Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, conversó por teléfono con LA GACETA acerca de la inminente adhesión de Tucumán a la Ley de Capacitación Obligatoria en la Temática de Género y Violencia contra las Mujeres, mejor conocida como “Ley Micaela”. Observó que esa norma busca garantizar derechos contenidos en tratados internacionales con rango constitucional y rechazó las críticas sobre un supuesto adoctrinamiento estatal refiriéndose a la noción de ideología de género como una fórmula vacía.
“Ningún operador estatal puede decir: ‘yo no quiero que me capaciten sobre los derechos que la Argentina reconoce en su constitución’”, graficó. Confirmó, además, que el Gobierno nacional ya tiene listo un proyecto de ley de interrupción legal del embarazo y anticipó que lo enviará al Congreso en el transcurso del año.
- El artículo 8 de la Ley Micaela establece sanciones para quienes se nieguen a participar en las capacitaciones. ¿No hay una colisión con la objeción de conciencia, que es una garantía constitucional?
- Es una pregunta que yo no puedo contestar porque no la entiendo. Quienes se oponen me tendrían que explicar cuál es la doctrina moral que objetan, porque no sé de qué me están hablando. Quizás el punto sea que hay quienes no entienden de qué se trata la Ley Micaela. Justamente, es sobre sensibilización en violencias por razones de género y en temáticas de género. La ley dice que todos los funcionarios y empleados del Estado deben estar sensibilizados porque ese es uno de los modos que se tiene para que la persona que el día de mañana, desde cualquier lugar del Estado, deba tener una intervención sobre una situación de este tipo, actúe de acuerdo con ese conocimiento. Puede haber gente que no quiera garantizarnos a las mujeres el ejercicio de nuestros derechos, pero la convención de la Cedaw (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, por sus siglas en inglés) tiene rango constitucional. O sea, la Constitución fija el marco de estas obligaciones estatales y la Ley Micaela busca asegurarlas, aun cuando haya mucha gente que no quiera que el Estado cumpla con esas obligaciones.
- El legislador Ricardo Bussi declaró que no conoce casos de asesinatos por la condición de mujer. ¿Qué contesta a esa frase?
- Lo que hay que decir es que eso es desconocer el Código Penal; y que nadie que haya sido capacitado por la Ley Micaela podría decir eso. Hace ocho años se modificó el artículo 80, que es el de homicidios agravados, y se incluyó la figura del femicidio, que es ni más ni menos que matar a una persona por motivos de género. Si alguien no conoce eso y es un funcionario público, hay que convocarlo de una manera pedagógica para enseñarle que esto se discutió en el Congreso de la Nación y se incorporó a nuestro sistema normativo. También estos discursos quizá lo que hacen es desinformar, y con esa desinformación lo único que se genera es continuar el ciclo de violencias por motivos de género. Cuando todos los días tenemos un femicidio, hay que preguntarse cuáles son los discursos que trabajan para ir en contra de esas violencias y cuáles no.
- ¿Cuándo enviarán el proyecto de despenalización del aborto?
- El proyecto ya estaba listo para ser enviado en la semana en que se declaró el aislamiento social. Como estuvo sin funcionar el Congreso, se decidió obviamente no enviarlo y todavía no podría asegurar si lo enviaremos ahora, con las sesiones virtuales, o más adelante, cuando se restablezcan las presenciales. Lo que sí hay es una decisión del Poder Ejecutivo de no adelantar el texto a los medios porque no lo tienen todavía los legisladores.
- ¿Por qué considera que el aborto debería ser legal?
- Nosotros hacemos un enfoque desde la salud pública, desde la necesidad de terminar con los abortos clandestinos, que son la principal causa de muerte materna. Es mucho más largo de explicar, claro, pero ese es el foco de la cuestión.