A las 10.07 comenzó la audiencia más pública y original de la historia de los Tribunales penales. Este acto desarrollado en el pasillo fue peculiar hasta el final porque Enrique Pedicone, el juez de la Cámara de Apelaciones que lo presidía, terminó declarándolo “estéril”. Después de oír a Eduardo Marti, el dueño de Bar y Billares Punto y Banca, y a su defensor Arnaldo Ahumada, y al jefe de la Unidad Regional Capital de la Policía, Ricardo Fresneda, y a su abogado Roque Yñigo, el camarista comunicó que iba a acatar la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (Acordada 730) que lo había dejado fuera de la feria en curso. Pero apuntó que la Corte lo había sacado del juego luego de que Andrés Garmendia, el relator del vocal Daniel Leiva, lo instara a solicitar su afectación. “Es un bochorno institucional y pido que la Corte lo esclarezca”, dijo y puso a disposición del público las capturas de pantalla del chat con Garmendia (se informa por separado). Tras esto, el empresario Marti no quiso esperar más, y cambió de letrado; pactó con el fiscal Carlos Picón la entrega de dos lavarropas al Hospital del Este a modo de reparación y ayer mismo pudo reabrir su billar.
“Lo único que quiero es laburar: no necesito más problemas”, se excusó por la noche el comerciante. Antes, su primer abogado había advertido sobre “la corrupción” del sistema y manifestado que su cliente había sido víctima de unas “exacciones ilegales” so pretexto de la lucha contra la pandemia. Ahumada dijo que Pedicone debía anular la Acordada 730 con la que los vocales Antonio Daniel Estofán, Leiva y Eleonora Rodríguez Campos pretendían neutralizar sus atribuciones legales y constitucionales para revisar el proceder del Ministerio Público Fiscal en el operativo anti-covid-19 de Punto y Banca. “Esos vocales arrastran un vicio de origen por su condición de ex fiscales de Estado, y no tienen la necesaria legitimidad e imparcialidad”, dijo (se informa por separado).
Los cuestionamientos del defensor, que circunscribió las críticas a Picón y alabó la actitud de la Policía, retumbaron en el edificio de la sede de la calle España de esta ciudad. Con un tono muy medido, Fresneda explicó que él no había intervenido en el procedimiento impugnado. “Son otros los funcionarios policiales que deberían estar aquí”, sugirió.
Luego de que el secretario Fernando Valladares pasara lista, y constatara la ausencia de Picón, titular de la Unidad Especial de “Enfermedades Sanitarias” (tal es la denominación oficial), y de Alejandro Noguera, fiscal ante la Cámara de Apelaciones, Pedicone explicó la razón por la que la audiencia acontecía en el corredor del quinto piso. “La funcionaria (de la Oficina de Gestión de Audiencias) Mariana Merletti me impidió el acceso a la sala, según dijo, por orden de la Corte”, comentó. El obstáculo no impidió ambientar un espacio con sillas para el público, escritorios para las partes y hasta un estrado con las banderas oficiales. El propio juez se ubicó de espaldas a la puerta del recinto vacío, cerrado y asegurado con un cartel manuscrito que consignaba “faja de seguridad”. A esta audiencia devenida “estéril”, como la llamó Pedicone, sólo le faltaron los micrófonos puesto que fue filmada con un celular.
Las circunstancias obligaron a los oradores a subir la voz para tapar los anuncios del parlante del elevador (“ascensor bajando” y “ascensor subiendo”) y los ruidos de la mudanza en trámite en el fuero penal con vistas a la implementación del nuevo código de procedimientos a partir del 1 de septiembre. Justamente esos preparativos acabaron frustrando la intención de Pedicone de revisar el desalojo, la clausura y las aprehensiones acaecidas el domingo en Punto y Banca, y “la reparación integral” exigida por Picón a Marti para habilitar el local. Ocurre que la Acordada 533 del 29 de julio abrió una miniferia hasta el 31 de agosto a los fines organizativos y otorgó las facultades de la Cámara de Apelaciones a la Sala VI de la Cámara Penal, que integran Alicia Freidenberg y Stella Maris Arce. Pedicone reveló ayer que él no quería “estar de feria”, pero que envió el pedido de afectación el 12 de agosto a instancias del colaborador de Leiva. El resto es historia conocida: la Acordada 730 del jueves ratificó la 533 con las disidencias de los vocales Claudia Sbdar y Daniel Posse, y mandó “a la tronera” la audiencia que Pedicone había llamado durante esa misma mañana.
Operativos que derivan en desembolsos
1- ¿Cuándo comenzaron los procedimientos?
Tras la declaración de la pandemia y de la cuarentena en marzo, el Ministerio Público Fiscal creó una unidad especial de “Enfermedades Sanitarias” para perseguir a los infractores.
2- ¿Quiénes practicaron las medidas?
El ministro fiscal Edmundo Jiménez puso a cargo de la unidad especial a los fiscales Carlos Picón y Mariana Rivadeneira quienes, según datos oficiales, hicieron miles de aprehensiones.
3- ¿Qué les ocurre a los supuestos infractores?
La unidad fiscal calcula “una reparación integral” y exige el desembolso fijado a cambio de cerrar el proceso penal. Estas transacciones carecerían de control judicial.
4- ¿Qué clase de “reparaciones” hubo?
Los presuntos violadores de la cuarentena hicieron desde depósitos en cuentas oficiales hasta la adquisición y entrega de electrodomésticos, y otro tipo de insumos a entidades públicas.