Tucumán atraviesa el tercer día consecutivo sin ómnibus. En lo que va de 2020, se acumulan 30 días sin servicio por medidas de fuerza del gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Al igual que ahora, la mayoría de estas jornadas de huelga fueron por retrasos en el pago de salarios de parte de los transportistas. Estos, a su vez, recalcan que la actividad es deficitaria, que los subsidios nacionales llegan con mora y que son insuficientes. Y este espiral que -por ahora- parece no tener un final, repercute en casi todas las demás actividades productivas de la provincia.
El titular de la UTA, César González, adelantó que cerca del mediodía está prevista una videoconferencia con los Ministerios de Trabajo y de Transporte de la Nación, con dirigentes nacionales del gremio y con los empresarios. “Siempre tenemos expectativa de que se destraben los fondos. Ya estamos a días de que se venza agosto; es desesperante”, dijo en diálogo con LA GACETA. El dirigente gremial agregó que a cada empleado se le adeudan unos $65.000 de bolsillo, por lo que son necesarios $230 millones para cancelar la deuda.
Mirada sindical
Referentes gremiales que representan a trabajadores públicos coincidieron en que la medida de fuerza provoca complicaciones para decenas de miles de empleados de la provincia. No obstante, resaltaron principalmente que es una medida legítima y se solidarizaron con los choferes, que reclaman el pago del salario de julio y el 50% del medio aguinaldo.
“Si no te pagan el sueldo no podés ir a trabajar”, remarcó Francisco Osorio, secretario de Paritarias de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Y agregó: “hay un problema que lo tienen que resolver de una vez, porque si en algún momento comienzan las clases, va a volver a pasar; hay una creencia de que todos tienen movilidad para ir a trabajar, pero no es verdad”, dijo.
Osorio marcó que esta problemática, que se repite cada mes, hace que se recargue siempre el personal que vive a menos de 20 cuadras o tiene movilidad propia. Señaló también que a esa reducción de recursos se le suma que las oficinas públicas ya comenzaron a trabajar con dos grupos paralelos debido a la pandemia. De todos modos, aclaró que hay personal esencial que está en la puesta a punto de las escuelas, los CAPS o los hospitales que se tiene que presentar sí o sí a trabajar. “A Salud hoy lo afecta directamente”, resaltó.
Causas, no consecuencias
Adriana Bueno, titular del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud de Tucumán (Sitas), reclamó que se solucione el conflicto. “Que se cumpla la ley: si trabajás te deben pagar”, subrayó, y pidió que se ponga foco en las causas originan una medida de fuerza de un servicio al que definió como esencial.
Con este escenario, la médica pidió al Siprosa que ponga al servicio de los empleados sanitarios su flota de vehículos, o disponer de fondos para reponer los gastos de traslados a los trabajadores. Advirtió que, en el interior, el transporte público es “una quimera”. Dijo que esto alienta el transporte clandestino, que no es combatido y cobra tarifas arbitrarias y excesivas. “Los que pagan los platos rotos son los choferes, que no cobran, y los agentes que estamos haciendo servicios esenciales”, criticó.
El titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Marcelo Sánchez, avaló la huelga y opinó que cuando hay una crisis los mayores perjudicados son los trabajadores. “Los empresarios tienen que empezar a comprender que después de esta pandemia todos vamos a perder algo. La crisis nos golpea a todos. Tienen que entender que no siempre el Estado va a estar para subvencionar. Acá la pandemia nos pone de igual a igual”, expresó. En cuanto a los empleados que representa, afirmó que llegan “como puede” sus trabajos.
“Es un problema complejo, de difícil solución y que en esta época es deficitario”
La mirada de la FET
El presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET), Alberto Guardia, explicó que con cada paro de transporte las dos ramas que más se ven afectadas son el comercio y la construcción, además de los tucumanos que deben trasladarse hacia el microcentro para hacer todo tipo de trámites. “Es un problema complejo, de difícil solución, y que en esta época es deficitario. Es una ecuación económica que no cierra”, reflexionó en diálogo con este diario. Comentó que la modalidad de compartir vehículos se generaliza entre los empleados durante los días de paro de ómnibus.
“Nos jaquea porque la gente no tiene cómo movilizarse ni para pagar taxis”
Sector panadero
El titular del Centro de Industriales Panaderos, Pablo Albertus, opinó que quedar sin transportes afecta en sobremanera al sector dado que muchos empresarios se ven obligados a dispensar a sus empleados en sus domicilios. “Nos jaquea porque la gente no tiene cómo movilizarse. Los empleados no pueden pagar taxis. Quizá una vez, puede ser; pero no dos o tres días. Lamentablemente a nuestra industria le afecta muchísimo y agrava más la situación. Ojalá que la gente de Aetat y la UTA puedan llegar a un acuerdo”, manifestó. Agregó que la actividad se contrajo alrededor del 50% a causa de la pandemia.