Este no parece ser un buen año del oficialismo tucumano. En estos nueve meses que lleva el 2020 ha sumado un traspié político tras otro, en el contexto de una crisis económica y sanitaria fulminante. Las denuncias cruzadas entre el juez del Tribunal de Impugnación, Enrique Pedicone, y el vocal de la Corte Suprema de Justicia provincial, Daniel Leiva, se sumaron como una situación más de tensión por la que atraviesa el peronismo gobernante local. Además, cuenta en esta oportunidad con graves implicancias institucionales, que ponen bajo la lupa el desempeño de jueces y gobernantes.

Si bien reconocen la gravedad y reniegan de la situación, en el oficialismo no creen que el caso pueda llegar a dilucidarse ni a tener consecuencias contundentes. En un primer momento, cuando el equipo de LA GACETA que investiga el caso dio a conocer la presentación de Pedicone, las autoridades sí aparentaban estar preocupadas. Intentaban saber hasta dónde llegaría el denunciante y con qué pruebas contaba. Con el paso de los días y pese a la publicación de los audios, el temor se habría diluido. En público y off the record, los discursos de quienes salieron a respaldar al Gobierno son similares. Responden al abecé de comportamiento político en este tipo de casos: negar los hechos, subestimar la calidad de las pruebas y cuestionar a quien impulsa la causa (sostienen que Pedicone quiere ser candidato de la oposición el año que viene; aunque él ya lo haya desmentido).


Un año complejo

Los entuertos políticos vienen marcando de cerca a los gobernantes. Aún no termina el primer año de la nueva gestión (2019-2023) y el historial ya suma varios capítulos.

La relación con los gremios, que venía siendo buena durante los primeros cuatro años de manzurismo, fue la primera turbulencia. Sucedió luego de que el gobernador Juan Manzur dejara sin efecto la cláusula gatillo. El mecanismo ataba los aumentos salariales a los números de la inflación y permitía a los estatales mantener relativamente el poder adquisitivo. Como contrapartida, desestabilizaba las cuentas públicas. Era casi imposible de sostener en los términos que estaban vigentes, según las autoridades. La suspensión del pago generó el conflicto gremial más grande que enfrentó este Gobierno. Y también surgieron diferencias dentro de las organizaciones sindicales. Las manifestaciones más contundentes fueron las de los docentes. Con la pandemia ya avanzada, el Ejecutivo restituyó ese beneficio, pero con condiciones que no conformaron a los representantes de los trabajadores (más cuotas y para la mayoría, no remunerativas). Las paritarias quedaron en suspenso hasta nuevo aviso.

Después llegó el aislamiento y la política quedó congelada por un tiempo. El impasse duró sólo hasta que la interna entre Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo por la sucesión irrumpió e hizo tambalear a los dirigentes. También movilizó a la oposición. La división continúa latente y el último episodio incluyó un cruce entre legisladores jaldistas y concejales manzuristas que discreparon por las medidas restrictivas dictadas por el Comité Operativo de Emergencia (COE).

En esta enumeración merecen una mención también la inseguridad, la violencia institucional y el transporte público. Aunque ya se han vuelto falencias crónicas, tienen implicancias políticas y se mantienen entre las principales preocupaciones de los tucumanos, al margen de la economía y de la salud.


¿Y la reforma?

La causa Pedicone-Leiva tocó de manera secundaria una de las fibras más sensibles para el oficialismo: la reforma de la Carta Magna. El trasfondo de la disputa Manzur-Jaldo por 2023 y por lo tanto, de las bancas en la Cámara. Para ello son clave los puestos con los que cuenta Fuerza Republicana, cuyo líder Ricardo Bussi está involucrado en el expediente por el que Pedicone dice haber sido presionado por Leiva. En la Legislatura sostienen que ya no hay margen ni en los números ni en el contexto. De acuerdo con el conteo de escaños, entre las que suman los jaldistas y los opositores no habría chances para que se lleve adelante una eventual modificación que permita a Manzur participar otra vez por la gobernación. La última vez que se retocó la Constitución con este fin el panorama era distinto: el entonces gobernador José Alperovich contaba tanto con los avales de la dirigencia afín como con el de los votos. Mientras que el momento social tampoco es propicio. Impulsar esta medida no tendría el visto bueno de la ciudadanía, que está acorralada por otras preocupaciones ¿Con qué argumento se haría?

En la Casa de Gobierno poco se habla de esto. También consideran que sería muy dificultoso llevarla adelante y analizan otras posibilidades.

Habrá que seguir de cerca qué determina la Justicia y cómo siguen las relaciones interpoderes en este año, que no parece el mejor para el oficialismo provincial.