El Código Procesal Penal de 2016 rigió en toda la provincia durante un poco más de 48 horas, pese a que los legisladores habían aplazado su entrada en vigor por pedido de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y de los ministerios públicos. Finalmente ayer el Gobierno corrigió aquella vigencia indeseada e impracticable mediante la promulgación y publicación de la norma que prorroga por cuarta vez la implementación de la reforma en los Tribunales de la capital y de Monteros -la sede de Concepción aplica las nuevas reglas desde mayo de 2019-. La Ley 9.239 prescribe que el digesto que suprime el expediente y acorta los plazos entrará en vigor en las dos jurisdicciones mencionadas el 1 de septiembre o antes si la emergencia sanitaria lo permite, adelantamiento que también ha de ser dispuesto por la Legislatura. Cesó así el estado de incertidumbre jurídica que había ocasionado la tardanza del Poder Ejecutivo, y que podría provocar la nulidad de los actos de persecución del delito formalizados entre el 4 de mayo y ayer con el Código de 1991.
La postergación para septiembre fue aprobada en la sesión del jueves. Pero, como al día siguiente no hubo actividad por el feriado del trabajador, la Legislatura recién comunicó al Gobierno de Juan Manzur el proyecto sancionado este lunes, es decir, en la misma fecha en la que el Código de 2016 debía debutar en los dos centros judiciales que aún no lo aplican, según la Ley 9.176. Esa demora puso técnicamente en marcha el nuevo proceso penal sin que estuviesen dadas las condiciones puesto que una norma surte efectos a partir de su difusión en el Boletín Oficial. Algo similar ocurrió en 2018: el digesto estuvo activo casi dos semanas en Concepción y Monteros porque había vencido la segunda prórroga sin que hubiese una tercera. Ese antecedente ya había generado fricciones por la falta de previsión y la inseguridad que proyectaba sobre el ámbito encargado de esclarecer los hechos ilícitos. Al igual que entonces, esta semana los Tribunales penales no sabían cómo proceder. La actualización del Boletín trajo alivio en medio de la coyuntura atípica que generó la cuarentena.
“La falta de publicación de la prórroga del Código desnuda dos prácticas que el manzurismo no puede ocultar: por un lado, su costumbre de no respetar el trabajo del Poder Legislativo y, por el otro, su vocación por culpar a la pandemia de todo lo que sucede en Tucumán”, opinó al respecto el legislador opositor José María Canelada (UCR). Y añadió: “Manzur acumula más de 100 leyes sin publicar. El Gobierno está enfermo y aislado en su propia mentira e impericia”.