Los integrantes de Legislatura provincial están a punto de tomar una medida que llevará alivio a los tribunales provinciales: en la sesión del próximo jueves se aplazarán hasta el 1 de septiembre de 2020 la aplicación de la ley contra los “dealers”. 

Entre los puntos analizados por los parlamentarios para tomar esta decisión, a 26 días para que comience a estar operativa la ley, se encuentran a la falta de infraestructura sanitaria estatal. Además, sostienen que la Policía, el sistema penitenciario y la Justicia provincial todavía no están listos para la denominada “desfederalización”.

Capacitación para la Policía de la Provincia

“En la actualidad, la fuerza policial no tiene facultades para intervenir en este tipo de ilícitos, cuya especificidad es determinante (...); por tanto, se debería implementar una determinada y adecuada capacitación en la materia”.

Infraestructura en el servicio penitenciario

“A partir de las experiencias en otras provincias, se advertiría un incremento en el número de personas privadas de libertad, lo que implica un importante aumento de la población penitenciaria. (Se necesitarán) lugares de alojamiento aptos”.

Recursos humanos para el Ministerio Público Fiscal

“En (la Justicia de) Tucumán existen 29 cargos, entre Fiscales de Instrucción y de Cámara. Salta, que desde 2014 tiene transferida la competencia federal en (narcomenudeo), cuenta con 50 fiscales y 102 auxiliares de fiscal”.

Laboratorios para pericias en los tribunales

“El Ministerio Público Fiscal requerirá de espacios físicos y de una serie de elementos técnicos imprescindibles para llevar adelante una investigación eficiente (en casos de droga). Se necesitan un Laboratorio Forense y otro de Toxicología”.

Adecuación al nuevo Código Procesal Penal local

“El nuevo Código  Procesal Penal de Tucumán se implementará en toda la provincia a partir del 4 de mayo de 2020. Pero la ley (del narcomenudeo) mantiene la lógica y la terminología de un texto procesal que en pocos meses quedará caduco”.

El foco en la atención médica (caso “Arriola”)

“(Se debería considerar la creación) de áreas en todos los hospitales de la Provincia con personal médico especializado en la atención primaria y urgente de ingresos con motivo de la ingesta de estupefacientes o de otro tipo de adicciones”.