El Poder Judicial tucumano se encamina a tomar una serie de medidas de austeridad en el gasto público, en consonancia con las disposiciones resueltas por el Poder Ejecutivo provincial mediante el decreto 1/1 que suscribió el gobernador, Juan Manzur, en acuerdo con sus ministros.

En principio, según confirmó LA GACETA con altísimas fuentes del palacio, la Corte Suprema de Justicia ya tendría decidido, por un lado, congelar los haberes de todos los magistrados y de los funcionarios. En segundo lugar, también estaría resuelta la suspensión del último tramo de la “cláusula gatillo”, es decir, la indexación por inflación con la que debían ser revisados y actualizados los sueldos de diciembre.

Si bien es prácticamente un hecho que el Poder Judicial ajustará sus cuentas, lo cierto es que la materialización de este paquete de medidas se concretará sólo hacia los últimos 10 días de este mes. La razón consiste en que la conducción de la Justicia es un cuerpo colegiado y, dada la feria de enero, sólo hacia fines de mes habrá tres jueces supremos, la mitad más uno de los cinco que conforman la cúpula judicial.

Para entonces, en principio, estarán nuevamente en funciones la presidenta del máximo tribunal, Claudia Sbdar, junto con sus pares Daniel Posse y con Eleonora Rodríguez Campos, según pudo averiguar este diario. En simultáneo, se encontrarán de receso Antonio Estofán (el vocal decano) y Daniel Leiva (actualmente de turno en la feria).

Las comunicaciones telefónicas entre los magistrados ha sido incesante desde el lunes, cuando Manzur rubricó el decreto que congela la actualización de los sueldos estatales bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Esa suma, según publicó este diario, oscila entre los $ 800 millones y los $ 850 millones. No terminó de ser precisada porque el Indec aún no ha dado la cifra oficial de la inflación de diciembre, con la cual iba a completarse el cálculo para el tercer y último tramo de la “cláusula gatillo. Con independencia de ello, el ministro de Economía de la Provincia, Eduardo Garvich, había estimado que esa última indexación podría totalizar entre un 11% y un 12%.

El bisturí

“Invítase al Poder Legislativo, Judicial y órganos de control a adherirse a la presente norma, o dictar similares medidas de austeridad, con el propósito de coadyuvar al equilibrio fiscal”, pauta el artículo 17 del decreto acuerdo de la Casa de Gobierno.

Precisamente, la Corte se inclinaría no por la adhesión lisa y llana al paquete de medidas de ajuste del Ejecutivo, sino al dictado de una acordada. Esto se debe, según trascendió, a que se encuentran en marcha procesos integrales, como la instrumentación del nuevo Código Procesal Penal y la consecuente implementación de la oralidad en el marco de la modernización de la administración de Justicia, que demandan una serie de inversiones ineludibles. Específicamente, la compra de mobiliario, de computadoras e insumos informáticos y de equipamiento general para las nuevas salas.

Consecuentemente, no será menor la tarea de los vocales respecto de la elaboración de la acordada: el bisturí sobre el gasto judicial deberá revisar cada una de las áreas, y sus necesidades, para que no se resienta el servicio de administración de Justicia.

El decreto acuerdo del manzurismo es amplio en el recorte. Por un lado, limita o elimina una serie de erogaciones que recaen directamente sobre los miembros del Poder Ejecutivo. Ese es el caso de limitación del uso de vehículos oficiales para secretarios y ministros, o el tope de asignación de líneas telefónicas por despacho. Pero, por otro lado, ajusta en gastos de índole más bien institucional, como la prohibición para comprar o para alquilar autos; o la prohibición para la celebración de nuevos contratos de alquiler, por 180 días, de inmuebles. Estos últimos, se ha conversado en las cumbres del Poder Judicial, son alcances que deben ser revisados exhaustivamente, para no afectar el funcionamiento de la institución.

Por el contrario, se descuenta el espíritu del instrumento legal por el cual la Corte Suprema aplicará el ajuste en sus cuentas sí adherirá a las invocaciones de necesidad de equilibrio del erario mediante una política de austeridad, en consonancia con el ajuste que vienen impulsando la Nación mediante la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, y la Provincia mediante el primer decreto acuerdo de 2020.

Los puntos principales

- La Corte se encamina a congelar los salarios de los magistrados y de los funcionarios judiciales, en consonancia con el ajuste de la Nación y la Provincia.

- Al igual que el Ejecutivo provincial, congelará la aplicación del tercer tramo de la “cláusula gatillo” en los salarios judiciales de diciembre.

- Hay gastos que la Corte no podrá suprimir, porque tiene en marcha procesos de modernización, como la implementación de la oralidad.

- En principio, en lugar de adherir al decreto del gobernador, la Corte dictará una acordada durante los últimos 10 días de este mes.