En 2009, María Elba Ledesma comenzó una carrera judicial que lleva más de 10 años. Su acusación apunta a encontrar respuestas y soluciones ante la contaminación del agua de la que, según su denuncia, serían responsables la Sociedad de Aguas del Tucumán (SAT) y la planta de tratamiento San Felipe.
Todo empezó con un reclamo simple. En 2007, Ledesma notó que dentro de su propia casa, precisamente en la cocina y en el comedor, emanaba agua cloacal y decidió comunicarse con la SAT. Según comentó, como no era la única usuaria que tenía ese inconveniente, la empresa cerró el pozo que generaba el problema y por un tiempo se solucionó.
"Todo el barrio empezó a colapsar de efluencias dentro de las casas. Los vecinos protestamos hasta que lo vinieron a arreglar", expresó la mujer.
Según contó Ledesma, los usuarios del barrio CGT tuvieron que cambiar de lugar las cámaras sépticas de sus hogares y trasladarlas a sus patios frontales o a las veredas. Tiempo después, los caños volvieron a colapsar y el agua cloacal a emanar por sus frentes.
Cansados de vivir entre agua sucia y teniendo, algunos, hijos pequeños, varios vecinos se unieron en busca de una solución definitiva. Juntaron firmas y comenzaron a enviar notas de reclamo a la SAT. Un integrante de cada familia firmó las notas. En total, eran 380 familias de ese barrio afectadas por el mismo desperfecto.
Ante los hechos, Ledesma recuerda que un vecino médico mandó a analizar el agua que salía de sus canillas a un laboratorio, y los resultados arrojaron que estaba contaminada. "Recorrimos el lugar con los vecinos y entramos a un piletón ubicado en el barrio Parque Sur, y nos dimos con que bombeaban el agua y la tiraban al canal sin tratarla", contó. Además recordó que el grupo también caminó las orillas del canal y se encontró con otro piletón, ubicado en barrio 360, que funcionaba de la misma manera.
Al notar que los niños se bañaban en esas aguas y con el antecedente de los estudios que había hecho su vecino, Ledesma se dispuso a investigar más a fondo.
Primero se asesoró legalmente y le informaron que estaba ante un delito federal, ya que el caudal del agua de la cuenta Salí Dulce llega hasta la provincia de Córdoba. En 2009, se radicó formalmente la denuncia en los tribunales Federales de la provincia y se acusó de contaminación a la empresa SAT-Sapem, por la planta de tratamiento San Felipe.
Exigen el llamado a indagatoria del ex presidente de la SAT, en un juicio que lleva 10 añosMás tarde, junto a un grupo de vecinos, intentó hablar con las autoridades de la SAT, pero no le fue bien: "en ese momento estaba Alfredo Calvo como presidente y gerente de la empresa. Ante nuestros reclamos, nos recibió en su oficina y nos trató muy mal. Nos gritó y hasta golpeó y levantó la mesa. Todos los vecinos quedamos enojados".
"A Calvo no le importaba que nuestros hijos estén tomando efluentes cloacales que salían de nuestros propios caños", agregó. Entonces empezó a investigar más y más.
La causa continúa abierta y sin resolución. En estos años, la denunciante paseó por los Tribunales provinciales y nacionales en busca de respuestas. Según la querella, los pasos procesales no fueron cumplidos correctamente. Están a la espera de la designación de un nuevo juez y nuevos fiscales para continuar con el proceso.
Año por año
- Mayo de 2009: Ledesma ratifica la denuncia y se libra de oficio a Gendarmería para que realice la inspección de la plata San Felipe y tome muestras del agua.
- Junio de 2009: Gendarmería presenta un informe en el que establece la toma de muestras, pero resalta que no tiene los elementos necesarios -según la ley- para analizarlas.
- Agosto de 2010: extraen las muestras de la planta.
- Octubre de 2010: se hacen los peritajes de las muestras de agua y el informe bacteriológico informa que los niveles de contaminación están por encima de lo establecido por ley. Ledesma denuncia amenazas.
- Febrero de 2011: el juez desestima el informe y pide nuevas pericias.
- Marzo de 2011: la defensa de Alfredo Calvo interpone un recurso de nulidad y la excepción de falta de acción.
- Julio de 2011: designan a un perito de la UNT y a la Comisión Nacional de Energía Atómica, para llevar a cabo la toma de las muestras y el análisis. La Comisión se excusa de poder realizar el trabajo.
- Octubre de 2011: se pide a la facultad de Ciencias Exactas que designe un profesional para actuar como perito.
- Noviembre de 2011: se designan los peritos propuestos por la UNT.
- Septiembre de 2012: Ledesma -quien ya había recorrido la planta- propone lugares para la toma de muestras.
- Septiembre de 2013: se ordena la toma de muestras de las efluentes cloacales emanados de la planta depuradora San Felipe y se libra una orden de allanamiento al lugar.
*Los estudios arrojan que "el valor de los parámetros de conductividad supera el máximo establecido para descargas de cuerpos receptores de agua superficiales, y que el valor de los parámetros coliformes fecales supera el máximo del valor establecido para diferentes usos del cuerpo de agua receptor".
- Diciembre de 2014: se agrega a la causa un informe producido por una bioquímica y profesora adjunta de "Salud Pública" de la UNT.
*La especialista concluye que los valores de algunos compuestos analizados superan los valores guía de la ley de Residuos Peligrosos n° 24.051, anexo II, tabla 1 del decreto reglamentario 831/93.
- Abril de 2016: el Fiscal General señala la falta de presentación del certificado ambiental, solicita la indagatoria a Alfredo Calvo y solicita la inclusión de Ledesma al programa de protección de testigos.
- Noviembre de 2016: el Fiscal General pide que se efectúe la pericia sobre los líquidos cloacales con un método más sensible.
- Marzo de 2017: Juez Federal II resuelve: I) no hacer lugar al pedido del Fiscal General; II) encomendar al médico forense la elaboración de un informe en el que se expida al respecto de si los parámetros analizados en el laboratorio implican un riesgo para la salud pública; III) reservar el pedido de la querella del llamado a indagatoria; IV) no hacer lugar al pedido del cierre de la planta de tratamiento San Felipe.
- Julio de 2017: médico forense elabora el informe.
- Agosto de 2017: Ledesma impugna el informe anterior.
- Diciembre de 2017: el juez decide sobreseer a Alfredo Calvo, en relación al hecho por el que fue indagado; declarar la incompetencia de ese fuero federal y remitir las actuaciones a la fiscalía en lo penal de instrucción de los Tribunales Provinciales; y mantener las medidas de protección ordenadas.
- Febrero de 2018: la querella apela la decisión del juez.
- Diciembre de 2018: conceden la apelación.
*La querella pidió que cambien varias veces a los fiscales y a los jueces, por considerar que entorpecían y dilataban la causa", dijo.
Hoy están a la espera de que asuma el nuevo magistrado y funcionarios, y que se resuelvan dos puntos: la fecha para que el ex presidente de la SAT preste declaración indagatoria; y la respuesta a la defensa de Calvo, que presentó una vez más la nulidad de la causa.