La organización Andhes repudió el nuevo "caso de violencia policial" en Tucumán, y solicitó que se aparte de la investigación judicial por la muerte de Walter Ceferino Nadal en medio de un procedimiento a la Policía provincial.
El Ministerio de Seguridad colaborará con la Justicia para esclarecer la muerte de un detenido"El caso encuentra marcadas similitudes con el asesinato de George Floyd en Estados Unidos por parte de la policía de Minneapolis y que desató una fuerte reacción social. Al igual que Nadal, Floyd también advirtió que le faltaba el aire durante los nueve minutos que el policía Derek Chauvin le presionó el cuello con la rodilla hasta causarle la muerte. Los oficiales implicados en el hecho fueron despedidos de sus cargos y el responsable directo acusado de homicidio", expuso la ONG Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales.
Muerte durante una detención: los resultados de la autopsia confirman el supuesto exceso de la PolicíaY prosiguió: "Como se viene denunciando desde Andhes, el caso de Nadal no representa un hecho aislado. El 15 de mayo pasado, Luis Espinoza, trabajador rural de 31 años, fue asesinado y su cuerpo desaparecido. Nueve policías y un civil están acusados por el hecho. Desde el comienzo del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, el accionar violento y discriminatorio de las fuerzas de seguridad ha aumentado notablemente".
Legisladores piden explicaciones a Maley sobre los últimos hechos policialesEl 24 dos bicipolicías redujeron a Nadal, a quien perseguían por un supuesto robo y le pusieron la rodilla en la nuca. Según la autopsia, murió por asfixia.
"La violencia policial no es nueva. La indiferencia política tampoco lo es. Las prácticas violentas se repiten día a día. Estamos ante un problema estructural. Es imprescindible entonces que el gobierno provincial en su conjunto se haga cargo de esta problemática y la reconozca. El aumento de las facultades discrecionales a la policía por parte del poder ejecutivo y legislativo, como la ley para reducir los motoarrebatos y la vigencia de la ley de contravenciones, reproducen las condiciones para la violencia policial. Por su parte, el poder judicial tiene la obligación de desmantelar el entramado de impunidad que facilitan éstas prácticas", planteó la orgnización.