1) La separación de los ministerios públicos provinciales en un organismo para acusar (Ministerio Público Fiscal) y otro para defender (Ministerio Público de la Defensa), y su emancipación de la Corte Suprema.

2) La consolidación y ampliación de los centros judiciales de Concepción y de Monteros, y la apertura de un anexo en Banda del Río Salí.

3) Las condenas -aún en discusión- de funcionarios públicos del Gobierno de José Alperovich por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos dictadas por la Sala III de la Cámara Penal de la capital. Ese mismo tribunal había condenado antes a agentes de la Policía de Raco por adulterar las actas del hallazgo del cadáver de la joven. La saga del caso “Lebbos” se completa con la decisión sin precedentes de la Sala I de iniciar el juicio del ex fiscal Carlos Albaca en marzo de 2020.

4) El deterioro estructural de la Justicia de Paz.

5) La aplicación de los tratados internacionales a todo tipo de causas.

6) Los sobreseimientos masivos dictados por el juez Facundo Maggio en la megacausa abierta por presuntas irregularidades en la disposición de alrededor de U$S 46 millones en gastos sociales legislativos.

7) La transformación del empleo judicial en el servicio mejor remunerado y con mayores beneficios de la administración pública.

8) El juzgamiento y la condena de integrantes de la familia Ale en la Justicia Federal desencadenado a partir del desenlace escandaloso del caso de María de los Ángeles Verón en la Justicia provincial.

9) El desarrollo y la implementación de la “perspectiva de género”.

10) La incorporación del ingreso por concurso al cargo de ayudante judicial a partir de una decisión de la Corte adoptada en 2010 y ratificada en los años sucesivos hasta el presente.

11) La cobertura definitiva de las vacantes en función del mérito a partir de la actuación de los consejos de la magistratura.

12) La persistencia de las acefalías en todos los ámbitos judiciales (el caso testigo es la imposibilidad de poner en marcha el Juzgado Federal N°3), y la tendencia en aumento a llenar las vacancias con subrogantes, o sin concurso ni publicidad, como los auxiliares de fiscal y de defensor de los ministerios públicos locales.

13) La mora crónica como regla general del funcionamiento de la Justicia.

14) La intensificación de la oralidad en los procesos.

15) La percepción creciente de impunidad en los casos de corrupción y de desigualdad de los poderosos ante la ley.

16) La falta de herramientas para investigar la criminalidad compleja.

17) La anulación de las elecciones provinciales de 2015 dispuesta por la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y su inmediata validación por parte de la Corte Suprema provincial por medio de una sentencia que exhortó a modificar el sistema electoral y a aumentar los controles del clientelismo, que todavía están pendientes de cumplimiento. En 2017, la Corte de la Nación ratificó la validez de las elecciones.

18) La inexistencia de una política para la persecución del narcomenudeo y la escasez de juzgamientos del tráfico de drogas a gran escala.

19) El juzgamiento de un ex juez federal tucumano, Felipe Terán, por delitos cometidos en el ejercicio de la función.

20) El bloqueo total de los procesos políticos de destitución de jueces denunciados: los últimos tuvieron lugar a mediados de la década pasada.

21) La crisis y el colapso de los establecimientos carcelarios de la provincia, y el aumento de la participación judicial en el control de este servicio penitenciario a cargo del Poder Ejecutivo.

22) El avance de la digitalización y la decisión de implementar progresivamente el expediente electrónico.

23) Las denuncias de supuesto uso extorsivo de la Justicia penal articuladas por el Colegio de Abogados de la Capital en 2015 que precipitaron la renuncia para acceder a la jubilación con el beneficio del 82% móvil del ex fiscal Guillermo Herrera. Ninguno de los cinco expedientes abiertos en 2015 llegaron a juicio oral. Tampoco fue esclarecido el caso de Roxana Teves, a quien la Justicia sobreseyó sin permitirle exponer sus pruebas sobre la existencia de una supuesta organización ilícita de abogados, jueces y fiscales.

24) Las declaraciones de inconstitucionalidad de fragmentos de la Constitución de Tucumán reformada en 2006 a partir de la intervención de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

25) La imposibilidad de medir en forma sistemática y pública el rendimiento de los juzgados, fiscalías y defensorías.

26) El avance de la mujer en la función judicial mediante el ingreso de una segunda vocal a la Corte (Eleonora Rodríguez Campos) y el nombramiento de la primera presidenta de ese cuerpo (Claudia Sbdar).

27) El incremento de los niveles de desconfianza en la Justicia.

28) La consolidación de la predilección del Poder Ejecutivo por nombrar a sus fiscales de Estado en la Corte: pasó dos veces en 2019 mediante las designaciones de Daniel Leiva y de Rodríguez Campos en el alto tribunal.

29) La decisión de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que permitió al Poder Ejecutivo adelantar la fecha de las elecciones de 2019 pese a que una cláusula constitucional vigente desde 2006 obligaba a celebrar los comicios en agosto.

30) La persistencia de los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. En el último juicio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán absolvió al ex jefe del Ejército, César Milani, y condenó al ex capitán Esteban Sanguinetti por la desaparición forzada del soldado Alberto Ledo.