“Y somos los abandonados de la provincia. En los barrios vulnerables, es más fácil comprar droga que pan. No hay lugar donde mandar a los chicos que son adictos, tampoco hacen nada para acabar con los quioscos. ¿Cómo no quieren que sean todos esclavos de las drogas?”, sostuvo Daniela Ávila, una habitante de La Costanera. Esa misma sensación se percibe en el barrio Juan XXIII (“La Bombilla”), en Los Vázquez, en San Cayetano y en 11 de Marzo.

Declaraciones como esas movilizaron al vicegobernador Osvaldo Jaldo. Según reconoció en una entrevista con el programa “Buen día” de LG Play, realizada el 13 de agosto de 2019, el pedido que más escuchó durante la campaña era la eliminación de los “quioscos” de venta de drogas. “Tenemos una deuda y es la de sacar la Ley de Narcomenudeo”, dijo, y confirmó que se insistiría con una nueva norma para que la Justicia ordinaria se hiciera cargo del microtráfico de drogas.

Y así sucedió; antes de que se cumpliera un mes de sus dichos, la Legislatura aprobaba un nuevo digesto que debería haber entrado en vigencia el 1 de enero pasado. Sin embargo, por cuestiones legales, se la prorrogó hasta el 1 de septiembre. A dos semanas de que comience a ser aplicada en la provincia, hay una sola certeza: no están dadas las condiciones para que se ponga en marcha.

Será la tercera vez que esta norma reclamada por los ciudadanos fracase. En 2014, con José Alperovich se aprobó una ley similar. A meses de que se pusiera en marcha, el ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia una medida cautelar para evitar su aplicación, ya que consideraba que no estaban dadas las condiciones para que se pusiera en marcha. Hubo varios intentos y promesas para lograr sacar esa traba, pero no hubo caso.

Después de la iniciativa de Jaldo, que tuvo un inconfundible sabor a orden, los anteriores legisladores sancionaron otra ley, para derogar la anterior norma y así sortear la traba que existía. La nueva ley tenía varios cambios con respecto a la suspendida y daba más herramientas (ver nota aparte) para que, supuestamente, no volviese a ser frenada con otra medida judicial.

¿Qué pasará ahora? “El Poder Judicial, llámese Corte de Justicia o Ministerio Público Fiscal, deberá pedir una nueva prórroga para que se la implemente. La pandemia y la reforma del Código Procesal Penal pueden retrasar la iniciativa, pero es la idea que se la aplique”, señaló el presidente de la comisión de Seguridad, Gerónimo Vargas Aignasse.

“La Ley de Narcomenudeo es importante. En una situación normal que no esté atravesada por esta pandemia, cuando tenga plena aplicabilidad y podamos desplegar un trabajo que sea acorde con otra realidad, nos permitirá dar una mayor celeridad a las investigaciones policiales y a los procesos judiciales en un delito tan complejo como es el microtráfico de estupefacientes”, opinó el secretario de la Lucha contra el Narcotráfico, Carlos Driollet.

Un vocero de la Corte Suprema de Justicia, en diálogo con LA GACETA, indicó que por la pandemia, el análisis de esta norma se demoró. “Se prefirió dar mucho más impulso al funcionamiento de Tribunales. Pero además, hay una medida cautelar vigente del Ministerio Público Fiscal. Por más que se haya cambiado de número de norma, la esencia sigue siendo la misma y los problemas son idénticos. Hay que esperar conocer la postura del Ministerio Público Fiscal, que tiene la última palabra”, señaló. Pero en el MPF no dieron una explicación de lo que piensan hacer.


Un olvido

La nueva norma tenía un punto clave. En el artículo 14 disponía la creación de una Comisión Interpoderes. Es grupo debía ser integrado por un vocal de la Corte, el ministro fiscal, el ministro de la Defensa, los ministros de Seguridad y de Gobierno, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura y tres parlamentarios (dos por la mayoría y uno por la minoría). Ese grupo, según la norma aprobada en diciembre, debería haberse constituido una vez que fue promulgada, pero eso nunca ocurrió.

La Comisión, según el proyecto aprobado por mayoría en la Legislatura, con un plazo de 15 días hábiles (tres semanas) debía crear una Mesa de Coordinación Ejecutiva, para que cada uno de sus integrantes propusiese un cronograma de actividades, reformas, adquisiciones y acciones que corresponda realizar en sus respectivas áreas para que la Ley entrase en vigencia. Pero como este grupo nunca se formó, ni mantuvo una reunión, muy pocos recordaban que se debía poner en marcha el 1 de septiembre.

“Ese fue un error. Como se trata de un tema judicial, el Poder Judicial debería haber convocado a todos los poderes para formar esta comisión y así ir avanzando. Pero no se hizo nada. La Ley, en algún momento, se deberá poner en marcha porque es la decisión de este Gobierno luchar contra el narcomenudeo”, concluyó Vargas Aignasse.


Idas y vueltas

1- El ex Gobernador José Alperovich decide adherirse en marzo de 2014 a la provincialización de la lucha contra el narcomenudeo. La Legislatura lo apoya con una norma.

2- El ministro Público Fiscal presenta en 2015 una medida cautelar para que no se implemente la norma al no contar con los recursos. La Corte acepta el planteo.

3- El vicegobernador Osvaldo Jaldo adelanta que es necesario una nueva norma. La Legislatura aprueba otra Ley que debe entrar en vigencia el 1 de enero de 2020.

4- En diciembre de 2019, por un pedido especial, se discute y decide prorrogar la entrada de vigencia de la norma para el 1 de septiembre.

5- A poco más de 15 días de su implementación, fuentes de los tres poderes reconocen que no se podrá poner en vigencia. No se sabe si se prorrogará otra vez.