La mancha que afecta a la Justicia de Tucumán es demasiado grande y honda como para seguir ampliándola. Con ese razonamiento, Marcelo Billone, presidente del Colegio de Abogados de la Capital, opinó ayer a título personal que tanto el juez denunciante Enrique Pedicone como el vocal denunciado de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva, deberían tomar licencia hasta tanto el Poder Judicial pueda esclarecer los hechos que les conciernen “por el bien” de la institución a la que pertenece. Billone manifestó que le preocupaba “el cariz que iban tomando los acontecimientos” a partir de la denuncia de Pedicone y apuntó hacia la reacción de la Legislatura. “Es llamativa su decisión de requerir la remisión de informes referidos a fallos dictados por el denunciante y es menester analizar si tal decisión no afecta la independencia de poderes”, consideró.

En una serie de mensajes de texto que envió a LA GACETA, Billone anunció que mañana lunes el Consejo Directivo de su entidad iba a celebrar una sesión virtual extraordinaria para tratar los pormenores de la crisis institucional desatada el 1 de septiembre, cuando Pedicone atribuyó la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, coacción e incumplimiento de los deberes de funcionario público a Leiva.

Según aquella presentación, el vocal habría intentado influir en la decisión de una causa del legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) por supuesto abuso sexual e irregularidades con cuentas bancarias. La denuncia dice que, durante el diálogo del 28 de julio, Leiva habría invocado los nombres del gobernador Juan Manzur y del vicegobernador Osvaldo Jaldo para formular el pedido. El mismo 1 de septiembre, Leiva negó “categórica y rotundamente” la denuncia, y afirmó que “nunca se había reunido con magistrado alguno para tratar de influenciar en sus decisiones”. Además, atribuyó la acusación al hecho de que había sancionado a Pedicone “por actuar fuera de su competencia” en la causa de los billares (el vocal y sus pares Eleonora Rodríguez Campos y Antonio Daniel Estofán apercibieron a Pedicone con la disidencia de la presidenta Claudia Sbdar y del vocal Daniel Posse). El juez supremo denunciado agregó que Pedicone lo llamaba a él para seguir el trámite de más de 100 casos donde había liberado a presos. La Legislatura requirió el viernes ese listado a la Corte, lo mismo que el defensor del Pueblo (Fernando Juri Debo), y el propio Leiva les entregó la información.

El denunciante afirmó tener dos grabaciones, que aún no entregó a la Justicia por considerar que carece de garantías -el viernes otorgó 24 horas a los fiscales Daniel Marranzino y Mariana Rivadeneira para que le aseguren la publicidad y la transparencia del proceso-, y adjuntó a su presentación un acta manuscrita labrada por el secretario Fernando Valladares. En ese instrumento consta que Valladares oyó por el altavoz la llamada de Leiva (para instar la reunión del 28 de julio) y que Pedicone manifestó que iba a presentar la denuncia cuando se desprendiera de la causa de Bussi, cosa que ocurrió el 1 de septiembre por la activación del nuevo Código Procesal Penal. Pero el viernes Valladares se presentó ante la fiscala Rivadeneira y manifestó, según su declaración por escrito, que él no puede dar fe del contenido porque no escuchó nada y que actuó así por “temor reverencial”. Pedicone retrucó “que los hechos son sagrados y las opiniones, libres”, y proporcionó otras dos grabaciones, en este caso de diálogos con Valladares: en la primera, donde el juez le informa sobre la denuncia y el secretario reivindica su actuación. En la segunda, que data de ayer, el funcionario niega haber sido presionado (se informa por separado). Por su parte Leiva opinó que si Pedicone fue capaz de fraguar un instrumento público, también podría falsear su voz en una grabación (se informa por separado).

“Uno de los dos miente”

“Desde ya que el sólo hecho de la denuncia genera un gran impacto en la sociedad y una innegable afectación al decoro que se requiere a todo magistrado en el ejercicio de su función. Se trata de un caso que tiene gravedad institucional, y que debe ser esclarecido con la mayor seriedad y urgencia, pues lastima la imprescindible confianza que la sociedad debe tener en una institución relevante del sistema republicano de Gobierno”, expuso Billone, quien, junto al vicepresidente Carlos Casal, el 2 de septiembre había solicitado una investigación urgente hasta la completa y definitiva dilucidación de la denuncia, de manera de preservar la absoluta transparencia en el funcionamiento del Poder Judicial y de la conducta de los administradores de justicia”.

El presidente del Colegio de Abogados reiteró que la situación ya había provocado un daño inmenso a la imagen de la Justicia: “por ello debería concluir con la irreversible salida de uno de los magistrados involucrados, una vez que concluya la investigación correspondiente, pues es evidente que alguno de ellos falta a la verdad. Pareciera que por el bien del servicio de Justicia y hasta tanto se esclarezcan los hechos denunciados, ambos jueces tendrían que pedir licencia pues es indudable que carecen de la tranquilidad de espíritu y de la templanza que exige su tarea”.