Carlos Casal, vicepresidente del Colegio de Abogados de la Capital, manifestó que el deterioro de la institucionalidad democrática y republicana incumbía a la comunidad tucumana, y no sólo a los protagonistas coyunturales del conflicto y del sistema. “La situación actual de la Justicia es muy preocupante y perjudicial: esta crisis institucional afecta a toda la ciudadanía”, alertó en una declaración que emitió ayer a título personal respecto del conflicto que desató la denuncia penal del juez Enrique Pedicone contra el vocal de la Corte Suprema, Daniel Leiva.
Casal, que es número dos de la entidad intermedia que preside Marcelo Billone, afirmó que la crisis golpeaba al ciudadano que reclama justicia y pone su patrimonio, su libertad y sus expectativas de que sus derechos sean reconocidos por los jueces. “La realidad produce una amarga sensación de desconfianza en la independencia judicial. El profesional del Derecho se ve irremediablemente dañado porque debe el éxito o no del ejercicio de la abogacía al criterio de ciertos administradores de justicia inmersos en enfrentamientos internos de poder. Estos perjuicios ocurren con prescindencia de las investigaciones y de las pruebas”, reflexionó el dirigente.
Casal consideró que la credibilidad era la esencia de los Tribunales. “La imparcialidad es el alma de la Justicia y ella precisa la independencia de los funcionarios. Esa imparcialidad es la garantía de los ciudadanos de que verdaderamente todos somos iguales ante la ley”, acotó el profesional.
Al día siguiente de que Pedicone presentara la denuncia, el Colegio había pedido la investigación urgente de los hechos ventilados mediante un comunicado firmado por Billone y por Casal. Las autoridades del Colegio habían reclamado que la pesquisa -ingresó originalmente a la órbita del fiscal Daniel Marranzino- sea desarrollada hasta “su completa y definitiva dilucidación, de manera de preservar la transparencia absoluta del funcionamiento del Poder Judicial”. Los abogados consideraron que este era el único modo de llevar la necesaria tranquilidad y confianza sobre la vigencia plena de las instituciones republicanas a toda la sociedad y a los colegas matriculados.