El constitucionalista Luis Iriarte, que había elevado un cuestionario referido a la información de la Legislatura, recibió esta mañana la respuesta formal de manos del director de Despacho de la Cámara, Daniel Blanco. Sin embargo, el ex legislador por Fuerza Republicana (1995-1996) expresó su malestar ante la prensa porque la contestación no contenía todos los datos que esperaba.

La Legislatura notificó a Iriarte sobre su pedido de informes

“No estoy conforme, porque de acuerdo a lo que me informó el señor Blanco, quien tuvo la gentileza de atenderme, en la documentación que se me entrega no están identificados los nombres y los datos personales de los empleados que tiene la Legislatura. Hablo de los permanentes, de los transitorios y de los de bloque político. Es un tema clave que tiene que descifrarse, que fue peticionado y no fue respondido”, remarcó Iriarte ante los micrófonos, tras arribar a la sede legislativa de Muñecas 951.

Iriarte va al PE por el presupuesto de la Legislatura

Aclaró que se “allanaba” a la sola difusión en internet de la nómina de personal. “Esa publicación no se ha efectuado y se ha incumplido mi pedido de informes”, insistió.

De todas maneras, Iriarte valoró los resultados de los efectos de la sentencia favorable de la Corte Suprema de Tucumán en su demanda de inconstitucionalidad sobre distintos puntos de la Carta Magna de 2006. 

“Me llevó la impresión de que se logró algo importante con la acción judicial que interpusimos, cuestionando entre otros temas que el vicegobernador se adueñe según su exclusivo criterio del bolsillo de los legisladores, porque así se adueña de su voluntad política. Al menos ahora los legisladores van a tener que dar la cara, y discutir en sesión pública el monto de sus dietas. Es un paso importante. Pero no termina aquí”, añadió.

Iriarte sigue sin obtener copia del presupuesto legislativo

 Ayer, la Legislatura sancionó una resolución que “congela” los haberes parlamentarios ante posibles subas salariales y que los redujo en un 10% durante los próximos seis meses –la medida alcanza a los funcionarios “políticos” de la Cámara-. A partir de febrero, los legisladores percibirán cerca de $118.000.