Prever no es un verbo que sea compatible con pandemia. El coronavirus llegó para modificarlo todo y avanzar sobre las respuestas que parecían irrefutables y los planes, a corto y a largo plazo. “Es día a día”, es una frase que repiten autoridades sanitarias y ejecutivas desde un principio. Pero esa expresión ya fue adoptada en otras esferas gubernamentales, como en las económicas y fiscales. Con más de 40 días de confinamiento -social y laboral- obligatorio, la recaudación impositiva local está un 20% debajo de lo proyectado para abril, según confiaron fuentes oficiales. “La recaudación en general se está viniendo abajo por la baja de la actividad. Nosotros estamos como los médicos: en una situación nueva y desconocida. Ellos no saben qué va a pasar con el virus; nosotros no sabemos qué va a pasar con la economía y las finanzas”, graficaron.
Las mismas fuentes señalaron que entre mayo y julio se suelen dar las mejores recaudaciones impositivas por una serie de vencimientos. Esto en condiciones normales. A causa de la covid-19, sin embargo, nadie se anima a hacer un pronóstico de lo que ocurrirá este año en materia impositiva o las proyecciones lucen poco confiables. “Habrá que ver qué pasa. En esos meses se va a definir el año”, sentenciaron desde Casa de Gobierno.
Con este contexto de incertidumbre, el jueves la Legislatura convirtió en ley el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para modificar las fechas, los términos y los plazos de la moratoria que había sido aprobada por unanimidad en la sesión del 17 de marzo (Ley N° 9236) y que no pudo ser aplicada por la pandemia. El titular de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Juan Antonio Ruiz Olivares, explicó en el recinto que dieron dictamen al pedido porque no está claro cuándo podrá entrar en vigencia el Régimen Excepcional de Facilidades de Pago para contribuyentes morosos. Por lo tanto, deberían modificarse los plazos hasta que el Ejecutivo consideren que están dadas las condiciones para su aplicación. En el petitorio, con las firmas del gobernador Juan Manzur y del ministro de Economía, Eduardo Garvich, se había argumentado que se encontraban “técnicamente desfasados” los términos, los plazos y las fechas originalmente previstos debido a la emergencia sanitaria. Estaba previsto que la moratoria se extienda hasta el 28 de junio.
A través de la Ley N° 9236 se restableció por tercera vez en la gestión de Manzur el Régimen Excepcional de Facilidades de Pago dispuesto por Ley N° 8873, creando un marco que permita al universo de contribuyentes morosos, por deudas vencidas y exigibles al 28 de febrero, “regularizar sus obligaciones tributarias, cabiendo destacar que el citado régimen contempla, entre otras particularidades, el otorgamiento de planes hasta en 48 pagos parciales mensuales e importantes beneficios de reducción y devengamiento de intereses resarcitorios”. En los primeros días de marzo, el Ejecutivo había estimado que recuperaría deudas por unos $ 400 millones a través de la moratoria. Según estaba precisado en la ley, los contribuyentes iban a tener una quita del 90% de interés en el pago de contado, 80% si financiaban hasta diciembre, y 70% si iba más allá de este año, siempre que el acogimiento se hubiese producido en abril. En los meses sucesivos cada quita se reduce en un 10%. Estos plazos, por supuesto, deben ser modificados.