El juez Enrique Pedicone remitió ayer una nota a la decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, Adela Seguí -y a una veintena de instituciones-, mediante la que le solicita que ponga a disposición de la “ciudadanía” el Aula Magna para que se realice una audiencia. En el ámbito del escándalo que sacude a las instituciones, el magistrado pretende hacer públicas allí las pruebas que él tiene para sustentar su denuncia contra Daniel Leiva, vocal de la Corte Suprema, y las que este dispone para defenderse. Si bien Seguí había dicho que convocaría con urgencia al Consejo Directivo de Derecho, ayer informó que los consejeros se reunirán el miércoles.
“Me siento como un muerto que camina”, dijo Pedicone parafraseando al juez italiano asesinado Paolo Borsellino en el preludio de su nota. Allí manifestó a la decana: “nuestra casa de altos estudios (Pedicone es profesor adjunto de dos materias) no puede estar ajena en un momento en el que la ciudadanía no sabe qué hacer, ni en quién confiar, y permanece atónita frente a los hechos del caso ‘Leiva’. La sociedad necesita limpiar las instituciones y ver que lo blanco sea blanco, y no que le digan que es negro”.
Pedicone precisó que es pública su denuncia contra Leiva como así también es pública la “intimación” del vicegobernador Osvaldo Jaldo para que presente las pruebas a la Justicia. “La Corte guarda silencio, pero Leiva, no. Este despoja a Sbdar de la presidencia, sin reunión ni decisión del altísimo tribunal, y en un trámite exprés remite al parlamento local un listado de 104 supuestos presos liberados por mí en mi rol de juez revisor de garantías de sentencias inferiores. Es necesario hacer un alto para resaltar que no todas las causas son de presos, aunque el vocal Leiva le incruste este título. Así, por ejemplo puede verse en la numeración (ítem N° 96) de la solicitada de la Legislatura que expone públicamente a ciudadanos sin condena en apoyo al vocal remitente Leiva, una causa armada contra la sociedad Factor SA, cuyo directorio está formado por el padre, la madre y los hermanos de la periodista Irene Benito”, subrayó Pedicone.
Entregar los teléfonos
El juez, quien ayer sacó licencia para dedicarse a desenvolver su denuncia, tal y como había pedido el presidente del Colegio de Abogados de la Capital, Marcelo Billone, advirtió que tanto Leiva como su abogado defensor, Esteban Jerez, aseguraron que los audios que complicarían al ministro de la Corte “fueron fabricados” y que “la conversación nunca existió”. Sobre ello manifestó: “estamos en un caso grave de corrupción y destrucción de la división de poderes al tener, parecería, el vicegobernador un delegado en la propia Corte como lo demuestran las pruebas que puse a disposición de la fiscala (Mariana Rivadeneira), pero no me las requiere. Sí lo hace el vicegobernador Jaldo, públicamente vulnerando la independencia del poder judicial. Como lo dije antes, el informe del Parlamento local no es respondido por la presidenta de la Corte, la doctora Sbdar, pero sí -en una conducta típica- por el vocal Leiva, delegado del vicegobernador”.
Pedicone agregó que si Leiva y Jerez están tan seguros de que sus pruebas son fabricadas, no tiene sentido que no estén dispuestos a someter los audios; el dispositivo en el que se habrían grabado, y los teléfonos celulares a peritaciones que permitan saber la veracidad o no de lo manifestado en su denuncia. Según el juez, sería bueno que la Justicia ubicara las antenas de los celulares como ocurrió en la investigación del homicidio de Paulina Lebbos. “¿Tomaría ese riesgo el vocal Leiva y su defensor, señora decana? Yo sí. O miente Leiva o miento yo”, sentenció Pedicone.
Plan de pedir el asilo
El juez remitió (con las traducciones correspondientes) la misma nota que envió a Seguí a las embajadas de Italia, los Estados Unidos, Francia, España e Israel. En inglés, Pedicone especificó que él y su familia tenían ciudadanía italiana, y que planeaba solicitar asilo a la representación de ese país en la Argentina “en atención a la tensa y delicada situación institucional”. A esos efectos, incluyó copias de la primera página del pasaporte.
Pedicone asimismo remitió la presentación dirigida a Seguí a los siguientes instituciones y organismos: Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU (Organización de las Naciones Unidas); Corte Suprema de Justicia de Tucumán; Ministerio Público Fiscal; Ministerio Público de la Defensa; Federación Argentina de la Magistratura; Federación Argentina de Colegios de Abogados; Arzobispado de Tucumán; Obispado de Concepción; Colegio de Abogados de Tucumán; Colegio de Abogados del Sur; Universidad de Buenos Aires; Universidad Nacional de La Plata; Universidad Nacional de Cuyo; Universidad Nacional de Rosario; Universidad de Belgrano; Universidad Nacional de Córdoba; Universidad Nacional de San Luis; Universidad Nacional de Mar del Plata; Universidad Nacional de La Pampa; Universidad Nacional de Catamarca; Universidad Nacional de Entre Ríos; Universidad Nacional de Formosa; Universidad Nacional de Jujuy, y demás universidades públicas y privadas del país; Presidencia del Honorable Senado de la Nación; Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pedicone cerró el texto con el célebre lema británico citado por Francesco Carrera: “dadme de comer una costra de pan, pero dadme la libertad”.
Aval de LA GACETA a la periodista Benito
En su presentación el juez Pedicone hace mención a un juicio en el que tuvo intervención y que refiere a familiares de la periodista de LA GACETA Irene Benito, quien viene participando de la investigación de este escándalo que explotó el 1 de septiembre. Se trata de una de las 104 causas que el vocal Leiva envió a la Legislatura. LA GACETA avala y respalda el trabajo y la objetividad con la que se ha venido desempeñando la periodista Benito, integrante del equipo que viene investigando estos hechos.