“¿Son menos tucumanos los ciudadanos de San Miguel de Tucumán? ¿Valen menos para el gobernador porque no lo votaron?”. Esas son algunas de las preguntas que se hizo de forma retórica el intendente de la Capital, Germán Alfaro, en un comunicado en el que reprendió con aspereza al Gobierno de Juan Manzur por la exlusión de la ciudad que dirige entre los municipios que recibieron ayudas millonarias durante enero.

El jueves pasado, fueron publicados en el boletín oficial los cuatro decretos que encendieron el enojo de la oposición tucumana. Por medio de ellos, el gobernador otorgó sumas por $ 374 millones en concepto de aportes no reintegrables a los 15 intendentes de su mismo signo político.

Así, además de la Capital, quedaron fuera de la distribución Yerba Buena, Concepción y Bella Vista. Con una población sumada de algo más de 810.000 habitantes, las cuatro ciudades no contempladas concentran cerca de la mitad de la población provincial.

Cada vez más críticas

Ayer, Alfaro se sumó al rosario de quejas emitidas en contra de la Casa de Gobierno por el reparto discrecional de los fondos millonarios. Según el jefe municipal, el Ejecutivo provincial no tuvo en cuenta “ningún parámetro objetivo y ninguno de los principios republicanos” contemplados en las normas provinciales y nacionales. “En una nueva muestra de brutalidad política, el gobernador decide asistir a los municipios justicialistas con criterios estrictamente partidarios”, fustigó.

El creador del Partido de la Justicia Social (PJS) conjeturó que las ayudas a las intendencias oficialistas se producen por “la profunda crisis económica provocada por la propia impericia del Gobierno”.

Alfaro también se quejó de la falta de respuestas por parte del Ejecutivo. “Tal es el grado de impunidad con el que se manejan que ni siquiera sintieron la necesidad de justificar la decisión”, vituperó. En ese sentido, el jefe municipal de la Capital comparó a los decretos de Manzur con la “incuestionable voluntad de un príncipe”.

Un caso de discriminación

Para el jefe municipal de la Capital, el mandatario provincial hace valer “su propia voluntad como única fuente de razón y justicia”. En esa línea, Alfaro sostuvo que la exclusión de los municipios opositores del reparto de los aportes no reintegrables se trata de “una flagrante discriminación”.

“Esta es la bajísima calidad institucional con la que se gobierna en esta provincia. Estas son las convicciones democráticas con las que se lleva por adelante la vida de los tucumanos”, ironizó. Para el intendente, los repartos discrecionales son parte de “una naturalización de las peores formas de la política y de las más oscuras formas de manipulación”.

Ante la consulta de LA GACETA, Alfaro evitó anticipar si efectuará alguna presentación formal en la Casa de Gobierno. En cambio, los intendentes de las otras ciudades opositoras excluidas (Mariano Campero, de Yerba Buena; Roberto Sánchez, de Concepción; y Sebastián Salazar, de Bella Vista) habían adelantado a este diario que estudiaban la celebración de una reunión con Miguel Acevedo, el ministro del Interior.

“Manzur nos condena”

“Lo peor de todo es que ya nada nos sorprende. Creo que los tucumanos no merecemos vivir esta provincia a la que nos condena el gobernador”, finalizó Alfaro en el comunicado emitido con propósito de la polémica de los aportes.

San Miguel de Tucumán es parte del grupo de 7 municipios (junto a Burruyacu, La Cocha, Las Talitas, Simoca, Graneros y Trancas) que no integran el Pacto Social. Eso quiere decir que, a diferencia de otras 12 intendencias, sí debe hacerse cargo del pago de los sueldos de sus empleados y de sus obras.

Y, si bien conserva los recursos coparticipables que recibe desde la Nación, la Capital es la única ciudad que no fue beneficiada entre las que no integran el Pacto.

Acevedo lleva cinco días sin responder

Desde que el viernes se dieron a conocer los decretos de la polémica, LA GACETA ha intentado comunicarse sin éxito con Miguel Acevedo, el ministro de Interior de la Provincia. Los llamados han sido en búsqueda de explicaciones sobre el criterio de los repartos millonarios entre municipios oficialistas y la exclusión de los opositores.

El funcionario dirige la cartera a cargo de articular la relación del Ejecutivo con los municipios, por lo que es uno de los responsables de brindar respuestas sobre las asistencias discrecionales que efectuó el gobernador Juan Manzur.