En los últimos días se despertó una polémica en todo el arco político por el proyecto del Poder Ejecutivo para modificar el régimen de las jubilaciones de privilegio. Entre los que se verían afectados por la futura ley están los jueces y funcionarios de la Justicia Federal, además del personal del Servicio Exterior de la Nación. Las entidades que agrupan a ambas funciones estatales expresaron inmediatamente sus reclamos al respecto, algunos de ellos amparados en principios constitucionales.

En ese sentido declaró el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), Marcelo Gallo Tagle: “(la modificación) tiene un montón de componentes que lo llevan a la declaración de su inconstitucionalidad”. Aclaró que sí está favor de reformar el régimen para jueces y fiscales pero con parámetros razonables, ya que advirtió que los cambios propuestos por el Gobierno de Alberto Fernández llevarían a una eventual declaración de inconstitucionalidad.

El proyecto, que ingresó a la Cámara de Diputados el viernes pasado, incluye: una nueva fórmula para el cómputo de los haberes, tomando los últimos 120 sueldos actualizados y una suba en los aportes de siete puntos porcentuales, entre otras modificaciones.

La Asociación Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación (APSEN) difundió una carta abierta dirigida al canciller, Felipe Solá, en la que reiteró su pedido de entrevista para poder transmitirle al ministro su posición sobre el proyecto de ley que se debatirá próximamente en el Congreso de la Nación. “Los trabajadores diplomáticos comprendemos muy bien la difícil situación económica por la que atraviesa la Argentina y es por ello que en cada ocasión que se planteó una posible modificación del régimen previsional, nos manifestamos a favor del diálogo y dispuestos a colaborar en la concreción de un sistema jubilatorio más equitativo que respete las particularidades de la carrera”, destacó el texto.

Una de las reformas principales a la ley 22.731, que ampara a los diplomáticos retirados, es la reducción del 85% al 82% de la movilidad jubilatoria.

Por otra parte, el Sindicato de empleados judiciales (UEJN) expresó su disconformidad mediante un comunicado. Su titular, Julio Piumato, declaró al gremio “en estado de alerta y movilización en todo el país”.

Para que el proyecto sea tratado en la próxima sesión de la Cámara Baja, que tendría lugar el miércoles entrante, es necesaria la conformación de la comisión de asuntos constitucionales, la cual se encuentra inactiva desde diciembre. Uno de los principales escollos para ello es la ausencia, en Buenos Aires e incluso en el país, de varios legisladores que planificaron sus vacaciones en función de los feriados de carnaval, según precisaron a Télam fuentes parlamentarias.

La oposición ya adelantó que intentará frenar un tratamiento “exprés”, que podría darse en el plenario de comisiones previsto para principios de la semana que viene. Diputados del Interbloque de Juntos por el Cambio expresaron que buscaran introducir modificaciones en el proyecto antes de que sea llevado al recinto, pero que desde el oficialismo intentan que se vote sin cambios.