El caso del billar es una bola que no cesa de crecer ni de rebotar por el Poder Judicial. El último giro golpeó a Enrique Pedicone, el camarista de Apelaciones en lo Penal de Instrucción que intentó infructuosamente transparentar el procedimiento anti-covid-19 practicado por el fiscal Carlos Picón en el Bar y Billares Punto y Banca. La intención del juez de que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán esclarezca “este bochorno institucional” se le volvió en contra porque los vocales Antonio Daniel Estofán (decano), Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos optaron por aplicarle un apercibimiento. Claudia Sbdar (presidenta) y Daniel Posse disintieron: según su criterio, correspondía practicar una investigación administrativa “en concreta relación” a la intervención de Andrés Garmendia, relator de Leiva, en el asunto. Pedicone se excusó de hacer comentarios: dijo que iba a analizar qué pasos seguir.

La mayoría no se expidió en la Acordada 782 acerca de la pesquisa interna reclamada por Pedicone para aclarar las anomalías que le impidieron celebrar la audiencia pública que habían peticionado Eduardo Marti, dueño de Punto y Banca, y su defensor Arnaldo Ahumada. Este acto terminó en el pasillo de la Cámara de Apelaciones porque, según dijo el juez, la directora de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), Mariana Merletti, le quitó el acceso a la sala “por orden de la Corte”. Estofán, Leiva y Rodríguez Campos responsabilizaron al camarista por esa situación: dijeron que impulsó el proceso de Punto y Banca pese a ser incompetente en virtud de la miniferia en curso en el fuero penal, y le recriminaron “la falta de decoro”. El 20 de agosto, los mismos tres vocales habían rechazado en la Acordada 730 un pedido para estar afectados al servicio de turno de Pedicone y de su colega, Eudoro Albo. Sbdar y Posse, otra vez, disintieron con la mayoría.

“Si bien la audiencia del 21 de agosto no generó consecuencias jurídicas, ya que el mismo juez Pedicone declaró estéril su intervención, sí provocó un dispendio procesal y de recursos innecesarios al someter a particulares y a funcionarios a una jurisdicción que no poseía, y generar confusión entre las partes y la ciudadanía”, manifestaron Estofán, Leiva y Rodríguez Campos en la decisión administrativa de ayer (782). La mayoría añadió que Pedicone se arrogó la competencia que en la feria le correspondía a otros jueces (la Sala VI de la Cámara Penal) al convocar a la audiencia a Marti y a Ahumada; a Picón; el fiscal ante el estrado de Apelaciones, Alejandro Noguera, y a Ricardo Fresneda, jefe de la Unidad Regional Capital de la Policía -sólo los primeros y el último acudieron-.

“El juez produjo un retardo innecesario”, observaron Estofán, Leiva y Rodríguez Campos. Y agregaron que, si Pedicone hubiese girado el caso de los billares a la Sala VI, “esta podría haber tomado las medidas que considerara ajustadas a derecho”. Al final ese estrado nunca intervino porque, si bien el camarista le reenvío las actuaciones después de esterilizar la audiencia y anunciar que iba a acatar la Acordada 730, Marti salió de Tribunales; cambió de letrado y entregó los dos lavarropas para el Hospital del Este que le exigía Picón a cambio de cerrar la causa, y de levantar la clausura de Punto y Banca.

“El respeto por la asignación de la competencia es la base de la seguridad jurídica y de la protección de los derechos constitucionales de los particulares en la garantía del juez natural, máxime cuando las cuestiones que se disciernen son de naturaleza penal”, reprocharon Estofán, Leiva y Rodríguez Campos. Sin decir que la audiencia había ocurrido en el corredor ni referirse a Merletti, la mayoría calificó de “indecorosas” las conductas de Pedicone. “Ello constituye un incumplimiento a los deberes y prohibiciones establecidos en el Estatuto del Empleado Público (Ley 5.473), que dispone la obligación de guardar todo lo conducente al buen orden y al decoro en el servicio”, advirtió.

El voto de la minoría relata que Pedicone había expuesto el mismo 21 de agosto que el funcionario Garmedia, que representa a Leiva en el fuero penal, “lo había incitado a prestar servicio durante el receso extraordinario” (fijado para poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal el 1 de septiembre). En apoyo de esas manifestaciones, el camarista adjuntó capturas de pantalla del chat de WhatsApp con Garmendia, donde antes del 11 de agosto aquel le preguntaba si podía trabajar en la feria con Albo y hasta el 19 de agosto le aseguraba que “en media hora” los vocales iban a habilitarles la firma. La Acordada 730, que desmiente las previsiones de Garmedia, fue emitida luego de que trascendiera la presentación del hábeas corpus de Marti y de Ahumada en la Cámara de Apelaciones. En la audiencia “estéril”, el defensor había dicho que ese acto administrativo era un movimiento “tenebroso” para impedir el control judicial de la vulneración de derechos y libertades fundamentales que había padecido el dueño del local de los billares.


Respuestas del caso

¿Qué tipo de operativo pretendía debatir el juez?.- Enrique Pedicone, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, convocó el 20 de agosto a una audiencia pública para transparentar uno de los miles de procedimientos preventivos de la covid-19 que llevó adelante la Unidad Especial “Enfermedades Sanitarias” (tal su denominación) en la provincia al mando del fiscal Carlos Picón. Estos operativos del Ministerio Público Fiscal generaron aprehensiones, secuestros de bienes y clausuras por la supuesta violación del aislamiento. A cambio de cerrar las causas, Picón exigió “reparaciones integrales” de muy diversa especie. Al Bar y Billares Punto y Banca, por ejemplo, el fiscal le pidió originalmente tres lavarropas para el Hospital del Este, pero, al fin y después de la audiencia “estéril”, las partes arreglaron el conflicto por dos.

¿Por qué fracasó la audiencia de Punto y Banca?.- Pedicone convocó el acto pese a que no estaba afectado al servicio de turno en la miniferia en curso. Al día siguiente de que trascendiera la presentación de Punto y Banca, los vocales Antonio Daniel Estofán, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos ratificaron la exclusión de Pedicone y de su colega Eudoro Albo. La presidenta Claudia Sbdar y su par Daniel Posse votaron en disidencia.

¿Qué pasó el viernes?.- El juez Pedicone escuchó a las partes que acudieron a la audiencia en el pasillo de la Cámara porque, según dijo, la funcionaria Mariana Merletti le había negado el acceso a la sala “por orden de la Corte”. Arnaldo Ahumada, defensor del dueño de Punto y Banca, opinó que había habido un movimiento “tenebroso” en el alto tribunal para bloquear el acceso a la justicia. Luego, Pedicone declaró “estéril” el acto y acató su exclusión de la feria, aunque advirtió que un colaborador de Leiva, el relator Andrés Garmendia, lo había instado a pedir la afectación en la feria, y exigió a la Corte el esclarecimiento del “bochorno institucional”.