La cacica de la comunidad indígena de El Mollar, Margarita Mamaní, rechazó haber bloqueado el tránsito sobre la ruta 307 y afirmó que las medidas que tomaron fueron para resguardar la salud del pueblo del Valle de Tafí ante el avance de la pandemia de la covid-19, principalmente porque no cuentan con la infraestructura necesaria para hacerle frente a la enfermedad. “Si llega a entrar este coronavirus sería una catástrofe”, expresó.

La imputada, que cumple detención domiciliaria, declaró el domingo ante la fiscala de Instrucción Penal de turno, Mónica Andrea García de Targa. Lo hizo a través de la modalidad de videollamada en un contacto realizado mediante Whatsapp, según consta en la documentación del Centro Judicial de Monteros.

A Mamaní se la acusa de violar las medidas contra epidemias (artículo 205 del Código Penal) y de usurpación de la autoridad (artículo 246). Según la investigación, en la que se recopilaron denuncias policiales de distintas personas damnificadas, publicaciones en las redes sociales y numerosas fotografías, la cacica impidió el tránsito vehicular y de personas, ocasionando un perjuicio, como así también perturbaciones y serias alteraciones en el desenvolvimiento de la vida en comunidad.

“Venían de las grandes ciudades”

Con representación de la defensora oficial María Raquel Ferreyra Asis, Mamaní, de 57 años, rechazó las acusaciones. “En ningún momento hemos impedido el paso ni hemos hecho turbación alguna”, expresó según consta en la declaración. Señaló que actuaron amparados en convenios internacionales que señalan que los Estados deben trabajar en conjunto con comunidades indígenas. En ese sentido, aseguró que trabajaron en conjunto con las fuerzas policiales y que permitieron la circulación de vehículos abastecedores, médicos, ambulancias y vehículos particulares con pacientes oncológicos, entre otros. “En todo momento, de ida y venida (sic), nunca se les prohibido el paso”, recalcó. Sin embargo, sí reconoció que “junto a los efectivos policiales” les dijo a extranjeros y a personas que “venían de las grandes ciudades” que pretendían subir al valle que debían respetar la cuarentena en sus domicilios de origen aunque tuvieran casas de veraneo.

“En todo momento pasaban hermanos nuestros del lugar y vecinos a sus médicos en la ciudad a donde ellos tenían turno y volvían a sus casas. Reitero que jamás se les prohibió (el paso), más aún con enfermedades graves. Siempre abríamos el paso vehicular porque había personas que ponían atravesadas sus camionetas, porque querían pasar sí o sí a nuestro Valle de Tafí. La parte policial procedía y les decía que se vuelvan, que no podían circular”, se defendió Mamaní a través de videollamada.

“Simplemente acompañábamos”

La autoridad indígena de El Mollar rechazó también que se haya impedido el paso el 23 de marzo a un vehículo con una paciente oncológica menor de edad, como se denunció en las acusaciones. “Jamás como madre y abuela podríamos negar el paso a un niño que tenga esa enfermedad. Verónica Mamaní jamás prohibió el paso a nadie, ni ningún hermano, porque la Policía era la que intervenía en el lugar. Simplemente nosotros acompañábamos para que no entren personas de otros lugares que querían venir a hacer la cuarentena en territorio ancestral”, insistió Mamaní.

La acusada insistió en que “cuidamos la salud de la población del valle, para que no entre la pandemia”, al tiempo que rechazó haber roto el aislamiento. “Yo creo que no hemos violentado nada porque cuidábamos a la integridad de la salud de toda la familia”, insistió. Además, recalcó: “la infraestructura del Valle de Tafí no está preparada para si llega a entrar este coronavirus. Sería una catástrofe en nuestro Valle. Por esa razón es que acudieron los hermanos con barbijos preocupados por este desalojo”.