene que ver que no hubo políticas habitacionales en cuatro años. Por ese motivo, el gobierno nacional creó el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat con el fin de buscar planes de acciones concretas para solucionar este conflicto”, explicó la interventora del Instituto Provincial de Vivienda, Stella Maris Córdoba.
Ocupan y cosechan
En el campo, el panorama se ha tornado complicado. Los productores no sólo temen perder sus tierras, sino que muchas veces las ocupaciones ilegales son temporales, ya que permanecen en el lugar hasta que se quedan con las cosechas del propietario de las hectáreas que ocuparon. “En Tucumán no se produjeron muchos casos como en otras partes del país, pero no hay dudas de que existe una preocupación en el sector”, añadió Iramain.
El jefe de Policía, Manuel Bernachi, detalló que la fuerza está abocada a este tema. “No sólo acompañamos y brindamos tareas de seguridad en los operativos, sino que estamos abocados a la prevención y actuamos cada vez que se produce un caso. Usurpar es un delito y por lo tanto, cada vez que se produce un caso, se inicia una causa judicial y se espera las órdenes de las autoridades para determinar los pasos a seguir”, explicó. “Paralelamente, se inicia una investigación para tratar de establecer quiénes son los cabecillas del grupo que movilizan esta ocupación ilegal”, agregó.
El subsecretario de Seguridad, José Ardiles, añadió: “Las usurpaciones generan el desgaste de la fuerza policial, ya que se afectan recursos humanos y logísticos para frenar estas situaciones, que además requieren de un abordaje especial por la cantidad de mujeres y niños que forman parte de estas iniciativas ilegales”.
En la Justicia
El fiscal regional de los centros judiciales de Monteros y Concepción, Mariano Fernández, explicó que “se notó un incremento de casos en los últimos meses, por lo que decidimos actuar de otra manera. Lo más importante es evitar que la gente se instale”, explicó en una entrevista con LA GACETA.
El funcionario aclaró que la semana pasada, un grupo de personas se presentó en un predio importante de Concepción. Al enterarse de la situación, acompañados por la Policía, empleados del MPF les advirtieron que estaban en una propiedad privada y que no se les permitiría la instalación, por lo que se terminaron retirando. “Lo más importante en este caso es que se actuó sin que el propietario haya denunciado el hecho. Respondimos a la demanda de los vecinos que se presentaron a decir qué es lo que estaba ocurriendo”, indicó Fernández.
El fiscal regional comentó que con la implementación del nuevo Código Procesal Penal se logró acelerar las resoluciones de los casos de viviendas y terrenos privados. “El denunciante se presenta, hace la denuncia, y en la audiencia, presentando la documentación que se requiere para probar la pertenencia, con una medida cautelar el juez ordena la restitución del bien. El trámite, como máximo, demora una semana; antes eran meses”, explicó.
Legisladores, atentos
“La protección de la propiedad privada no se debe discutir en lo más mínimo. Se debe proteger como sea. No podemos más que advertir al Poder Ejecutivo que esté atento a estas situaciones para evitarla. También debe velar por los terrenos fiscales que inescrupulosos están adueñándose para hacer negocios”, dijo el legislador oficialista Julio Silman.
Su par, Javier Morof, agregó: “deberíamos emitir una resolución para que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, evite una usurpación. Esto es cometer delito y por ese motivo debe haber tareas de prevención y una posterior acción judicial”.
El radical Ricardo Ascárate indicó que en la sesión legislativa de hoy pedirá sobre tablas el tratamiento de un proyecto de resolución solicitando al PE y al PJ hacer cumplir la garantía constitucional de resguardar el derecho a la propiedad. “No se puede hacer la vista gorda ni bajo derechos sociales a que se ataquen garantías constitucionales explícitas; dando rienda suelta a intermediarios políticos para proceder a apropiarse de bienes ajenos”, concluyó.
Otra postura
En el IPV buscan hablar con usurpadores
“En este tiempo hemos sufrido dos intentos de usurpaciones en Manantial Sur y en Río Seco. Afortunadamente logramos evitarlas, pero es un fiel reflejo de la crisis habitacional que hay a nivel nacional y no sólo provincial”, explicó la interventora del Instituto Provincial de la Vivienda, Stella Maris Córdoba. “Las personas que intentaron apoderarse de las casas del sur de la capital son todas de esa zona. Por ese motivo, nos estamos reuniendo con ellos para buscar algún tipo de solución al problema. Buscamos que todos puedan acceder a una vivienda, pero siempre respetando las formas y los tiempos”; agregó.