La pretensión de controlar y transparentar el procedimiento preventivo de la covid-19 llevado adelante por el fiscal Carlos Picón en el Bar y Billares Punto y Banca “subió” hasta las alturas de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Sucede que, según las constancias del expediente, Enrique Pedicone, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, citó a las partes y hasta invitó al ministro de Seguridad Ciudadana, Claudio Maley, a una audiencia para mañana a las 10, pero Tomás Robert, secretario del Ministerio Público Fiscal “desconoció la legitimación” de Pedicone para intervenir en la causa y dijo que, según la Acordada 533/20 emitida por los vocales de la Corte, el tribunal competente es la Sala VI de la Cámara Penal de esta capital. 

La oposición de Robert, que habría sido avalada por Picón, anticipa que un mar de planteos procesales se sumará, ahora desde el órgano acusador que encabeza Daniel Marranzino -por la licencia del ministro público Edmundo Jiménez-, a los que, por la defensa, habían formulado el dueño del billar, Eduardo Marti, y el abogado Arnaldo Ahumada. 

Estos habían interpuesto un hábeas corpus ayer ante la Cámara de Apelaciones con el argumento de que había habido abundantes irregularidades en el desalojo y la clausura del local acontecidos el domingo, y que, para su habilitación y el cierre de la causa, la Fiscalía de Instrucción de Emergencia Sanitaria reclamaba la entrega de tres lavarropas industriales para el Hospital del Este. 

Marti y Ahumada dijeron que, además de que el fiscal Picón había dispuesto la aprehensión de tres empleados y de 19 clientes “aparentemente decidida per se”, no habían logrado acceder al acta que consignaba los hechos que llevaron a la clausura de Punto y Banca, un salón ubicado en la calle Maipú al 900 de esta capital. 

El camarista Pedicone se disponía a debatir estas cuestiones en una audiencia con el dueño de Punto y Banca, y su defensor; el fiscal Picón, titular de la Fiscalía de Emergencia Sanitaria; Alejandro Noguera, fiscal ante la Cámara de Apelaciones, y el jefe de la Unidad Regional Capital de la Policía, Ricardo Fresneda. Además, invitó a asistir al acto al ministro Maley en su carácter de secretario del Comité Operativo de Emergencia del Gobierno (por sus fueros, el funcionario no puede ser obligado a concurrir con el auxilio de la fuerza pública). 

Pero este programa judicial quedaría frustrado si la propia Corte precisa que la Cámara de Apelaciones carece de atribuciones para tramitar y resolver el hábeas corpus en virtud de los preparativos para la implementación del nuevo Código Procesal Penal en esta ciudad y en Monteros. Como en una carambola, la trayectoria del proceso del billar podría cambiar con una eventual decisión administrativa de los vocales Claudia Sbdar (presidenta), Antonio Daniel Estofán, Daniel Posse, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos.