La Legislatura ha autorizado el 11 de junio al Poder Ejecutivo a aplicar multas susceptibles de dejar en la calle a quienes transgredan la prohibición de lotear y de construir en el cerro El Pelao. A valores actuales, estas sanciones pecuniarias pueden llegar a los $ 30 millones en función de la naturaleza del daño cometido, pero tanto el monto mínimo como el máximo serán actualizados según la evolución del sueldo básico inicial de la administración pública provincial. El mensaje de la ley es elocuente: los que sigan deteriorando esta montaña central para el paisaje del Valle de Tafí y para los valores culturales autóctonos se exponen a perderlo todo.

La advertencia es tan rimbombante como difícil de creer. El Pelao se convirtió en reino de la irregularidad como consecuencia de décadas de indiferencia de parte de las autoridades. La degradación ocurrió a la vista de quien quisiera mirarla y fue aceptada mansamente: si hubo quejas, nadie las publicitó para dar fuerza al reclamo contra este deterioro ambiental inadmisible en la primera villa turística de la provincia. El descontrol fue expuesto este verano gracias a la movilización de los vecinos, quienes aportaron información sobre las anomalías para una investigación periodística publicada en LA GACETA. Pese a que algunas de las irregularidades constatadas en materia de infraestructura, por ejemplo, en la provisión de agua, podrían configurar delitos, no trascendió si el Ministerio Público Fiscal inició una pesquisa o si hubo denuncias formales. La reacción institucional provino del Poder Legislativo, que decidió por unanimidad declarar el cerro en estado de emergencia, y vedar los fraccionamientos de tierra y las construcciones por 12 meses, restricción vigente desde el 10 de marzo. La prohibición no impidió la reanudación de las obras ni el movimiento de suelos, según indicaron los ciudadanos afincados en El Pelao. Esto quiere decir que la norma es impotente por sí sola para disuadir a quienes participan del negocio inmobiliario. Como contrapartida y lejos de pacificar la zona, los enfrentamientos entre particulares han aumentado y el clima de violencia latente genera peligros muy concretos para los involucrados en el conflicto.

Un aspecto crítico en esta trama es la circunstancia de que el cerro pertenece a la jurisdicción de la Comuna de El Mollar aunque esté más cerca de la Municipalidad de Tafí del Valle. Los responsables de la organización comunal han admitido en numerosas oportunidades que el control los excede: carecen de las herramientas institucionales y de los recursos materiales. Esta impotencia no ha variado en los últimos meses, pese a la regulación legislativa. De allí se desprenden las razones para dudar sobre la eficacia de las multas multimillonarias: de nada servirá la facultad de aplicarla si El Pelao sigue abandonado a su propia suerte, como dijeron los residentes.

El bloqueo a la construcción tampoco puede ser permanente porque hay derechos de propiedad adquiridos que no deben ignorarse. Por eso es hora de que el Estado haga el trabajo serio de organización que merecen los bienes naturales en juego. La declaración de emergencia ha sido un paso en ese sentido, pero las soluciones definitivas y sostenibles exigen acciones concretas y el compromiso con la preservación del patrimonio público que hasta aquí no ha habido. Más que un riesgo de multa, El Pelao necesita la planificación urbanística que nunca tuvo.