Ya en 2017, la Legislatura había sido escenario de una polémica en torno al cupo laboral trans. En esa ocasión, un proyecto similar fue retirado del orden del día de una sesión por el rechazo generado entre algunos parlamentarios. Dos años después, el asunto vuelve a encender la polémica entre los legisladores.
Aquella iniciativa establecía un cupo no inferior a un 1% para que personas travestis, transexuales y transgénero -con idoneidad para el cargo- puedan trabajar en los tres poderes de la administración pública provincial y en sus organismos centralizados y descentralizados. El proyecto era impulsado por el radical Fernando Valdez.
“En Tucumán, el 80% de la población trans es trabajadora sexual; el 60% no terminó los estudios primarios; entre el 20% y el 30% terminó la secundaria; y solo un 3% está incorporada al mercado laboral de manera registrada. La situación es gravísima”, había alertado en agosto de 2017 Marcia Daniela Albornoz, miembro de la comisión directiva del Cetrans (Centro Educativo Trans de puertas abiertas).
Las declaraciones de la licenciada en trabajo social se habían conocido en la previa del tratamiento en la Legislatura de un proyecto de ley que buscaba garantizar un cupo mínimo de personal trans en los tres poderes del Estado.
“Dimos dictamen en la Comisión de Derechos Humanos (DDHH) al proyecto que establecía el cupo trans en la administración pública, e invitamos al sector privado a adherir. Ingresó a sesión, pero volvió a la comisión porque lo objetaron algunos legisladores. Los motivos jurídicos que dieron no fueron sólidos”, había expresado en una entrevista con LA GACETA el propio Valdez, que trabajó en el texto con sus pares José María Canelada y Adela Estofán de Terraf, también del radicalismo. En agosto de este año, Valdez volvió a presentar el proyecto, antes de que finalizara su mandato.
Hoy, Ricardo Bussi tildó de "prepotente" y "autoritario" una iniciativa de similares características impulsada por Canelada y por Federico Masso (Libres del Sur).