Eduardo Marti, propietario del Bar y Billares Punto y Banca, dijo que el fiscal Carlos Picón clausuró su negocio el domingo con motivo de la prevención de la covid-19 y, luego, le exigió la entrega de tres lavarropas industriales para el Hospital del Este.
Marti expresó que sus derechos constitucionales habían sido vulnerados y, con el fin de hacer cesar esa situación, presentó un hábeas corpus ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción que integran los vocales Eudoro Albo y Enrique Pedicone.
Con la asistencia del abogado defensor Arnaldo Ahumada, Marti relató que en el operativo hubo abusos y que, incluso, los policías solicitaron a clientes de Punto y Banca las llaves de los autos que estaban correctamente estacionados. Picón no respondió ni los mensajes ni la llamada de LA GACETA.
“Minutos después del inicio del procedimiento, que se justificaba con una supuesta infracción a la normativa dispuesta por la autoridad para combatir los efectos de la pandemia, el funcionario a cargo de la dirección del procedimiento, que se identificó como Carlos Picón, decidió aparentemente per se la aprehensión de tres empleados del local así como la de 19 clientes mientras que dejó en libertad a los que, por su edad, consideró pacientes de riesgo”, expresó Marti. Y añadió que, a continuación, ordenó el desalojo de las instalaciones, y clausuró y fajó el lugar con la leyenda COE (Comité Operativo de Emergencia) sin que hasta hoy (19 de agosto) se registre un acta de la medida, ni se dé a conocer y a suscribir el contenido de esta.
El hábeas corpus refiere que Marti se dedicó a obtener la libertad de quienes habían sido aprehendidos y que, luego, empezó las gestiones para levantar la clausura. “Roberto Vicic, funcionario del Ministerio Público Fiscal, de un modo amable y diligente nos indicó el camino a seguir. En resumidas cuentas, teníamos que ofrecer al Ministerio Público Fiscal, como reparación integral, la entrega de tres lavarropas industriales al Hospital del Este”, afirmó.
El propietario de Punto y Banca agregó que temía por su libertad luego de los excesos que habían ocurrido en la provincia durante la pandemia. “Es un temor fundado en la actuación ilegítima, abusiva y arbitraria que estoy sufriendo”, dijo.
Fuentes judiciales indicaron que el hábeas corpus debía ser sorteado y que ello iba a determinar el formato del trámite. Podría ser una de las últimas actuaciones con trascendencia pública de la Cámara de Apelaciones puesto que este cuerpo se convertirá en Tribunal de Impugnación a partir del 1 de septiembre, cuando entre en vigor el nuevo Código Procesal Penal.