La gestión de Claudio Maley al frente del Ministerio de Seguridad Ciudadana está agotada, según los dirigentes opositores y civiles que coincidieron en que el funcionario debe dar un paso al costado. Los pedidos de cambios en la cúpula de aquella cartera dirigidos al gobernador Juan Manzur aumentaron ayer como consecuencia de los nuevos hechos de violencia policial y homicidios acontecidos en la provincia. Además del reemplazo del funcionario, los sectores críticos solicitaron al Gobierno reformas que incrementen los controles de la Policía y la transparenten, además de una nueva ley de contravenciones que sustituya la normativa vigente, que ha sido declarada inconstitucional.

“Las fuerzas policiales exhiben una seria degradación. Es una constante histórica cuyas últimas manifestaciones pueden ser apreciadas en los asesinatos de Luis Espinoza y Walter Nadal, y en la agresión que sufriera el abogado Enrique Courtade cuando concurrió a formular una denuncia en la Comisaría de Concepción: estos hechos demuestran que existen bolsones de corrupción en los cuadros policiales”, dijo Marcelo Billone, presidente del Colegio de Abogados de la Capital, en la carta documento que remitió a Manzur. “Le pedimos a usted, como responsable máximo de la vida y de la seguridad de los tucumanos, la inmediata corrección de políticas públicas en materia de seguridad que resultaron totalmente ineficaces e insuficientes. Hay que comenzar por el relevo de los mandos superiores y del ministro del área, que ha incurrido en una clara mala praxis”, añadió.

La senadora Silvia Elías de Pérez (Juntos por el Cambio) reiteró que terminó el tiempo de Maley, quien se desempeñaba como comandante mayor y jefe de la Región IV de Gendarmería antes de integrarse al gabinete de Manzur, en diciembre de 2017. “Esto no se tolera más”, tuiteó este miércoles. La ex candidata a gobernadora afirmó que reemplazar a un funcionario no era la solución de fondo, pero que en la coyuntura de la provincia se trataba de un primer paso indispensable. “Urge el desplazamiento del ministro, para también el cambio de paradigma de un modelo de gestión que eligió vivir con el delito y no combatirlo. El crimen del párroco de San Martín de Porres, Oscar Juárez, es lamentablemente una página más en la ya larga historia de hechos trágicos que conmueven a los tucumanos. La crisis de la seguridad es más grave aquí que la del coronavirus”, opinó.

Entre los legisladores que objetaron la continuidad de Maley están Federico Masso (Libres del Sur), José María Canelada (UCR) y Ricardo Bussi (Fuerza Republicana). “Otro atropello de la Policía de Tucumán y van... ¿Qué espera el gobernador para entender que el ciclo del ministro está concluido?”, interrogó Masso. “Pedí por nota al gobernador que separe definitivamente al ministro. Las muestras del fracaso de su gestión en el área de Seguridad están a la vista y se multiplican”, informó Canelada, quien recordó que este 15 de julio se cumplían dos meses de la desaparición forzada de Espinoza. “¡Exigimos la renuncia inmediata de Maley!”, exclamó Bussi. Y añadió: “¡con la muerte del sacerdote Juárez sumamos seis homicidios en Tucumán en una semana!”.


“Vulnerabilidad total”

“Inútil” y “fracasado”: con tales adjetivos calificó el concejal de Yerba Buena, Alejandro Sangenis (Hacemos Tucumán), al ministro de Seguridad. “Su mal manejo está cegando las vidas de nuestros comprovincianos. Esta vez (por ayer) le tocó al párroco de San Martín de Porres. No entiendo la tozudez de Manzur de sostenerlo en el cargo, a menos que haya motivos que se desconozcan”, dijo.

Los diputados de Juntos por el Cambio, José Cano y Domingo Amaya, también llamaron la atención sobre los niveles de inseguridad y la necesidad de que el oficialismo acuerde políticas con la oposición. “Estamos en un estado de vulnerabilidad total. Es momento de que el gobernador llame a la oposición para aportar ideas”, afirmó Cano. Amaya acotó: “el Gobierno de Tucumán debe garantizar el Estado de derecho y hacer respetar las garantías constitucionales. La gravedad de la situación exige una convocatoria a todos los sectores para hacer una reforma que lleve tranquilidad a la población”.

Eudoro Aráoz, ex presidente del Colegio de Abogados y ex legislador radical, subrayó la reiteración de sucesos delictivos que involucran a policías en actividad. “Esto muestra el nivel profundo de corrupción, desidia y mala formación de la fuerza policial. Para revertir la situación no bastan las declaraciones de intolerancia: es imprescindible crear una auditoría de asuntos internos independiente del poder político, para separar a los malos de los buenos policías que hay”, propuso.

El Centro de Funcionarios Judiciales, organización a la que pertenece el abogado Courtade en su condición de agente de la Justicia de Paz, repudió la violación de los derechos humanos de aquel. La comisión que preside María Elisa Gallo expresó: “instamos a que este tipo de actos delictivos no se repitan y a la condena efectiva de los responsables”.