El macrismo cargó contra los gobiernos provinciales por los casos de violencia institucional. Dijeron que, como en el caso de Tucumán, los gobernadores son responsables, deben expresarse y actuar en consecuencias.
"Expresamos nuestra condena a los graves hechos de violencia institucional que se han suscitado en los últimos días en nuestro país y que son de conocimiento público". Así comienza un documento que hicieron público los referentes del macrismo de varias provincias, entre las que se encuentra Tucumán.
"La aparición sin vida de Florencia Magali Morales y Franco Maranguello en celdas de comisarías de la provincia de San Luis; la desaparición forzada y posterior asesinato de Luis Espinoza en Tucumán luego abandonado en Catamarca -señala el pronunciamiento-, la muerte de Hugo Coronel en Santiago del Estero tras estar detenido en la comisaría décima, más los hechos de brutal avasallamiento y agresión contra una familia de la Comunidad QOM en Chaco exigen la más rigurosa investigación para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia para que den cuenta de sus actos", agrega el documento.
"No vamos a permitir que amparándose en el cumplimiento de las políticas sanitarias y de aislamiento social obligatorio se violen los derechos humanos de los argentinos y mucho menos seremos indolentes cuando se atenta contra la vida misma", advirtieron.
"El Pro exige el pleno respeto de las garantías constitucionales y solicita al Gobierno nacional no ser indiferente pues el silencio es cómplice", insistieron en el documento que incluye las firmas de Claudio Avruj (Derechos Humanos Pro Argentina), Santiago Hardie (presidente Pro Tucumán), Gabriela González Riollo (presidenta Pro San Luis), Carlos Cejas Lezcano (presidente Pro Santiago del Estero), y Víctor Rousseau (presidente Pro Chaco).