La Corte Suprema de Justicia de la provincia (CSJT) encomendó ayer que se diera “trámite prioritario” a los planteos o cuestiones referidas a personas privadas de libertad que conformen el grupo de riesgo, ante el avance del coronavirus (Covid-19).

En esa línea, el titular del Juzgado de Instrucción II, Facundo Maggio, de turno durante el asueto judicial, confirmó que recibió múltiples pedidos de abogados defensores, desde la no confirmación de la prisión preventiva hasta habeas corpus. En particular, los profesionales han solicitado el cese de prisión o la prisión domiciliaria, teniendo en cuenta las condiciones de la prisión preventiva de sus clientes.

“La idea es dinamizar las medidas para hacer frente a cualquier situación o imprevisto que surja a raíz de la pandemia. Como alternativa de prevención aplicada a los detenidos que están bajo nuestra competencia, estamos atendiendo los pedidos y revisando cuestiones de oficio, como edades o factores de riesgo, para evaluar si corresponde o no, por ejemplo, una morigeración de la condición de detención. No se trata de otorgar la libertad en ningún caso, porque los riesgos (posible fuga u obstrucción de la investigación) se mantienen”, manifestó el magistrado a LA GACETA.

Los policías se las rebuscan para conseguir barbijos y desinfectar

El funcionario judicial dejó en claro que los casos deben ser excepcionales y deben estar acreditados por el Cuerpo Médico Forense. Este organismo especializado, según aclaró el juez, dispuso un mecanismo para un alerta sanitaria. Una persona en encierro podrá pedir una revisión de su estado de salud por síntomas de referencia. Luego será derivado a un hospital público para determinar el diagnóstico.

Ese informe se correrá vista al Cuerpo Médico Forense para opinar si podría continuar en el lugar de detención o no. “Si alguien dijera que sobrelleva fiebre, se descompone o se siente mal, se lo revisará. También se consultará a las autoridades si hay espacio de aislamiento en el servicio penitenciario, o si será trasladado a un hospital. Sin embargo, aún no se ha presentado ningún incidente”, manifestó. “Mi responsabilidad es que los presos tengan un debido proceso en la instancia de instrucción, es decir, que tengan acceso a la defensa y que reciban información sobre su situación procesal, ademas de verificar sus condiciones sanitarias. En caso de corroborar condiciones de vulnerabilidad de salud, enviaré al Cuerpo Médico Forense”, agregó.

Maggio remarcó que todas las personas privadas de la libertad “están en idéntica situación”, incluyendo a los encerrados en las comisarías. “Hay que prever acciones rápidas para cuidar la salud y la vida de las personas. Se les debe garantizar su defensa. Eso se va a controlar. Cuando vaya y corrobore que no tiene acceso a su defensa en seccionales o la cárcel, dispondré que su abogado asista o que tenga contacto con el detenido mediante algunas vías alternativas, como WhatsApp o llamadas telefónicas, ya que hay una investigación en curso y las normas establecen obligaciones”, enfatizó el magistrado, respecto de las disposiciones procesales.

Por otro lado, Maggio confirmó que no había recibido solicitud fiscal por medidas de privación de la libertad, debido al incumplimiento de cuarentena en la jurisdicción Capital.