El “ajuste” en el Poder Legislativo generará un “ahorro” cercano a los $ 8 millones durante los próximos seis meses, gracias a la reducción del 10% en las dietas que perciben los 49 legisladores y en los sueldos de los funcionarios “políticos” de la Cámara provincial.
La medida será aprobada en la sesión extraordinaria de mañana, y se tratará de forma conjunta con la suspensión durante 180 días de todo incremento en los haberes de los representantes del pueblo.
El presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado (PJ), había confirmado semanas atrás a LA GACETA que el monto de la dieta -única remuneración prevista en Constitución por la tarea legislativa- alcanzaba los $ 131.515 por mes. Con la reducción del 10%, el monto pasará a $ 118.364.
El tema central
En la reunión de ayer de Labor Parlamentaria, que encabezó Amado (el vicegobernador Osvaldo Jaldo estuvo en el recorrido oficial junto con el gobernador Juan Manzur, que se había reincorporado de su licencia) el tema central de discusión fue el “ajuste” financiero.
La comisión, según fuentes consultadas por este diario, analizó el alcance del “ahorro” en la Legislatura. Hubo argumentaciones técnicas y políticas. Incluso, alguna que otra “chicana” desde la oposición sobre los recursos de la Cámara.
En definitiva: el monto por el recorte en las dietas a lo largo de seis meses será de $ 3,86 millones. Y con la rebaja en los haberes a los funcionarios “políticos” por idéntico período se evitaría un desembolso final de $ 8 millones.
El presupuesto del Poder Legislativo para 2020 ronda los $ 6.300 millones. Entonces, la decisión de los legisladores de acortar los haberes -no se verá alcanzado el personal “raso”- representa el 0,12% de los recursos previstos por las autoridades de la Cámara provincial para este ejercicio.
¿Dónde serán destinados aquellos $ 8 millones? Al parecer, no habría una “readecuación” de partidas presupuestarias -es decir, no se transferirán eso fondos a otras áreas, sino que se prescindirá de su ejecución-. Sin embargo, esta explicación técnica no habría dejado satisfechos a algunos de los legisladores. Ante ello, LA GACETA consultó a integrantes del oficialismo y de la oposición sobre qué finalidad le darían a esos recursos, en caso de que esto pueda ser resuelto en la sesión de mañana.
El vicepresidente 1° de la Legislatura, Gerónimo Vargas Aignasse, se expresó a favor de reforzar los subsidios a entidades de bien público que otorga la Cámara de manera periódica. “Creo que deberían destinarse a ONG de reconocida trayectoria en la provincia, como Fedeh (Fundación para el Estudio y tratamiento de las Enfermedades Hemato-oncológicas), Hogar San Roque, Caritas, entre otras”, enumeró el peronista.
Federico Masso, de Libres del Sur, opinó que el dinero debería ser aplicado en las áreas “más sensibles” del Estado, como desarrollo social y salud, para afrontar “políticas públicas de inclusión social”. “Por ejemplo, se podría reforzar las partidarias de alimentos para comedores infantiles, a fin de brindarles una dieta más saludable a los niños y niñas que concurren allí. En salud, en tanto, se podría asistir a tantos tucumanos que, por ejemplo, no pueden adquirir desde un par de anteojos hasta un medicamento o un nebulizador”, indicó el ex diputado. Y fue tajante en un aspecto: “se debe publicar lo realizado con el dinero, a fin de que la sociedad conozca el destino dado a los ahorros de la Cámara”.
Walter Berarducci, del bloque PJS-Recuperemos Tucumán, opinó que “la reducción y racionalización del gasto de la Legislatura debe ser imputada a la cobertura de servicios esenciales del Estado”, como salud o educación. “Vamos a acompañar todo lo que sean medidas de austeridad y de transparencia en el uso de los fondos públicos. Pero queremos que sean políticas realmente efectivas, no de carácter efectista”, consideró el alfarista.
La legisladora bussista Nadima Pecci, que representó al bloque de Fuerza Republicana en la reunión de ayer, propuso otra idea. “Promovemos la reducción del gasto político para aliviar la enorme presión fiscal de la Provincia. Si bien en el futuro (dicho ‘ajuste’) debería traducirse en una disminución de impuestos, hoy por hoy estos fondos deberían utilizarse para fomentar la actividad privada, que además de ser una fuente de trabajo genuino es la generadora de mayores recursos para ser aplicados en políticas públicas y sociales”, planteó.