El veredicto de los jueces Gabriel Casas, Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedahl sólo pudo sorprender a los desconocedores de la cultura judicial, y a quienes no asistieron al juicio de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el soldado Alberto Ledo. Había hartos indicios de que César Milani, ex jefe del Ejército ascendido por la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner, iba a terminar absuelto. Todos los vientos soplaron a favor del ex militar, quien desplegó un talento pocas veces visto para presentar los datos favorables y desacreditar las versiones adversas. “Nenino”, como le dicen en el círculo íntimo, hasta sorprendió con sus conocimientos de Derecho -admitió que le faltó nada para recibirse de abogado-. Más allá de las evidencias existentes o inexistentes, nunca la Justicia Federal de Tucumán condenó a una figura ligada al oficialismo de turno. Y, si bien el proceso avanzó luego de que Cambiemos accediera al poder, la fase oral empezó después de que el kirchnerismo ganara las primarias y finalizó a posteriori de su triunfo en la primera vuelta. La defensa de Milani se vio fortalecida por el nuevo giro de la política y por una absolución previa -aún en discusión- emitida en La Rioja en otra causa (“Olivera”) de violaciones de derechos humanos cometidos durante la dictadura.

El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) libró al experto en Inteligencia de una acusación que pesó en su decisión de pasar a retiro en 2015. En principio, a Milani sólo le queda atender un caso por supuesto enriquecimiento ilícito para despejar el frente judicial. Ese escollo parece nimio para quien montó una cadena de pancherías junto al polémico ex secretario de Comercio kirchnerista, Guillermo Moreno. En Tucumán, Milani logró desactivar el acta de la deserción falsa de Ledo plagada de irregularidades donde constan su firma y la del acusado sí condenado Esteban Sanguinetti. Esta copia certificada había sido validada dos veces como prueba debido al extravío del instrumento original, una “desaparición” archivística que permanece impune.

El desenlace del caso “Ledo” impulsa la doctrina del lawfare que Milani esgrimió -sin usar expresamente el anglicismo- para explicar su imputación, teoría que tiene como divulgadores principales al presidente electo Alberto Fernández, al papa Francisco y al juez interamericano Raúl Zaffaroni. Según esta corriente, los sectores conservadores de América Latina llevan adelante una guerra judicial-mediática para desprestigiar y eliminar a los exponentes del movimiento nacional y popular que propugnan la redistribución de la riqueza. La herramienta predilecta del lawfare sería la prisión preventiva. Por la causa “Olivera”, Milani fue privado de la libertad en forma precautoria en 2017, una medida cautelar que incluso obtuvo el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El lawfare expresa una visión conspirativa fundada en la degradación institucional general y, en particular, en el descrédito del Poder Judicial. La idea de una Justicia sometida a las manipulaciones y operaciones del espionaje ilegal cobra un relieve especial en el caso de Milani, quien creció como actor de Inteligencia tras el declive de la influencia del agente Jaime Stiuso. El ex jefe del Ejército adujo en reiteradas ocasiones que su involucramiento en la causa “Ledo” había sido pergeñado en 2013 por el senador radical riojano Julio César Martínez, quien se desempeñó como ministro de Defensa de Mauricio Macri, en combinación con el Grupo Clarín, y con jueces y fiscales afines.

Cada vez que disparó sus proyectiles lawfarísticos, Milani destacó la actuación del juez federal N°1, Daniel Bejas, quien se negó a indagarlo, y prefirió excusarse antes que ejecutar la orden emitida por la Cámara Federal de Apelaciones con los votos de Marina Cossio y Ernesto Wayar (fallecido), y del conjuez Marcelo Fabián Herrera. La posición renuente de Bejas implicó un punto de inflexión para lo que hasta ese momento había sido su postura en las causas de lesa humanidad. Luego, al exponer como acusado ante el juez Fernando Luis Poviña y el fiscal Carlos Brito, Milani relató que en julio de 2013, y sin que estuviese apersonado en la causa “Ledo”, Bejas lo había recibido y le había mostrado la investigación desarrollada en su contra. Esos actos llevaron a las familiares de Ledo a cuestionar el “doble estándar” del magistrado.

En el mundillo judicial daban por hecho que el TOF respaldaría a Bejas en una causa tan sensible, máxime cuando, por los mismos giros políticos beneficiosos para Milani, aquel parece el candidato perfecto para la poderosísima Cámara Nacional Electoral: si ese proyecto fracasara, Bejas aún podría sustituir a Edgardo López Herrera, el ternado escogido por Macri, en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. En esa lectura Casas juega un rol decisivo por su sociedad jurídica y laboral con Jiménez Montilla, y su vínculo con el juez N°1. Hay que recordar que ambos exhiben la misma extracción justicialista; que el presidente del TOF fue clave para que Bejas aterrizara como subrogante en ese tribunal en 2005, y que aquel tiene como secretaria a una hija del camarista, Florencia Casas, quien está a un paso de integrar la terna de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo local.

Los entramados que convergen en la Justicia abonan las conjeturas acerca de las motivaciones que inclinan las decisiones. Lo que unos llaman lawfare otros denominan lisa y llanamente falta de independencia, y una capacidad permanente para adaptar las instituciones obligadas a ser imparciales a los intereses partidistas mutantes. Las dudas que estas vinculaciones generan afloraron en la audiencia del 24 de octubre del juicio de Ledo, cuando Casas impidió que el querellante Claudio Orosz preguntara a la testigo Clara Ermelinda Waite si Milani había tenido contactos con “la familia judicial” para lograr su impunidad. El vocal bloqueó el interrogante y reprochó: “la pregunta es impertinente por la absoluta indeterminación del colectivo ‘familia judicial’, que no existe en la Argentina ni en el mundo”.