Recuperar la mayor cantidad de fondos posibles en tiempos difíciles. Esa es la prioridad para la gestión del gobernador Juan Manzur. Por un lado, la Provincia continuará con el esquema de financiamiento de corto plazo, con anticipos financieros federales a cuenta de la coparticipación. Por el otro, avance en esquema para recuperar parte de los recursos que no se usan. En ese sentido, el mandatario facultó a la Tesorería General de la Provincia para que suscriba acuerdos que tiendan a recuperar los recursos que estaban en garantía de los títulos denominados Eurobonos, emitidos en la década de 1990 durante la administración del entonces gobernador Antonio Domingo Bussi.

Se trata de un remanente de unos $ 44 millones que ya ingresaron al erario, según reconoció ayer a LA GACETA el ministro de Economía Eduardo Garvich. La habilitación de la operatoria había sido dispuesta a través del decreto 102/3 del 27 de enero pasado. En los considerandos de la norma se especificó que “a través de la gestión realizada por la empresa Latinbonos SA se produjo el recupero de los montos cedidos en garantías constituidas en el US Bank First Trust of New York National Association para el repago de los títulos de mediano plazo serie III Eurobonos”.

Además de una serie de acciones para la contención del gasto público, en la Casa de Gobierno se analiza una batería de iniciativas para apuntalar la recaudación de impuestos provinciales. Actualmente, la Dirección General de Rentas ha dispuesto la extensión de un plan de facilidades de pago especial, con el fin de recuperar parte del dinero adeudado por los contribuyentes. De acuerdo con las estimaciones de algunos funcionarios, la deuda superaría los $ 2.500 millones tomando el capital, sin contar los intereses.

Durante 2019, la recaudación de impuestos provinciales creció a un ritmo cercano al 37%, casi 20 puntos por debajo de la inflación, en medio de un proceso recesivo para la economía nacional y local. De esa manera, los ingresos tributarios locales alcanzaron un promedio mensual de $ 2.240 millones, una cifra que equivale a la mitad de lo que el Estado requiere para cubrir la planilla salarial mensual de los 110.000 empleados estatales.

El rojo en las cuentas

En el Ejecutivo reconocen que hay pocos esquemas de financiamiento disponibles y que se agotaron las reservas financieras a partir de la actualización de los salarios del sector público, conforme al ritmo de los precios al consumidor en el último año. La estrechez financiero ha llevado, incluso, a suspender el pago de la última cuota del año pasado de la denominada “cláusula gatillo”, que estableció un reajuste de entre un 10% y un 12% en las remuneraciones estatales. Garvich indicó que el esquema de financiamiento a través de anticipos de coparticipación es, por ahora, el menos oneroso. La provincia, a través de esa operatoria, recibe fondos federales a principios de mes, que deben ser cancelados al finalizar el mismo período, con descuentos de recursos coparticipables. “Gran parte de los distritos del país apela a este sistema porque no hay otro menos costoso”, puntualizó el ministro.

¿Hasta cuándo pedirán ayudas financieras a la Nación?, se le consultó. “Creemos que este esquema se mantendrá hasta tanto consigamos una línea de financiamiento de largo plazo que nos permita tener un mayor alivio fiscal”, respondió el conductor de Economía.

El auxilio financiero nacional viene instrumentándose desde que Alberto Fernández llegó a la presidencia de la Nación. Fueron tres en total: uno en diciembre, otro en enero y el último de estos días.

El “gatillo” congelado
Cuál sería el impacto de la indexación salarial

El 6 de enero, el gobernador Juan Manzur, con acuerdo de sus ministros, dictó el decreto 1/1, mediante el cual suspendió la aplicación del último tramo de la “cláusula gatillo”, con la que debían indexarse los sueldos de diciembre de los empleados públicos. Según los gremios estatales, la suba debía ser del 15%, para equiparar los salarios, que ya crecieron un 40% durante el año, con la cifra de la inflación del NOA que divulgó el Indec. Según la provincia, la indexación pendiente fue del 10,5%, lo que equivale, según los cálculos oficiales, a unos $ 800 millones. Si se anualiza esa cifra para 2020 multiplicándola por 13 (12 meses más el aguinaldo), el impacto iba a ser de poco más de $ 10.000 millones.